Ernesto Madrid *
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de junio, 2023.- Ante un INE consecuente que por lo pronto no es autoridad electoral sobre la legalidad de las precampañas que no son precampañas de los precandidatos de Morena que no son precandidatos sino serán coordinadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia al llamado plan B que ambicionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en su propuesta de Reforma Electoral.
La realidad del caso que no es extraño es que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, afines a la ‘cuarta transformación’ por no decir al inquilino de palacio votaron en contra, pero con la salvedad de una mayoría califica de nueve ministros que determinó invalidar la totalidad del plan B por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación.
En el contexto resalta sin duda, una autoridad electoral que recientemente eligió a Guadalupe Taddei Zavala y que al igual tiene parentesco con personas cercanas a la Cuarta Transformación lo que de alguna manera justifica la posición tan aleatoria con que actuado en un proceso de selección del candidato, perdón coordinador.
En una realidad en el ministro promotor y ponente de tirar el plan B dijo que “resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”.
Incluso el ministro Juan Luis González Alcántara respaldo la apostura al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.
“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”.
Por supuesto la ministra Yasmín Esquivel Mossa y pese a su controvertida tesis, arremetió al considerar que invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos, resta credibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.
“Los cuales, -afirmó- cada vez -son- más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte una labor sustantiva, de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el deber cotidiano de los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen sus propias dinámicas de trabajo”.
Incluso dejo en claro que “las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión”, sin contemplar la autonomía que los poderes de la unión, que debe prevalecer.
*Difundido por Francisco Rodríguez, en Índice Político
