SemMéxico, Cd. de México, 4 de febrero, 2025.- Elisa estuvo seis meses en la cárcel. Su “delito”: terminar la relación de pareja por violencia y denunciar al padre por retener a sus hijos, un día que ella salió de viaje. María Fernanda Turrent, fue encarcelada cuando iba a declarar contra su expareja y su caso no ha terminado; Regina Seemann lleva meses temiendo lo peor, por la misma causa y el espacio del que dispone Guillermo Sesma. La rectora Leticia Leal Moya sufrió el escarnio público del marido, profesor y de los medios. María Elena Josephine Hall Marín fue amenazada de muerte, perdió el juicio y perdió a su hija.
Los agresores reciben todos los apoyos y asesorías, cuentan a su favor con el sistema de justicia desde el Ministerio Público hasta los juzgados. Con poco dinero estos “influyentes” logran voltear las carpetas de investigación, hacen un montaje de “delitos imaginarios” contra ellas, las torturan psicológicamente y las agreden físicamente. No les pasa nada.
Ana Katerina Suárez huyó del país, amenazada, por desafiar al sistema judicial protector de violentadores con poder y defender a mujeres de distintas clases sociales. Hace meses un grupo de empresarios de alto perfil, denunciados por sus esposas –representadas legalmente por Katiria– armaron una campaña de descrédito en su contra.
La abogada, decenas de esposas -20 casos en un año en Veracruz– enfrentan la ofensiva del Colectivo Nacional no más Presos Inocentes, patrocinado por empresarios señalados por violencia intrafamiliar, entre ellos Luis Algheretti, procesado confeso por violación, tortura y feminicidio de su pequeña hija Fátima de 7 años, en 2020, un caso que conmocionó a la sociedad.
Escenificamos una nueva vuelta de tuerca, cuya expresión, otra vuelta de tuerca data de la Inquisición, cuando los torturadores, literalmente, giraban un tornillo en las extremidades de sus víctimas. Vivimos la supremacía masculina definida por Pierre Bourdieu al hablar de un tipo de violencia que se basa en la imposición del poder y la autoridad. Es el pacto patriarcal.
La violencia vicaria convertida en pandemia de impunidad e injusticia contra las mujeres, es dolorosa por constatar que cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, privándolas de autoridad y poniendo sistemáticamente en duda su palabra.
La encuesta del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria reveló que 9 de cada 10 agresores bloquean los procesos legales que las víctimas interponen, el 18% tiene cargos públicos, el 58% trafica influencias y 81% cuenta con poder económico.
La cuenta de casos es infinita. En los últimos años hemos conocido decenas de denuncias de esta violencia, donde está claro que hay “complicidad” de ciertos abogados y abogadas, como de juezas y jueces dispuestos a torcer la ley, le llaman interpretaciones de esta.
No importa cuántas leyes y decretos existan, en 15 estados está tipificado el delito, tampoco funcionan los protocolos, ni sirven los llamados a la buena operación de servidores públicos. En la ciudad de México hasta hay una fiscalía especializada. ¿Y?
Lo cierto es que según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la violencia vicaria aumenta cada año. Un dato obtenido en la página del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria asegura que en un año el incremento fue de casi 170 por ciento. Hace falta claridad sobre el problema, decisión política en serio, más allá de llamaradas por casos virales o de escándalo público. Se trata de un tremendo desafío, para la administración del poder ejecutivo, porque como es visible, las mujeres dejaron de callar. Veremos.
Periodista. Editora de género en la OEM. Directora del portal informativo http://semmexico.mx
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