- Consideraron urgente establecer rutas claras, accesibles y eficaces para el ILE
- Exhortan al gremio médico y de salud a no utilizar su moralidad personal y creencias para objetar la decisión de las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre, 2021.- Con presencia en 20 estados de la República las integrantes de la Red Médicas por el Derecho a Decidir se pronunciaron por un aborto legal y seguro en todo el país.
Llaman al sector salud público y privado para asegurar el acceso de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a un servicio de aborto seguro, de calidad y libre de estigmas que salvaguarde la integridad y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Consideraron urgente establecer rutas claras, accesibles y eficaces para el aborto seguro y legal en cada rincón del país, tras señalar que solo en la Ciudad de México se cuenta con clínicas gratuitas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a pesar de que, en Oaxaca, Hidalgo, y Veracruz ya está reconocido, pero aun en estos estados se presentan resistencias.
Decidieron darse a conocer públicamente este 28 de septiembre Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomara la resolución histórica de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres por abortar.
Así como la inconstitucionalidad de los artículos que reconocen la vida desde la concepción en algunos estados del país y la invalidación de la objeción de conciencia.
Como profesionistas de la medicina exhortan al gremio médico y de salud a no utilizar su moralidad personal y creencias para objetar la decisión de las mujeres y de las mujeres en su autodeterminación corporal y de vida.
Consideran que a partir de este momento ninguna mujer debería morir por un aborto inseguro, en conferencia de prensa expresaron estar conscientes de la violencia de grupos pro vida, pero consideraron que es momento de alzar la voz por un aborto legal y seguro en todo México.
Su objetivo es que todas las mujeres y niñas sepan que un aborto por violación es una urgencia pueden solicitar un servicio legal de interrupción del embarazo en cualquier hospital y si no lo pueden realizar en dicho lugar por ley deben remitirlo a otro servicio médico.
Su objetivo también es vincularse con otras organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al igual que las de las acompañantes que es considerado una práctica segura por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre todo en la pandemia.
Como profesionistas de la medicina les recordaron a las instituciones de salud que es su obligación es asegurar el acceso de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, a servicios de aborto seguro de calidad, con amplia cobertura, personal sensibilizado y capacitado.
Así como la disponibilidad de insumos adecuados para una atención digna, libre de estigmas y con salvaguarda de la integridad y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar usuarias.
También detallaron que no todas las personas en los servicios médicos están capacitadas para realizar un aborto por lo que demandaron capacitación en las instituciones y que se incluya en los planes de las escuelas de la medicina. Incluso están conscientes que dentro de estas clínicas hay personas que no necesariamente están a favor de la interrupción del embarazo y se refleja en la calidad del servicio.
Consideran que deben contribuir que las mujeres accedan a métodos de salud a educación sexual y reproductiva para que no haya embarazos adolescentes ya que ejercen en los espacios donde las leyes y los programas de salud debieran garantizar los derechos humanos para todas las personas, pero es ahí donde se han dado cuenta de las múltiples maneras en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se vulneran a diario.
Reconocen que la falta de acceso al aborto seguro constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, con una causal histórica de desigualdades de género y de injusticia social, cultural y económica.
“Consideramos que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, deben tener acceso a la interrupción del embarazo por cualquier causa, en condiciones de plena seguridad y legalidad”, afirman.
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