- Recordó que la SCJN ha señalado que es inconstitucional castigar el aboto
- Ya intervino la titular de la Secretaría de las Mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de octubre 2024.- El gobierno federal no permitirá que una menor de edad, perteneciente a una comunidad indígena, sea criminalizada por un aborto como pretende la Fiscalía de Querétaro, señalaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia de esta mañana, Sheinbaum sostuvo que la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, ya está en contacto con la familia de la menor originaria de Huimilpan y quien enfrenta un proceso judicial luego de sufrir un aborto espontáneo, producto de una violación.
Este fin de semana, organizaciones de mujeres lamentaron la postura del fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien además también pidió al Tribunal de Justicia Estatal se encarcele a la niña de 14 años y se le condene a pagar a su violador la cantidad de 518 mil pesos.
La presidenta mexicana recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hace unos años por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin consecuencias penales.
En sus redes sociales, Citlali Hernández expresó que no se permitirá la procuración de justicia sin perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos.
“Es inaudito e ilegal lo que la Fiscalía de Querétaro realiza en perjuicio de una menor. Solicitaremos una mesa de trabajo con el gobernador Mauricio Kuri González, la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Querétaro y la representación legal de la menor (Adax Digitales).
Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, la cual respalda y asesora a la menor de 14 años, informó que el jueves 24 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Querétaro a cargo de Víctor Antonio de Jesús Hernández, solicitó una pena de tres años en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, al considerar que el aborto espontáneo se trató de un asesinato, y busca imponerle una multa de 518 mil pesos como reparación del daño para el padre de la concepción.
“Una perito en psicología determinó que la menor de 14 años no reveló los hechos de la violación debido a falta de educación sexual eficiente y una asesoría que le brindará confianza. Pese a esto no se siguió con la investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal (…).
La menor se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria y está en espera de fecha para su juicio.
La colectiva denunció, el día de la audiencia, que era intolerable que una menor denuncie una violación, citan a su agresor niega los hechos, aplican una prueba de paternidad y sale positiva. Pero la fiscalía cierra la investigación.
La menor de edad fue violada por hombre tres años mayor que ella, quien la amenazó para que no dijera nada. Resultado de la violencia sexual a la que fue sometida quedó embarazada, sin que supiera de su estado, y tras intensos dolores en el abdomen -que pensó eran cólicos-, fue a evacuar sin saber que tenía un aborto espontáneo.
Ella vive sola con su padre y su hermana en una comunidad indígena de Huimilpan, Querétaro. Cuando el padre la llevó al hospital, la doctora que la recibió en Urgencias le dijo que “su hija tuvo un aborto espontáneo”; pero la Fiscalía estatal realizó una necropsia al producto expulsado y determinó que “nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento”.
El 26 de septiembre, el ministerio público judicializó la carpeta de investigación en contra de la menor por homicidio calificado, porque según el fiscal el bebe nació vivo y fue producto de una gestación de más de 36 semanas.
Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales aseguró que el peritaje hecho por los servicios médicos que atendieron a la menor respalda que el feto murió varios días antes de ser expulsado.
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