- La defensora ha sido criminalizada y se observan violaciones a sus derechos.
- Enfrenta nueve procesos judiciales en su contra.
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de agosto del 2022.- En la víspera de la audiencia de apelación de una de las causas contra la defensora Kenia Hernández Montalván, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor reiteró su llamado al gobierno mexicano para su liberación.
Esto, plantean por el uso indebido del derecho penal, la presunta detención arbitraria, las condiciones de privación de libertad y violaciones procesales en su contra. Su trabajo como defensora ha sido criminalizado. Hasta ahora se le han iniciado nueve procesos judiciales en cuatro diferentes entidades: Morelos, Guerrero, Guanajuato y el Estado de México y ha recibido dos sentencias condenatorias.
Recordó que en mayo pasado junto con Miriam Estrada-Castillo, presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron de manera formal al gobierno mexicano, la liberación de Kenia Hernández, defensora amuzga de derechos humanos, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas.
En la actualización a su petición, publicada este jueves, Lawlor recuerda que Kenia Hernández está detenida en el penal de máxima seguridad (CEFERESO) en Morelos, enfrentando graves problemas de salud, con comunicaciones limitadas, solo se le permiten 10 minutos al mes en llamadas telefónicas y desde hace cinco meses su asesor jurídico no ha podido hablar con ella, por lo que reiteró su llamado a la liberación de Kenia Hernández.
El 30 de mayo de 2022, las dos relatoras y el relator enviaron la solicitud al gobierno mexicano en la que argumentan que la coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive enfrenta siete casos por supuestos delitos, en los cuales se observan diversas violaciones a sus derechos, además de hostigamiento judicial.
En ese sentido afirman en el documento enviado al gobierno mexicano que son preocupantes los ataques a los pueblos indígenas y a las y los defensores de los derechos humanos mediante la intimidación, las amenazas y la criminalización.
“Nos preocupa que tales acusaciones no sólo denigren los esfuerzos de los mencionados defensores de los derechos humanos indígenas para denunciar las violaciones de los derechos humanos, sino también los esfuerzos de otros defensores de los derechos humanos y organizaciones de derechos humanos en este sentido, contribuyendo a un efecto amedrentador sobre la sociedad civil y la capacidad de ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación sin temor a represalias”.
De acuerdo con su mandato, las y el relator solicitaron información sobre los procesos judiciales, las medidas de protección a defensores de derechos humanos y en específico a Kenia Hernández.
El gobierno mexicano respondió el pasado 27 de julio, en el que explica la situación de cada una de las carpetas que se siguen en contra de la defensora de derechos humanos y pueblos indígenas.
Del caso
Kenia Hernández fue detenida, sin orden de aprehensión, el 6 de junio del 2020 junto a tres menores de edad en la caseta de cobro denominada La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, Estado de México, por elementos de la policía de la entidad, mientras se retiraba del lugar, después de una protesta pacífica por la libertad de presos del Movimiento por la liberación de presos políticos de Guerrero.
Estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Chiconautla en Ecatepec hasta el 11 de junio de 2020. La Fiscalía del Estado de México inició investigación en su contra por el supuesto delito de robo con violencia cometido con arma de fuego, en agravio de dos particulares que hubiera sucedido meses atrás. Kenia Hernández fue vinculada a proceso judicial, mientras que la fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa (PPO).
El 18 de octubre, fue detenida por segunda vez en la caseta de Amozoc, Puebla, por cerca de 22 elementos policíacos escoltados por 20 patrullas en una acción especial sólo en contra de ella sin orden judicial. Los elementos policiacos no informan a la defensora la razón de su detención. Se tuvo noticias de ella hasta el 19 de octubre, cuando se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez y que enfrentaría cargos de “robo con violencia”.
Fue formalmente vinculada a proceso por el delito de robo con violencia moral, esta vez en perjuicio de la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses. El 24 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, nuevamente solicitó prisión preventiva oficiosa, la cual fue negada por el juez de control del estado de México. En su lugar, se impuso la exhibición de una garantía económica y la colocación de localizadores electrónicos, con lo cual obtendría su libertad.
A las 2:49 horas del 25 de octubre de 2020 se le hizo efectiva una nueva orden de aprehensión y fue trasladada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco (lugar del que Kenia fue desplazada por estar en peligro), por ataques a las vías de comunicación cometidas en la caseta “la venta”, en la autopista Chilpancingo-Acapulco, denunciado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
El 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, la sentenció a diez años y seis meses de prisión así como a una multa de veintiún mil pesos mexicanos, luego de que el 5 de febrero del 2022 se emitiera sentencia en su contra por el delito fabricado de “robo con violencia” supuestamente cometido en una caseta de la autopista Toluca-Zitácuaro.
El 10 de marzo de 2022, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11 años y tres meses en contra de Kenia Inés Hernández Montalván. En menos de un mes, ha sido sentenciada dos veces por dos cargos fabricados de “robo con violencia” lo que supone un total de 21 años y nueve meses en prisión en contra de la defensora indígena.
El 18 de marzo de 2022, el Poder Judicial de la Nación notificó de la existencia de una nueva investigación en su contra por “ataques a las vías de comunicación” en el estado de Guerrero, pretendiendo aplicarle una reforma de febrero de 2022 a supuestos hechos de 2019. Suman en total nueve procesos en su contra, de los cuales hasta ahora tiene conocimiento.
SEM/sj/MG
