- México entre los países más riesgosos por corrupción y crimen organizado
- En el día Internacional de la o él Periodista
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de septiembre2023.- La Secretaría de Gobernación (Segob) debe informar el monto y cuantas personas se han incorporado al mecanismo de protección para periodistas y defensoras/es de Derechos Humanos en el último lustro.
Igualmente debe informar sobre el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con ese mecanismo.
Esto fue lo que instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al considerar que esta información es vital por la situación de riesgo de las y los periodistas y defensoras/es de derechos humanos, quienes dan voz a la sociedad.
La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, expuso el caso en el pleno dado que México está entre los cinco países que concentran 80 por ciento de los asesinatos de defensoras/es de derechos humanos y medio ambiente, y de los 44 homicidios contra periodistas en América Latina, 19 de ellos ocurrieron en nuestro país, de acuerdo a los organismos internacionales Front Line Defender y la ONU.
También Ibarra Cadena enfatizó que entre las principales causas de los delitos están las represalias por informar sobre el crimen organizado o la cobertura de temas de corrupción y, pese a su gravedad, 86 por ciento de los casos siguen impunes.
Se consideró que se cumplió parcialmente con la información requerida por el particular, ya que se cumplió en cuanto a datos estadísticos, pero no en el monto ni en las quejas de la CNDH al mecanismo.
El INAI ordenó a la Secretaría de Gobernación una nueva búsqueda de la partida presupuestal y consideró que también pueden dar respuesta a las quejas de la CNDH dado que cuentan con unidades que sistematizan esta información.
La comisionada precisó que un particular solicitó a la Segob información estadística sobre el número de personas defensoras incorporadas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante los últimos cinco años, además de información sobre el monto destinado a dicho Mecanismo; la relación del perfil de agresores; la clasificación de agresiones más frecuentes; el número de personas que, siendo parte del Mecanismo de Protección, fueron asesinadas en Chiapas.
También pidió saber el número de alertas tempranas creadas durante los últimos cinco años; el número de reevaluaciones de riesgo y cuántas de estas aumentaron; las medidas en el plan de protección; el número de quejas que se han reportado por fallas en las medidas de protección otorgadas; así como el número de recomendaciones que ha realizado la CNDH por temas relacionados con el Mecanismo de Protección.
Como respuesta, Gobernación dio datos estadísticos, sin embargo, en relación con el número de alertas tempranas creadas y de quejas reportadas por fallas, señaló que no localizó la información.
Sobre el monto destinado al Mecanismo de Protección, informó que era competencia de otra área, y respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH, el sujeto obligado se declaró incompetente.
La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, informó que se determinó que el sujeto obligado sí entregó la relación del perfil de agresores, la clasificación de agresiones más frecuentes, así como el número de reevaluaciones de riesgo y cuántas de estas aumentaron las medidas en el plan de protección.
Sobre el monto destinado al Mecanismo de Protección, no entregó información, por lo que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda de información, ya que omitió turnar la solicitud de información a la Dirección General de Programación y Presupuesto, además de que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, área que dio respuesta a la petición, omitió realizar la búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos.
Respecto a la incompetencia sobre las recomendaciones de la CNDH sobre el Mecanismo de Protección, se concluyó que Gobernación sí es competente, porque cuenta con áreas que sistematizan la información relativa a su cumplimiento.
