Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 21 de mayo, 2025.- Organismos internacionales como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch externaron preocupación por la detención de la abogada defensora de los derechos humanos, Ruth Eleonora López el domingo en la noche en su domicilio en El Salvador por la policía, sin especificar el motivo de la detención.
La defensora de los derechos humanos ha criticado la administración del presidente Nayib Bukele y ha investigado los casos de corrupción de fondos públicos que ha dado a conocer la ONG Cristosal a la que pertenece. La también docente de 47 años es abogada especializada en derechos humanos, procesos democráticos y derecho mercantil.
Los organismos internacionales exigieron su liberación y vieron en la detención una maniobra para acallar a una de las voces más críticas sobre el gobierno de Bukele, como Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para asuntos de América Latina, WOLA, quien ve el riesgo a la libertad de expresión que implica esta detención.
La senadora Jeanne Shaheen, directora del comité de Exteriores del Senado estadounidense posteo en su cuenta de X: Cuando los líderes encarcelan arbitrariamente a quienes, en la sociedad civil, denuncian la injusticia, todos debemos alzar la voz“.
El lunes la Fiscalía General salvadoreña informó del arresto de la abogada Ruth Eleonora López, porque la vincula con el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), Eugenio Chicas, quien también fue capturado en febrero por presunto enriquecimiento ilícito.
“Durante estos períodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado. Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan”, dijo la Fiscalía en un comunicado en X.
La BBC incluyó a Ruth López como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, durante 2024, debido a su activismo a favor del respeto a los derechos humanos y en contra de la corrupción.
El presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre el arresto orquestado por la Fiscalía al mando de Rodolfo Delgado, quien fue impuesto Bukele en junio de 2021 para sustituir al entonces fiscal Romeo Melara, quien junto a un grupo de fiscales investigaba diversos actos de corrupción en el gobierno de Bukele, entre estos la negociación con pandillas y el enriquecimiento ilícito de varios de sus funcionarios que, aparentemente, se apropiaron de fondos destinados para enfrentar la pandemia de COVID-19, en 2020.
Detención con engaños y hermetismo en dónde se localizaba
Los familiares de la abogada describieron a los medios como mediante engaños fue detenida, le dijeron a López que había un accidente de tránsito afuera de su casa, por lo que debía salir, y ya no la dejaron entrar a su casa ni siquiera para cambiarse la pijama.
Una grabación del momento de su detención muestra un breve diálogo entre la abogada y los policías que llegaron a su domicilio para apresarla. -“Tengan decencia, esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto»-, se escucha decir a López en la grabación. “Ya le vamos a explicar lo que pasa, no se preocupe”, responde uno de los agentes del orden.
“No, si ya lo sé: aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno, ese es el único problema», replica López.
Cristosal denunció en la red social que la “desaparición forzada” de López forma parte de “una estrategia sistemática de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele”. “Ni su familia, ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida”, indicó el comunicado de la organización.
Eleonora Alfaro, madre de la abogada capturada, exigió al presidente Bukele que ordene su liberación.
El director legal de Cristosal, Abraham Abrego, exigió al gobierno y a las autoridades policiales y fiscales, respetar la integridad de López y anunció que activarán mecanismos de denuncias en las Naciones Unidas, la Relatoría de Derechos Humanos y de Desapariciones Forzadas, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La red de radios comunitarias que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (Arpas), informó en X que López estaba recluida la cárcel conocida como “El Penalito” en la periferia de San Salvador, pero que había sido trasladada a un centro médico en privado en Santa Elena para un chequeo.
“Este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos impulsada por el gobierno de Nayib Bukele”, afirmó la organización.
Ruth Eleonora pudo reunirse con su defensa hasta este miércoles 21 de mayo
La defensora de derechos humanos Ruth López, detenida el pasado domingo en su residencia, pudo ver ahora a su abogado, según confirmó Cristosal, la organización donde ella trabaja, al final de una conferencia de prensa en México este miércoles.
«Exigimos a las instituciones del Estado que tengan decencia, como dice Ruth, que no sean cómplices con el autoritarismo. La represión no es nueva, pero sí se ha profundizado. Esto no es un ataque solo contra una persona, es un mensaje dirigido al movimiento de defensa de derechos humanos en El Salvador», dijo Noah Bullock, director de Cristosal, durante la conferencia de prensa.
«En representación de muchas organizaciones nacionales e internacionales, que estamos muy consternadas, pero también indignadas de lo que representa la detención de Ruth López para todas las personas defensoras, y para la región. En México conocemos de primera mano lo que significa la criminalización de personas defensoras», dijo Malu Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien pidió que cese la criminalización de defensores de derechos humanos en El Salvador.
Las investigaciones incómodas
Una de las últimas batallas contra la corrupción que ha libró la abogada Ruth López fue la denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por contrataciones irregulares durante la pandemia, así como solicitudes sobre el uso irregular de dineros del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
En octubre de 2024, también pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las anomalías que hubo en la entrega de subsidios durante la pandemia de COVID-19, específicamente posibles delitos en la entrega de $300 que el gobierno de Nayib Bukele hizo a familias afectadas en 2020. Este caso fue conocido como el «Caso 300», que documentó cómo durante la pandemia se entregó dinero del FOPROMID a organizaciones terroristas (pandillas).
Fueron 513 millones de dólares los que Bukele destinó para la entrega de ese bono, según dijo López el pasado 24 de octubre, cuando interpuso un aviso de denuncia, en la Fiscalía General, institución que el domingo anterior ordenó su captura bajo cargos de peculado (apropiación indebida de dinero del Estado).
“Ruth López ha denunciado valientemente la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Su detención es parte de una represión cada vez mayor para silenciar a críticos del gobierno de Nayib Bukele”.
Preciso que la detención de López se suma a una serie de acciones represivas impulsadas por el gobierno, que ha mostrado una creciente hostilidad hacia periodistas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
Precisó que el gobierno de Bukele, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, ha tachado a sus críticos de “defensores de las pandillas” y aprobado leyes que restringen la libertad de expresión. También ha revocado exenciones impositivas a algunas organizaciones no gubernamentales y detenido a algunos defensores de derechos humanos, entre ellos un abogado y un pastor evangélico que participaron en una protesta pacífica contra los desalojos. Ante el creciente hostigamiento, fiscales que revelaron casos de corrupción del gobierno de Bukele y sus negociaciones con las pandillas han debido exiliarse, al igual que varios periodistas.
El mandatario centroamericano, que cuenta con elevados índices de popularidad y es cercano a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, ha sido señalado por organizaciones internacionales de cooptar el sistema de justicia, encarcelar a inocentes durante el régimen de excepción para combatir a las pandillas criminales, ser reelecto de forma inconstitucional y deteriorar el sistema democrático.
Agencias Reuters, AP y AFP, diario La Prensa Gráfica y La Nación
