- Este miércoles iba a ser votado y tras la presión social de grupos próvida, diputados/as integrantes de la 75 Legislatura en Michoacán, decidieron bajar del orden del día el dictamen que contemplaba la sanción del aborto después de 12 semanas.
- Colectivos feministas acusaron simulación y que dicho dictamen no cumplía con lo que ordenaba la SCJN.
América Juárez Navarro
SemMéxico, Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2022. – El Congreso del Estado de Michoacán bajo el dictamen donde se discutiría las reformas al Código Penal en materia de aborto, por lo que finalmente se optó por dejar fuera de la orden del día este acuerdo en la sesión realizada este miércoles en Morelia, Michoacán.
Horas antes de iniciar la discusión desde muy temprana hora, grupos provida que se dieron cita frente al Congreso del Estado, exigían que los diputados/as ponderen el derecho a la vida desde la gestación.
Con pañoletas azules, y gritos de vida si, aborto no, las y los integrantes de los grupos provida auspiciados/as por el Partido Encuentro Solidario (PES) se colocaron en cada una de las entradas, por lo que se hizo necesaria la presencia de elementos de seguridad pública, quienes resguardaron el ingreso de diputadas y diputados locales.
Posteriormente diversas colectivas feministas se reunieron también frente al Palacio Legislativo, para realizar una concentración por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y que se terminé así la criminalización de la interrupción del embarazo, como ya lo establece por decreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen contemplaba no sancionar el aborto cuando éste se realice antes de las doce semanas de la gestación, y también, establecer expresamente, que dichas excluyentes no operarán tratándose de aborto forzado, sin que se eliminará el delito del Código Penal.
Se contemplaba que, en el aborto con consentimiento, a quienes acompañen en estos procesos, se le imponga de seis meses a dos años de prisión.
A quien voluntariamente provoque su aborto, se pedía imponer de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad e ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica, lo que fue cuestionado por la diputada del Partido del Trabajo, Gabriela Cázares Blanco.
A decir de la legisladora fue la mejor decisión no pasar el dictamen en estas condiciones, pues criminalizaba a las mujeres que acompañan en el proceso a las que optan por la interrupción del embarazo, así como continuaba el delito de aborto, pues se trata dijo, de un dictamen que no despenalizaba el aborto, incluso contemplaba trabajo comunitario y terapia.
“Se estaban estableciendo penas que son aberrantes, no manejaba temporalidad, se tenía que asistir a terapia, es como un castigo por haberse practicado un aborto, y suena como clínicas de reconversión y es violatorio de los derechos de las mujeres, se metía como excluyente y no había despenalización, quedaba peor, si creo que es adecuado para que se analice y presente el tema para que quede despenalizado”, dijo.
A su vez, la diputada Fanny Arreola señaló que resulta lamentable tener “diputados/as mochos” y que además tengan temor del costo político; hizo un llamado de que todas las iniciativas que se han presentado en torno, (son cinco en el caso del aborto) deben ser discutidas y solo se incluyeron tres.
Lamentó que se bajará el punto para detener avance en la progresividad de los derechos por cuestiones de índole política. “Lamento este asunto, respeto el derecho de manifestarse de ciudadanos/as y partidos, entiendo que hay una representación de gente en el Congreso del PES y sería muy grave que se esté financiando con recurso del Congreso”, dijo.
Colectivos acusan desacato a la SCJN
Por su parte, Colectivos Feministas acusaron desacato a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrio, aseguró que se ha saboteado el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y reproducción, derivado de la incapacidad de consensos entre el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado de Michoacán.
“Es evidente que no hay la posibilidad por el momento de construir un acuerdo mínimo para el diseño de una política pública hacia las mujeres, desafortunadamente es la impunidad y el desacato al Estado de Derecho, del respecto a un orden social, incluyente e inclusivo, es la resistencia a una transformación social y política de fondo, es a la desobediencia de una orden de la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
El Frente Violeta por Michoacán, calificaron de engaño y una simulación más de las y los diputados, ya que el proyecto de decreto no sólo no despenaliza el aborto, si no que fortalece el estigma hacia las mujeres que abortan, castigándolas con cursos obligatorios de educación sexual y planificación familiar, además de trabajos comunitarios como lo establece el artículo 142 en el proyecto.
La propuesta de reforma al Código Penal, aseguran, que se mantiene la criminalización a las mujeres que abortan violando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 7 de septiembre de 2021 y que en reiteradas ocasiones ha establecido.
Exigieron la despenalización y legalización del aborto, no simples simulaciones que contrario a lo que aparentan van en detrimento de los derechos de las mujeres, y que el Congreso del Estado legisle en la materia de manera laica y libre de estigmas, que se despenalice el aborto y a su vez, se incluya en la Ley de Salud un servicio que debe ser otorgado por el Estado para las mujeres que lo soliciten garantizando los derechos sexuales y reproductivos.
Este miércoles en sesión del Congreso del Estado se iba a votar el dictamen que contemplaba sancionar el aborto después de las 12 semanas, pero finalmente no pasó.
SEM/MG
