SemMéxico, Cd. de México, 8 noviembre 2017.- Avanzar en el fortalecimiento y armonización del marco normativo nacional para garantizar los derechos humanos de las mujeres, lograr la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres, fueron los compromisos que se enunciaron durante la inauguración de la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras (Conaleg).
Este segundo encuentro nacional se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y asistieron legisladoras de todo el país, presidentas municipales y síndicas, representantes de los tres Poderes de la Unión así como de las comisiones de igualdad de género federales, estatales y municipales de las de las 32 entidades federativas,.
Durante la inauguración, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, instancia organizadora del evento, informó que producto del primer encuentro de la Conaleg, a la fecha se han propuesto 32 reformas a códigos penales y civiles de los estados para avanzar en la armonización legislativa en pro de los derechos de las mujeres y las niñas de todo el país.
La legisladora del PRI hizo entrega de dichas propuestas al coordinador de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, a quien solicitó impulsar dentro de la instancia estas modificaciones en todas las entidades federativas; “las diputadas las van a impulsar en sus congresos, pero necesitamos del apoyo comprometido de los gobernadores y de la gobernadora para que esto sea una realidad”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Lorena Cruz Sánchez, afirmó que el compromiso y liderazgo de las legisladoras es fundamental para impulsar y consolidar la agenda de igualdad de género en todo el territorio nacional, y advirtió que todas las leyes en todas las materias deben ser revisadas con visión de género para eliminar cualquier precepto discriminatorio que persista en ellas.
Además señaló “la importancia de contar con un marco normativo armonizado que sustente una política de Estado en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres,” para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en las leyes de planeación, presupuestación y contabilidad gubernamental, con las cuales se logre tener realmente programas de igualdad en los estados.
Este marco, dijo, obligaría a la rendición de cuentas, auditar y evaluar las políticas públicas destinadas a las niñas y a las mujeres, así como destinar eficazmente los recursos para enfrentar retos como la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, la mortalidad materna, el rezago educativo de las mujeres, además de incrementar su empoderamiento y autonomía económica, y combatir la violencia contra ellas, porque “hoy todavía 14 entidades no contemplan recursos presupuestales necesarios para hacer frente a las alertas de violencia de género”, agregó.
De igual forma, sostuvo que siete entidades no tienen ley contra la discriminación; cuatro no han tipificado la violación entre cónyuges, y otras cuatro aún no tipifican el abuso sexual como delito; “resulta inadmisible que algunas legislaciones estatales perdonen los delitos de rapto y estupro si el agresor se casa con su víctima, y que en cinco entidades aún se permitan las dispensas para que las niñas contraigan matrimonio”, criticó.
Expuso que el INMujeres desarrolló una plataforma digital que permite identificar leyes e instrumentos de planeación y presupuestación que requieren modificarse para que los esfuerzos estatales por la igualdad sustantiva tengan mejores resultados.
A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que en el país existe un pendiente sobre las trabajadoras del hogar pues “hoy carecen de las condiciones sociales mínimas”, “tenemos que ponernos al día en esta materia”, dijo.
Aseguró que en el país ninguna entidad federativa tiene “una ley de planeación con perspectiva de género, la cual daría coherencia a todo el proyecto de gobierno, obligaría a la canalización de recursos, a la fiscalización y a la rendición de cuentas”.
Indicó que pese a los avances en materia de género en México, aún persisten desigualdades como en el acceso a ingresos que limita la autonomía de las mujeres, además de problemas como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, la desaparición forzada de infantes y adolescentes, la migración y la violencia extrema a la que se enfrentan las mujeres.
Por lo que señaló la necesidad de enfocar políticas públicas para resolver problemas de acceso al derecho a la salud, y a los derechos sexuales y reproductivos, para combatir las desigualdades en la materia; así como realizar compromisos para eliminar los obstáculos que aún tienen las mujeres para acceder al mercado laboral, como el trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo todos los días.
La senadora Hilda Flores Escalera, vicecoordinadora del PRI en el Senado de la República, coincidió en que se debe impulsar las más profundas reformas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Patricia Olamendi Torres, experta internacional en temas de justicia, género y derechos humanos, advirtió que México está en una emergencia que se explica en el crecimiento del fenómeno de la trata; advirtió que “estamos haciendo leyes que están beneficiando a los tratantes”, por lo que tenemos que exigir que esos códigos penales que permiten ese tipo de esclavitud desaparezcan y que entre en vigor la ley general en la materia, afirmó durante su conferencia “Armonización y homologación legislativa para garantizar los derechos de las mujeres y niñas en los códigos civiles, familiares y penales de las entidades federativas”.
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