Denuncian represalias contra internas

Las afectadas denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) las condiciones en la que se presentó el fallecimiento 

Firman  una carta dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue y exigen información

Tania Selvas Ruiz 

SemMéxico/ Diario de Chiapas,  Tuxtla Gutiérrez, 20 de agosto, 2025.- A unos días de denunciar negligencia médica al interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 ubicado en San Cristóbal de las Casas, que provocó la muerte de una interna, la Colectiva Cereza Chiapas denunció el traslado ilegal de tres internas por revelar la muerte de su compañera Génesis. 

La Colectiva, que acompaña legal y psicológicamente a mujeres en situación de cárcel, indicó que Guadalupe, Rocío y Cinthia, junto con 57 mujeres del CERSS, denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) las condiciones en las que se presentó el fallecimiento y firmaron una carta dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), pidiendo que “se investigue por responsabilidad a las autoridades del penal por omisión de atención médica y omisión de ayuda de Alcaidía y del director, que terminó en la muerte evitable de Génesis”.

Así como otras situaciones de abuso y corrupción que están pasando en el CERSS 5”; señaló. En este sentido, destacaron que hasta la fecha la Fiscalía Altos no se ha presentado para realizar actos de investigación en el centro de reinserción, pese a que consideran que es su obligación y supone omisión de su deber de investigación. “La han tratado como una muerte natural con familiares de Génesis. 

Tanto la FGE como la Secretaría de Seguridad del Pueblo, quienes han querido ocultar los hechos y dar carpetazo al asunto. Estamos seguras de que el dictamen de necropsia será a modo y dirá otra causa como atragantamiento o similar, que se parece, pero no es el verdadero motivo, para así ocultar los hechos”. Explicaron que los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LENP) establecen que la juez de ejecución, a quien le corresponde en este caso, debe autorizar o no el traslado y convocar a audiencia para un debido proceso, ya que las tres compañeras trasladadas tienen sentencia firme, lo que hasta ahora no se ha producido, violando los derechos humanos de las internas.

 “Es un derecho de las personas privadas de libertad poder denunciar violaciones a derechos humanos propios y de sus compañeras que les afectan a todas. Y obligación de las autoridades actuar inmediatamente y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y hombres privados de libertad en los CERSS”.

 Por ello, exigieron que la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales tiene 24 horas para presentar un informe justificativo ante el Juez de Ejecución de Sentencias, que garantice los derechos de Guadalupe, Rocío y Cinthia; que aseguraron que no han cometido ninguna infracción al reglamento y de forma pacífica denunciaron ante las instancias correspondientes como es su derecho hacer.