- La calificación promedio del sistema federal penitenciario es de 7.5 y el estatal es de 6.2
- Chiapas, Sonora y Guerrero los centros penitenciarios no cuentan áreas para mujeres
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 3 de mayo, 2022.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria 2021, que evalúa que el sistema penitenciario federal tiene una calificación promedio a nivel nacional de 7.58; mientras que el sistema penitenciario estatal, alcanza un promedio general nacional de 6.20, y en el caso de las prisiones militares, su promedio general nacional es de 8.69.
El diagnóstico presentado por la directora general de Supervisión y Pronunciamientos Penitenciarios, Montserrat Ríos Rodríguez, y la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, es resultado de las actividades de supervisión que este Organismo Nacional llevó a cabo durante el año pasado, en 250 de los 287 establecimientos penitenciarios que operan en nuestro país y que son administrados por autoridades estatales, militares y federales.
Se explica que no hay parámetros de competencia o criterios generalizantes para la evaluación comparativa, ya que las evaluaciones de cada establecimiento penitenciario se deben hacer en su contexto específico, por lo que se hizo un llamado a evitar comparaciones entre los sistemas penitenciarios estatales basadas en las calificaciones y evaluaciones que arroja el diagnóstico presentado.
21 mujeres en centros penitenciarios varoniles
La CNDH consideró como uno de los hallazgos más notables la presencia de 21 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios varoniles ubicados en los estados de Chiapas, Sonora y Guerrero, debido a que en dichos centros no se cuenta con condiciones para albergar a mujeres, quienes se encuentran en condición de alto riesgo y vulnerabilidad, por lo que la CNDH hará un seguimiento puntual con autoridades de los centros penitenciarios y las del poder judicial, en atención a estos casos.
También se resaltó el caso de reclusorios femeniles en estados como Chihuahua, la Ciudad de México, y Estado de México, así como el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16, donde se llevan a cabo buenas prácticas para la atención de la población recluida y cuentan con instalaciones como estancias infantiles, cuneros, guarderías y juegos, y que sientan precedentes para la garantía y salvaguarda de niñas y niños que por necesidad están alojados en estos espacios.
De igual forma, se hizo énfasis en que los resultados arrojan, sobre todo, elementos para la defensa de los derechos humanos y para realizar acciones específicas y concretas, que permitan corregir las deficiencias en los establecimientos carcelarios del país, y que la Tercera Visitaduría de la CNDH redoblará esfuerzos para que de manera conjunta con las autoridades, se lleve la publicación del diagnóstico más allá de la observación y la estadística, y el análisis se traduzca en bases para acciones concretas que aseguren la defensa, salvaguarda y protección de los derechos humanos de la población que se encuentra privada de su libertad.
El informe, dice un comunicado de prensa, arroja que al 31 de diciembre de 2021 había en todo el país 222 mil 369 personas privadas de la libertad, de las cuales se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vida de 186 mil 238, lo que representa más del 83 por ciento del total de la población penitenciaria. No se especifica el porcentaje de mujeres ni de hombres.
Se identificó que, de toda la población distribuida en los centros verificados, 63 mil 768 personas pertenecían a uno o varios grupos de atención prioritaria, es decir, que el 34 por ciento de las personas tiene requerimientos de atención específicos.
Centros penitenciarios en abandono
Asimismo, se observó a detalle y con preocupación, que en los centros penitenciarios distritales en los estados de Hidalgo, Puebla y Zacatecas, prevalece un generalizado abandono institucional, que se refleja en las condiciones físicas de la infraestructura, en la falta de personal y deficiente capacitación del que hay disponible; en los deficientes servicios básicos, que no garantizan la calidad de vida de las personas ahí recluidas, y evidencian la falta de compromiso de las autoridades responsables de dichos establecimientos.
Respecto a los CEFERESOS el documento arroja que los centros número 7 en Durango y 11 en Sonora obtuvieron calificaciones generales menores a 7; mientras que los centros número 15 en Chiapas, 18 en Coahuila, 14 en Durango, 1 del Altiplano, 17 de Michoacán, 13 de Oaxaca y 5 del Oriente de Veracruz, obtuvieron calificaciones menores a 8, teniendo como mejor evaluado el 16 femenil de Morelos.
El diagnóstico señala como áreas de oportunidad que deben atenderse y con mayor incidencia, las relacionadas con: deficiencias en la atención a personas adultas mayores; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes vías de remisión de quejas de probables violaciones a derechos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas y; deficiencias en la prestación de servicios de salud, cuya mención ocupa el primer lugar en quejas por violación de derechos.
La presentación del informe se realizó ante autoridades locales y federales que tienen a su cargo la administración y gestión de los distintos sistemas penitenciarios del país, de integrantes de organismos estatales de derechos humanos, y con la presencia del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez.
En su oportunidad, la encargada de la Tercera Visitaduría y responsable de los trabajos en torno a la elaboración del diagnóstico, Hilda Téllez Lino, enfatizó en la trascendencia del diagnóstico más allá de las cifras y la estadística, que son indicadores valiosos para el diseño de políticas públicas.
Agregó que la información recabada a través de mesas de trabajo con autoridades estatales, federales y militares, así como en los recorridos y visitas a los centros penitenciarios, ha permitido emprender acciones correctivas, y se ha logrado detectar y documentar violaciones a derechos humanos que han derivado en integración de expedientes y recomendaciones emitidas por parte de la propia CNDH, utilizando así el diagnóstico como un instrumento para la defensa de los derechos humanos.
Hilda Téllez Lino dijo que este año, el diagnóstico fue programado y diseñado a partir de identificar áreas de oportunidad pendientes de abordar y señaladas en diagnósticos anteriores.
Detalló que, como parte de la muestra de 250 centros penitenciarios evaluados en 2021, se seleccionaron aquellos que nunca habían sido visitados por la CNDH (75), los que en el diagnóstico emitido en 2020 resultaron evaluados con calificaciones menores a 6, así como todos los centros mixtos y todos los destinados para la población femenil, con el fin de, prioritariamente, identificar de forma exhaustiva las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad.
SEM/sj
