- Ahora se seguirá la investigación por feminicidio de María del Sol C.J. y Pamela II.T.P., y el por el homicidio calificado de Adelfo J.G.
- Por ello, afirma, solicitó el sobreseimiento parcial de la acusación contra la única persona que hasta ayer estaba en prisión
Libertad López
SemMéxico, Oaxaca, 23 de noviembre, 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dijo que, por primera vez, la Institución de procuración de justicia reconoce las falencias en la integración de la investigación, así como omisiones y responsabilidad de servidores públicos en el caso que comprende el feminicidio de dos víctimas y el homicidio de un hombre ocurridos en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018.
Esto luego de que se diera a conocer que solicitó el sobreseimiento parcial en la acusación en contra de J.E.H.C., resultado de una minuciosa revisión del caso, que les permitió detectar la falta de elementos probatorios para llevar a buen término un proceso penal contra los responsables del crimen.
En un breve comunicado, anuncia que se iniciarán nuevas carpetas de investigación, una por dos feminicidios cometidos en contra de María del Sol C.J. y de Pamela Izamaray T.P., y una carpeta por el homicidio calificado de Adelfo G.J., una de las omisiones ejecutadas por la Fiscalía, quien además no investigó los violentos hechos desde la perspectiva de género.
Ahora, dice la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se busca reparar violaciones a los derechos humanos, así como conocer la forma en que sucedieron los lamentables acontecimientos e identificar a los culpables materiales e intelectuales para que reciban un castigo ejemplar.
La Fiscalía de Oaxaca dirigida por Arturo Peimbert Calvo, señala que el firme compromiso de procurar que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia, es por eso que el caso será revisado para evitar que se cometan los mismos errores del pasado que van desde irregularidades en la cadena de custodia de elementos probatorios hasta inconsistencias en pruebas forenses.
Tras el análisis, la Fiscalía reconoce las deficiencias en la actuación de servidores públicos que han revictimizado, dilatado y obstaculizado el acceso a la justicia y la verdad, pues parte de la labor de investigación ministerial consiste reparar el daño para aminorar el dolor de los familiares de las víctimas.
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