Los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco,
bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika, rarámuri, yaqui, junto con organizaciones,
colectivos y movimientos sociales que defendemos nuestros territorios y formas de vida
campesina, desde distintas regiones, en 18 estados, constatamos que la violencia en contra
de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la
constante en el país.
En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la
mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales. Los
cárteles tienen un poder político concentrado, siempre operan en clave de contrainsurgencia
y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Con distinta intensidad de acuerdo a diferentes momentos, los cárteles actúan en nuestras
comunidades y territorios:
En estos momentos Chiapas arde a causa de la violencia, las comunidades de la Zona
Fronteriza, de la Selva Lacandona, de La Frailesca, de los Altos, han sido arrasadas por los
cárteles del crimen organizado para imponer el control sobre los territorios indígenas y la
población.
En estos territorios ocupados los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o
caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan
clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los
hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las
actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de
comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale,
controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales.
Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y
asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que
comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando
sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias.
Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso
en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para
utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera.
En regiones de Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas,
Puebla, las organizaciones criminales se adueñan de los bienes naturales de las
comunidades, destruyen los bosques y los incendian, explotan las minas, roban
combustibles, acaparan el agua, obligan a la población a defenderlos y les utilizan como
escudo humano frente a sus enemigos. En ocasiones atacan con drones a las comunidades
durante horas, como en Ostula, Michoacán, matan a las autoridades, enfrentan a las policías
comunitarias y desaparecen a sus defensores para adueñarse de sus territorios.
Todo esto ocurre a la vista de las autoridades del Estado, en lugares cercanos a los
cuarteles del Ejército o la Guardia Nacional, que a pesar de las llamadas de auxilio de la
población no intervienen.
Las autoridades estatales y federales minimizan la violencia o culpan a los pueblos de
ella, sin admitir que fallan ante la principal responsabilidad del Estado que es garantizar la
seguridad de la población.
Los megaproyectos que promueve el gobierno como el Corredor Interoceánico, el Tren
mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, ubicados en territorios de los pueblos
originarios, se construyen sin su consentimiento. Al ser catalogados como de seguridad
nacional fueron exentos de regulaciones, y se impide que la población ejerza sus derechos.
El Tren mal llamado Maya despoja al pueblo maya de sus tierras y bienes naturales,
favorece la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras para turismo, las
agroindustrias y la urbanización. Parte por la mitad comunidades, deforesta miles de
hectáreas de selva, afecta cuevas y cenotes, contamina el agua subterránea, destruye
vestigios arqueológicos. Las resistencias mediante procesos legales han enfrentado decenas
de obstáculos y aunque los amparos y suspensiones se han conseguido legalmente, el
Estado los viola, las obras continúan y provocan el ecocidio —tras el escudo de una
consulta indígena amañada— en una de las selvas mejor conservadas de México.
El devastador giga-proyecto Corredor Interoceánico que aglutina un conjunto de
megaproyectos extractivos, agroindustriales, energéticos y de ensamble amenaza la cultura
y el tejido social de 13 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, a la par que coloca en
grave riesgo la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de México. Los
opositores al Corredor Interoceánico han sido criminalizados y reprimidos por defender sus
tierras ante la imposición de distintos proyectos de infraestructura como son los polos de
desarrollo, la ampliación de la escollera de Salina Cruz, las plantas de energía eólica y
solar, los derechos de vía, etcétera. El control del territorio del Corredor Interoceánico
(incluyendo sus tramos Z, FA, K y G) está en cruenta disputa por los Cárteles CS y CJNG,
Samir Flores Soberanes, luchador social nahua, fue asesinado en 2019 por oponerse al
Proyecto Integral Morelos en tanto que sus compañeros han sido encarcelados y
perseguidos en distintos momentos. Este proyecto que aún no se ha echado a andar atenta
contra la salud y los recursos vitales, como el río Cuautla, de un poblado dedicado a la
siembra y a la ganadería.
Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación
de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La
oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el
reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces
articulado también a los intereses de las empresas concesionarias.
La violencia también se ejerce desde los proyectos agroindustriales que compiten con la
milpa de los campesinos temporaleros y con los apicultores. Los invernaderos de berries,
las huertas de aguacate, las hortalizas de exportación, las megagranjas de puercos reses y
pollos, las plantaciones de soya transgénica, no sólo acaparan la tierra destruyendo selva o
bosque para establecerse, también acaparan el agua de manera formalmente legal mediante
concesiones que les otorga la Conagua —en tanto que a los campesinos se las niega— o de
forma ilegal desviando las corrientes de los ríos, arroyos o manantiales, construyendo pozos
profundos y ollas de agua sin licencia, extrayendo agua de presas y lagos. Además utilizan
el bombardeo de nubes con cañones antigranizo para ahuyentar la lluvia. El uso de
agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los deshechos tóxicos de
las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de
tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de
minerales, tierras y agua
Las manifestaciones sociales fueron criminalizadas por el gobierno en tanto que el
dominio del crimen organizado se amplió y se mantiene en la impunidad. Los intereses de
las empresas se protegieron y toleraron sus violaciones ambientales y sociales. Las penas de
años de prisión o montos de reparación de daño para quienes resisten son excesivas y
desproporcionadas y tienen el objetivo de castigar y disuadir de organizarse a quienes
defienden sus territorios y se oponen a los despojos.
La reforma indígena que posiblemente se apruebe en el paquete de 20 reformas
presentadas por el presidente de la república no tiene que ver con los Acuerdos de San
Andrés, ni con la iniciativa acordada en los foros convocados por el INPI. Es una reforma
poco significativa que no toca los derechos fundamentales que los pueblos indígenas
reclaman como son el derecho al territorio o a la representación política fuera del sistema
de partidos.
Las promesas que este gobierno que termina le hizo a los pueblos indígenas no se
cumplieron. Por el contrario, la invasión de nuestros territorios creció de manera alarmante
ampliando los alcances de los cárteles del crimen organizado.
Por ello:
- Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad fundamental de
brindar seguridad a todos los pueblos indígenas y comunidades rurales a quienes ha
dejado en manos del crimen organizado. - Reclamamos el respeto a los territorios indígenas y campesinos, a sus acuerdos de
asamblea y a su libre determinación. - Denunciamos la criminalización de las resistencias y movimientos sociales, de sus
líderes y defensores de derechos humanos y del territorio. - Nos sumamos a la exigencia de las madres y los padres de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, de su aparición con vida, y la de los otros cientos de miles de
desaparecidos en el país. - Demandamos el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, y del
resto de defensores del territorio: 102 asesinados y varios miles de desaparecidos
sólo durante este sexenio. - Exigimos la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz del Cecop, de
Sergio Rivera Hernández en la Sierra Negra de Puebla. - Rechazamos las condenas injustificadas y las penas desproporcionadas impuestas a
los luchadores y defensores del territorio indígena como David Hernández de la
APIIDTT por defender las tierras de uso común de la comunidad de San Blas
Atempa, despojadas para establecer un polígono de desarrollo del Corredor
Interoceánico. - Nos oponemos a las injustas órdenes de aprehensión levantadas en contra de 17
integrantes de la APIIDTT y de 16 integrantes de UCIZONI por oponerse a las
obras del Corredor Interoceánico en sus territorios. - Rechazamos las 161 órdenes de aprehensión levantadas injustamente en contra de
los pobladores de San Mateo del Mar y demandamos su cancelación definitiva, así
como el restablecimiento de la paz en términos de la Comisión de Paz. - Repudiamos el asesinato de los defensores del agua y el ambiente contra Granjas
Carroll, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, que fue perpetrado por la Fuerza Civil de
Veracruz. Rechazamos las denuncias penales contra 8 campesinos del Movimiento
de la Cuenca Libres Oriental, de Puebla y condenamos la criminalización al derecho
a la protesta. - y de los cientos de miles de desaparecidos en el país, muchos de ellos defensores del
territorio y luchadores sociales. - Denunciamos la grave situación de violencia que se vive en la Selva Lacandona y
en los Altos de Chiapas, donde los cárteles del narcotráfico pretenden establecer su
dominio, obligando al desplazamiento forzado de la población que se opone a ser
reclutada. - Denunciamos y repudiamos la gravísima situación que vive la población en Frontera
Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir,
Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Monte
Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo
L. Sidar, Las Chicharras, Chiapas, en donde los cárteles en disputa han bloqueado
carreteras, reclutado de manera forzada a un gran porcentaje de la población para
obligarla a participar en sus actividades. Desde mayo pasado se han registrado
masacres y asesinatos de población inocente por oponerse a los cárteles y desde
hace 15 días los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales se han agudizado
y la población ha sufrido sus consecuencias. Esta violencia extrema les ha
desplazado de sus comunidades para buscar refugio y salvar sus vidas, incluso hacia
comunidades de Guatemala. Exigimos que el gobierno federal y estatal ponga un
alto inmediato a la violencia en Chiapas y restablezca la paz en esos territorios
indígenas. Nos adherimos a la acción urgente La disputa por el control de
territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en
riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias emprendida por el
Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y 80 organizaciones de la sociedad civil
(https://shorturl.at/eCE3v) y al comunicado de la Red Todos los Derechos para
Tod@s y varias organizaciones más En riesgo la vida e integridad de la población
civil en Chiapas. (https://shorturl.at/zMuaV)
A pesar de este entorno de invasión y despojo de nuestros territorios los pueblos
indígenas y comunidades rurales resistimos y fortalecemos nuestra identidad. Protegemos
la propiedad social de nuestras tierras y elaboramos nuestros estatutos ejidales y comunales,
mantenemos nuestras asambleas y cargos comunitarios. Establecemos policías y guardias
comunitarias, para nuestra seguridad. Promovemos el trabajo colectivo solidario,
practicamos nuestra agricultura campesina, la apicultura y la pequeña ganadería. Cuidamos
nuestras semillas, manantiales, cenotes, lagos, lagunas, ríos, playas, montes, bosques y
selvas, vigilamos y protegemos nuestro territorio. Celebramos nuestras fiestas y ritos.
Conservamos nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad.
Somos pueblos originarios que habitamos este territorio antes de la existencia del Estado
-nación. Somos pueblos, comunidades y barrios con otro proyecto de futuro y de Nación
Exigimos un alto inmediato a la violencia en nuestra contra y el respeto de nuestros
territorios.
México, 1 de agosto de 2024
Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Colectivo de
Defensores del Territorio en la Región Sierra Fronteriza de Chiapas; DESMI; Salud y
Desarrollo Comunitario (SADEC); ZODEVITE; Coordinación Regional Bachajón por la
Defensa del Territorio Chilón Chiapas del Congreso Nacional Indígena; Organización de
Agricultores Biológicos; Los Lagos de Colores; Instancia Pastoral de la Madre Tierra;
Chihuahua – SINE-COMUNARR; Ciudad de México – Organización de Interpretes y
Traductores en Servicios Comunitarios A.C.; Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo Mexicano; Maderas del Pueblo del Sureste AC; Colima – Unidos por Armería;
Estado de México – 26 de agosto de 1972, San Pedro Atlapulco, Estado de México;
Guerrero – Tlachinollan; Jalisco – Colectivo por la Autonomía; Mexicali – NCCP
Mexicali; Morelos – Jorge Velázquez Escalvazeta; Asamblea de la resistencia Amilcingo,
Morelos; Casa Tecmilco; Oaxaca – CEDIAO; Yunhiz Espacio Alternativo; Colectivo
Matza de San Miguel Chimalapa; UCIZONI; Comisión de Paz y Concordia de la Nación
Ikoot; Servicios del Pueblo Mixe; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa
de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la
Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC); Mujeres de Lachatao
en defensa de la tierra y territorio; UNOSJO; Guardianes del Mar de San Mateo del Mar;
Mungier Ndyuck (defensores del mar) San Dionisio del Mar; Comité por la Defensa de los
Derechos Indígenas CODEDI; Puebla – Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca
Libres Oriental; Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos puebla y
Tlaxcala; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Pue-Hgo.;
Quintana Roo – Colectivo de semillas Muuch’ Kanan I’inaj, Bacalar, Quintana Roo;
Colectivo Xa’aybej; Sonora – H. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación Yaqui; Veracruz
– Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; Yucatán – Múuch’
Xìimbal; Selvame del Tren; Colectivo de comunidades indígenas Chenes. Asociación de
estudiantes e investigadores Carlos Pellicer Cámara; Colombia – Colectivo Colónbia;
Descubrimiento de Europa; España – Colectivo la Tasquiva de Andalucía, España;
Asamblea Plaza de los pueblos en Madrid España.
Gustavo Huchin; Heliodoro Huchim; Eleuterio Manuel Perfecto; Maneses Manuel Gerardo;
Juan Pedro Ramos Manuel; Victorino Roribio Cruz; César Juan Antonio; Jonas Terezo
Juan; Bernardino Manuel Hernández; Timoteo Modesto Leonardo; Mauricio Marcos
Leonardo; Virgilio Ambrocio Lucas; Camilo Terezo Lucas; Anacleto Graciano Sixto;
Héctor Juan Velasco; Ciriaco Juan Toribio; José Guadalupe Toribio Ferrer; Anastacio
Terezo Ramos; Bernardo Perfecto Juan; Lucas Modesto Toribio; José de Jesús Modesto T;
Delfino Marcos Leonardo; Urias González Leonardo; Jorge Terezo Manuel; Heriberto
Graciano Crisanto; Artemio Juan Velasco; Oscar Juan Ramos; Hipólito Juan Agapito; José
de Jesús Terezo Juan; Ubaldo Perfecto Sixto; José Ernesto Modesto Hernández; Juan
Marcos Agapito; Ismael Ambrocio Ramos; Abdias Juan Caseano; Luis Terezo Manuel;
Eleuterio Juan Toribio; Alfredo Juan Velasco; Osiel Juan Ramos; Joel Aquino; Víctor
Aquino
