La mayoría de víctimas no denuncia y la restrictiva legislación hondureña en torno al aborto impide evitar los embarazos producto de una violación.
Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 02 jul. 19.- Honduras es uno de los tres países de Centroamérica que criminaliza el aborto sin restricciones. El nuevo Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de prisión para las mujeres que aborten, aunque haya sido de manera espontánea. Tras el golpe de Estado de 2009, la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo. El impacto de este Acuerdo Ministerial se evidenció en el registro de los partos en adolescentes: Honduras es el segundo país con más adolescentes embarazadas entre los 10 y 18 años.
Desde entonces, desde el Centro de Derechos de Mujeres Honduras (CDM Honduras) han tratado de revertir este Acuerdo Ministerial con ministros, y a través de denuncias ante la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014 apoyaron el proyecto de ley presentado al Congreso para volver a acceder a la PAE, a través de la creación del Grupo Estratégico para la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE). El grupo participó en la mesa técnica que la Secretaría de Salud conformó para elaborar un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, incluida la prevención del embarazo. Este protocolo no obtuvo respuesta hasta 2018, cuando el nuevo Ministro de Salud declaró que los anticonceptivos de emergencia eran una decisión política y religiosa, y que no estaba en sus manos.
Con el anterior Estado, las organizaciones de mujeres y feministas tenían espacios de diálogo, y podían vigilar la correcta aplicación de la ley contra la violencia doméstica. Desde el golpe de Estado, el número de feminicidios ha aumentado (235 feminicidios solo en 2017), incluyendo la violencia sexual. “No sabemos qué están esperando. Mientras tanto, al menos 3.000 mujeres denuncian violencia sexual al año. La gran mayoría de las víctimas no lo denuncian, y ninguna tienen acceso a un mecanismo altamente comprobado que puede evitar un embarazo no deseado producto de la violación”, explica Regina Fonseca, coordinadora de CDM Honduras. Como una iniciativa ciudadana, mujeres jóvenes lideraron la campaña #YoNoQuieroSerViolada empapelando las calles de Honduras denunciando la violencia sexual que sufren las mujeres. Este mensaje se masificó, y acabó convirtiéndose en todo un movimiento.
Ahora, a través de la campaña #HablemosDeLoQueEs, CDM pretende desenmascarar mitos y difundir información veraz sobre la píldora anticonceptiva PAE, como una estrategia fundamental para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. “Seguimos luchando para que todas las mujeres puedan tener acceso a este método, que garantiza algún grado de justicia reproductiva para las mujeres en Honduras”, señala Fonseca, que opina que sí se están consiguiendo cambios en el pensamiento social, pues cada vez hay más gente expuesta a este tipo de información. Cree que una cuarta parte de la población ya ha puesto en el centro del debate la problemática de la violencia sexual.
Sin embargo, los grupos antiderechos tienen cada vez más influencia en el gobierno y el discurso articulado de la “ideología de género” ha ganado fuerza hasta convertirse en un brazo ideológico de la extrema derecha fundamentalista, que incluye alianzas entre católicos y evangélicos en incluso con organizaciones civiles.
El contexto actual, además, afecta definitivamente a los derechos sexuales y reproductivos. La caravana migrante hondureña es un fenómeno migratorio reflejo de las políticas de criminalización, remilitarización y falta de oportunidades. Sin tener datos globales, en la primera caravana se habla de que el 49% de las personas eran mujeres con niños y niñas, así como mujeres sin marido o sin pareja. Las campañas de detención de la migración criminalizan a las mujeres, y las políticas del gobierno han profundizado la situación de exclusión y pobreza, así como la brecha entre pobres y ricos.
Desde CDM, afirman que seguirán informando y reproduciendo información sobre salud reproductiva, en alianza con otros movimientos, para seguir demandando el protocolo para las supervivientes de violencia sexual, y la anulación del vigente Acuerdo Ministerial. Aseguran que “la institucionalidad en Honduras es tan frágil, que los ministros cambian constantemente y es muy difícil que avancen los discursos y se lleven a término sus solicitudes”.
