Nuevo León tercera entidad con más denuncias del delito, alertan colectivas y mujeres en Monterrey
Movilizaciones contra esta conservadora entidad que acumula 131 denuncias de aborto, 21.82% de todas las que hay en el país
Sara Lovera
SemMéxico, Monterrey, Nuevo León, 7 de octubre, 2024.- Nuevo León es el tercer estado con más denuncias por aborto, hoy se acumulan 115 casos, sólo detrás de la Ciudad de México, y el Estado de México. Hace un año se aprobó un amparo local , y a pesar de que el Congreso estudia una iniciativa hace dos años, ahora las colectivas mandaron otra y están movilizadas, según el portal Verificado.
La entidad también ocupa el primer lugar en carpetas de investigación por este tipo de acciones.
La penalización del aborto en Nuevo León, así como en otros estados de la República, obstaculiza el acceso a este derecho, de acuerdo con activistas y organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, lo que atrasa el procedimiento o sirve como herramienta de intimidación.
A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara el amparo 267/2023, fundado en la despenalización federal; amparo que ordenó al Congreso eliminar su penalización, no obstante en Nuevo León el Código Penal Local sigue considerando el aborto un delito castigable con cárcel.
El escándalo su persecución
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Nuevo León es la entidad con más registros del aborto como delito a nivel nacional. Con corte a agosto de 2024, la entidad acumula 115 denuncias de aborto y representa el 21.82% de todas las que hay en el país en el mismo periodo.
Es en este contexto que el colectivo Morras Feministas Monterrey presentó una segunda iniciativa ante el Congreso del Estado para que se modifique el Código Penal Local en materia de aborto.
Además, la agrupación mantiene una movilización intermitente para que se analicen las iniciativas, la primera organizó una manifestación en la que decenas de mujeres se reunieron a exigir que se otorgara el derecho a abortar sin criminalización.
“Lo más importante es que nos tomen en cuenta, nos escuchen y lean lo que hacemos. Yo creo que el colectivo y las morras somos algo relevante en el estado. Entonces esperemos que con esta presión hagan algo” dijo Leidy López, fundadora y vocera del colectivo Morras Feministas.
“Las denuncias por abortos solo obstaculizan el proceso, gastan recursos de carpetas o investigación y en la mayoría de ocasiones son una herramienta de amenaza para intimidar”, comentó Vanessa Jiménez, acompañanta del colectivo Necesito Abortar..
Además de las denuncias provenientes de parejas, familiares o conocidos, el personal médico es otro de los principales actores que amenazan a las mujeres y personas gestantes con denunciar el aborto, en ocasiones sin importar si fue inducido o espontáneo.
A menudo, personas que laboran en los hospitales ofrecen como excusa, para impedir que se acceda a este derecho, el no contar con los medicamentos o instrumentos necesarios para interrumpir el aborto.
“El personal de salud tiene que atender los abortos. Punto. Sin embargo, seguimos enfrentando esa situación donde el personal médico o trabajadores y trabajadoras sociales, son quienes hacen esta primera amenaza de ‘le voy a hablar al Ministerio Público’”, mencionó Jiménez.
Otra de las formas de obstaculización a este derecho es que el estado no provee información sobre el procedimiento.
Acceso al aborto: un problema social
Estas problemáticas también se presentan a nivel federal, pues en un conversatorio del Instituto Nacional de las Mujeres, Ninde MolRe, integrantes de los colectivos Abortistas Mx y Necesito Abortar consideró que existe un atraso en el sector social.
“Socialmente no tenemos un avance para la apropiación de este derecho, esto también se manifiesta en quienes están en las instituciones de salud, porque en realidad una de las excusas que todas las instituciones de salud -tanto a nivel local como nivel federal- es que no tienen insumos para realizar un aborto, claro que los tienen, si puedes atender un parto puedes atender un aborto, eso es una realidad”, aseguró Ninde MolRe.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció al aborto como un derecho humano en la Constitución federal.
Al momento en que alguien denuncia a otra persona por realizarse un aborto, se abre una carpeta de investigación y un proceso, pero desde que se despenalizó, oficialmente se declaró inconstitucional el 6 de septiembre de 2023, esto no procede y solo se gastan recursos de todo tipo en la investigación.
Actualmente, el aborto se sigue incluyendo como un delito en el Código Penal del Estado de Nuevo León, en el que se establecen sentencias desde seis meses a un año de prisión a quienes faciliten un aborto o contribuyan a que se lleve a cabo.
Respecto a las cifras en el estado, en lo que va del año, se ha registrado un incremento del 7.5 por ciento en comparación con el año pasado, de enero a agosto de 2022 se interpusieron 93 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2023 se han registrado 100. Esta cifra concuerda con las presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por otra parte, Data Cívica informa que Nuevo León ocupa el primer lugar en la tasa anual de carpetas abiertas por cada 100 mil mujeres. Respecto a cifras anuales, 2022 ha sido el año en el que más aumentaron las denuncias por aborto.
En 2022, la nueva Constitución de Nuevo León, impulsada por el gobernador Samuel García, fue invalidada por la SCJN debido a que en ella se estipulaba el derecho a la vida desde la concepción.
Ahora, en la Constitución estatal hay una nota que aclara que la cita “desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural” fue invalidada por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antecedentes
En noviembre del 2021, una ciudadana de Nuevo León ganó un amparo para abortar, siendo así el primero en el país en obtenerse tras la jurisprudencia de la SCJN. La activista expuso que dicho amparo es la continuación de la lucha por la despenalización del aborto.
Dentro del Congreso de Nuevo León, se han impulsado reformas para asegurar el derecho a la interrupción legal del embarazo, sin éxito. En 2022, los colectivos Asamblea Feminista de Nuevo León y Colectivo Arkali presentaron una iniciativa para obligar la homologación del Código Penal y de la Ley Estatal de Salud para despenalizar el aborto.
Tras el vencimiento de esa iniciativa, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jessica Martínez Martínez presentó el 22 de junio del 2023 una nueva iniciativa para despenalizar el aborto, modificando los artículos 327 y 238 del Código Penal. Dicha iniciativa fue enviada a la comisión de justicia y seguridad pública y permanece congelada.
El 27 de septiembre del 2024, el colectivo Morras Feministas de Monterrey presentó una nueva iniciativa solicitando la modificación de la Constitución Política y el Código Penal para despenalizar el aborto.
Aborto, la lucha legal en Nuevo León
Aunque dentro del campo de la bioética aún existe un debate sobre a partir de qué momento se considera al ser humano como un ente propio, en otros estados de México, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal hasta la semana 12 cuando, de acuerdo a médicos y especialistas, el embrión desarrolla un sistema nervioso central.
Sin embargo, en el primer Artículo de la Constitución Local de Nuevo León se establece que “Desde el momento de la concepción (todo ser humano) entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes”.
Es decir, que en Nuevo León se reconoce al embrión como sujeto de derechos desde su implantación en el útero a pesar de que la SCJN declarara inválido este párrafo del Artículo 1 por considerarlo anticonstitucional y que limita los derechos de las mujeres.
“La penalización del aborto, bajo la perspectiva de la protección a la vida desde el momento de la concepción, constituye una violación a los derechos a la salud, así como a los sexuales reproductivos de las mujeres, pues con ello se perpetua la continuación forzada del embarazo” indican las Acciones de Inconstitucionalidad 41/2019 y acumulada 42/2019 en las que la SCJN pidió invalidar el segundo párrafo del primer artículo de la Constitución de Nuevo León.
Iniciativa desde 2023
La propuesta busca reformar los artículos 327 y 328 del Código Penal del Estado de Nuevo León.
La iniciativa se basa en razones de tipo bioético, científico y constitucional, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante el vencimiento de la iniciativa presentada en octubre de 2022, hace un año presentó nuevamente.
Ella sostiene que el aborto sea permitido después de la décima segunda semana de gestación y no antes, pues ayer en sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reconoció que la prohibición absoluta del aborto voluntario viola los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, en consecuencia, pueden promover amparos para demandar a los gobernadores y congresos locales, por no haber reformado sus códigos penales para garantizar el derecho a decidir.
La priista, dijo que se busca la reducción de las penas punitivas por cursos de salud reproductiva y atención psicológica hacia las mujeres y personas gestantes que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.
“No es posible que a estas alturas se siga considerando a las mujeres únicamente como entes reproductores, a quienes hay que castigar si buscan ejercer un rol que va más allá de lo establecido y que los principios religiosos se pongan por encima de la salud y la vida de miles de ellas que demandan el actuar de su Congreso para generar adecuaciones a las leyes, códigos y reglamentos que permitan la creación de políticas y programas, para lograr el efectivo ejercicio y respeto a los derechos humanos de las mujeres”, apuntó la Diputada.
La actual legislación establece al aborto como la muerte del producto desde la concepción, imposibilitando a las mujeres y personas gestantes la posibilidad de interrumpir el embarazo e incluso hacer uso de métodos anticonceptivos completamente legales.
La iniciativa de reforma contempla modificar los artículos 327 y 328 del Código Penal.
También se busca que no sean procesadas penalmente las personas que deciden practicar la interrupción del embarazo, y que se proporcione una verdadera atención de salud digna, como lo merecen todas las personas.
“La negativa para despenalizar el aborto continúa vigente y hace necesaria la exigencia y discusión tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, como por parte de las mujeres que, por su propio derecho, tienen interés legítimo en promover la despenalización del aborto y buscar el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos en el sentido más amplio”, indicó.
