Lore Díaz*
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 22 de abril, 2022.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Este tipo de violencia se visibilizó por primera vez en América Latina en el 2006, siendo Venezuela el primer país en establecer leyes que sancionaran y erradicaran este tipo de violencia. Sin embargo, fue hasta el 2018 que, a nivel federal en México, el Senado de la República legisló en la Ley General de Salud la violencia obstétrica.
Hablar de este tema es relevante, dado que en la práctica aún queda mucho por hacer por parte de las instituciones de salud pública principalmente, ya que en el sector público es donde se tiene la mayor parte de atención a mujeres embarazadas a nivel nacional.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), nos brinda un referente de cómo se encuentra la vivencia a las mujeres y cómo estas han experimentado violencia obstétrica.
En 2016, la cuesta incluyó por primera vez preguntas para evaluar algunos aspectos de la experiencia de mujeres de 15 a 49 años de edad durante su último parto, algunos de los resultados de esta son: 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron, siendo la mayor proporción de casos reportados en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. De 8,743,987 mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un parto en los últimos 5 años, 2,921,514 que representan el 33.4% manifestaron haber tenido incidentes. Finalmente, en México el 46.1% de los nacimientos se realizan a través de cesáreas programadas o de emergencia, contrario a lo que indica la OMS, cuya tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y 15%.
El trato irrespetuoso o deshumanizador impide la autonomía de decisión de la mujer, propicia abuso físico, atención no autorizada y no confidencial, abuso verbal, discriminación por etnia, estado civil, nivel socioeconómico; abandono durante la atención, detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar; procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea; negación al tratamiento, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer; no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
Urge que se brinde una atención integral a las mujeres desde las unidades de salud pública y privada, atención que no violente sus derechos sexuales y reproductivos, que sea cálida antes, durante y después del parto. En donde se considere a la mujer a la par que, al especialista en importancia, que sea tratada como un sujeto de derechos y no como un objeto.
Es urgente y necesario implementar acciones que impliquen un parto humanizado, lo cual no solo es obligación de las unidades de salud pública y privada, sino desde la formación académica del personal que atiende en estas unidades, la cual sensibilice de la importancia de un trato humanizado y que también aplique la perspectiva de género. Finalmente, que el gobierno no solo sienta que “ya cumplió” al legislar esto hace apenas cuatro años a nivel nacional, sino que asegure su práctica, que implemente mecanismos para la prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica para que las mujeres no mueran en el parto y tengan un trato digno en el embarazo.
*Mtra. en Psicoterapia Interdisciplinar, lorediazorozco@hotmail.es, Colaboradora de Cladem Jalisco
