- Realiza INAI Encuentro conmemorativo 20 años de reconocimiento del Derecho a Saber en México
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio de 2022.- Para celebrar los 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el propósito de analizar los avances del acceso a la información, además de plantear los desafíos de este derecho se llevará a cabo el Encuentro Conmemorativo del reconocimiento del Derecho a Saber en México.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este lunes se realizará dicho evento, en la Ciudad de México y mañana el martes en Sinaloa.
Así se festejará la instauración de este derecho humano fundamental que es un instrumento clave para la vigilancia permanente de la función pública y el combate a la corrupción.
A través de un comunicado, el organismo aseguró que el desarrollo legal e institucional registrado en México, tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales, a partir la promulgación de la citada ley constituye un patrimonio democrático, social, político y cultural que se debe difundir, proteger y preservar.
En el documento, el INAI reveló que de 2003 al 31 de mayo de 2022, han ingresado tres millones 206 mil 531 solicitudes de las cuales dos millones 657 mil 178 son de acceso a la información y 549 mil 353 de datos personales. También se han interpuesto 161 mil 199 recursos de revisión, que constituyen el medio de defensa de las personas ante su inconformidad por las respuestas otorgadas a sus peticiones; de ese total, 140 mil 419 son de acceso a la información y 20 mil 780 de datos personales.
A lo largo de dos décadas, el marco normativo que garantiza el derecho de acceso a la información de las personas en México se ha ido robusteciendo y, en la actualidad, está conformado la Ley General de Transparencia, la Ley Federal y 32 Leyes Estatales.
Además de la existencia de un organismo garante nacional, existen 32 locales, todos integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) del que también forman parte el Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las y los peticionarios pueden hacer solicitudes de información a cualquier instancia pública o persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal, incluidos órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.
De manera adicional se dispone de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la que se pueden hacer solicitudes o buscar información de los más de ocho mil sujetos obligados del país, así como el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), un call center al que se accede gratuitamente llamando al Tel INAI 800 835 4324 y es atendido por personal experto que asesora en la presentación solicitudes de información, incluso, sin necesidad de contar con Internet.
Tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2002, y entró en vigor al día siguiente.}
Según el INAI, el diseño legal e institucional provino de la movilización ciudadana y las ideas promovidas por académicos, periodistas y editores de periódicos, que conformaron el Grupo Oaxaca, con el fin de impulsar que este derecho fuera garantizado por el Estado.
Un año después, el 12 de junio de 2003, entró en funciones el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a través del cual, por primera vez, las personas pudieron ejercer su derecho de acceso a la información, mediante solicitudes formales dirigidas a las dependencias y entidades de Administración Pública Federal.
En las dos últimas décadas se han realizado dos reformas constitucionales que han sido fundamentales en la evolución del derecho de acceso a la información: la primera en 2007, la cual que permitió desarrollar de manera más amplia la narrativa constitucional de este derecho; y, la segunda, en 2014 que dotó al órgano garante de autonomía constitucional, además extendió la obligación de transparentar y rendir cuentas a todas las instituciones del Estado mexicano.