SemMéxico, Cd. de México, 22 junio 2017.- Académicas y representantes de organizaciones de defensoras de derechos humanos, coincidieron en los riesgos que implica la aprobación de la iniciativa de Seguridad Interior y al igual que la senadora Angélica de la Peña señalaron que la militarización de la seguridad pública no es la solución.
Al participar en el Conversatorio Seguridad Pública y Derechos Humanos, realizado en el Senado de la República, De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que es urgente avanzar en el tema de la seguridad interior para regular la participación del Ejército e insistió en que los militares no tienen que hacer las tareas de la policía, sino que deben de estar en sus cuarteles.
La senadora Angélica de la Peña destacó que el Artículo 21 constitucional es muy claro al señalar que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, no a las fuerzas armadas.
En ese sentido, dijo es necesario regular la actuación de las fuerzas armadas con la Ley de Seguridad Interior y que el Congreso trabaje en la resolución de la crisis de inseguridad de manera pública y transparente.
Señaló que es importante que se fortalezcan las corporaciones policiacas para lograr que la sociedad se sienta segura y se garantice tranquilidad y la paz, y sobre todo que quienes cometen delitos sean llevados ante las autoridades.
La académica y politóloga Denise Dresser, aseguró que la propuesta de Ley de Seguridad Interior “busca una modificación constitucional para permitirle al Ejército que haga lo que pasó en Palmarito, pero que eso ya sea legal”, además, agregó esta ley también permitiría el espionaje contra periodistas y activistas.
Por ello, consideró que no debe haber un periodo extraordinario, ya que la Ley de Seguridad Interior no puede aprobarse “sin debate, sin las reglas fundamentales del parlamento abierto”.
No se puede construir un Estado Derecho sin policías funcionales, si permitimos que el Ejército mexicano cuente con cobertura constitucional para ampliar su actuación, acumular más poder y permitir la perpetuación de este contexto de seguridad con guerra, eso lo vamos a pagar, “porque cualquiera podrá ser detenido en un retén, convertido en un presunto culpable y acribillado como tal”.
Citó que el mes de mayo pasado ya ha sido registrado como el más violento del sexenio de Enrique Peña Nieto y el peor en 20 años, ya que se registraron dos mil 254 homicidios dolosos y mil 246 culposos en todo el país, según con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, Dresser preguntó: “¿Por qué seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos?”.
La investigadora Catalina Pérez Correa expuso que es inconstitucional lo que sucede hoy en México, de ahí que sean necesario herramientas y advirtió sobre el riesgo de las iniciativas que plantean una ley de Seguridad Interior, pues buscan legalizar la presencia del Ejército en las calles.
La investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) dijo que tenemos “en México es un estado de emergencia en distintas partes de la República, esto es lo que sucede cuando un Estado no tiene policías capaces de realizar esas labores”. En cualquier otro país se declararía un estado de emergencia, en lugar de hacer una ley que regule el hecho de que un estado en particular no tiene las capacidades para cumplir con sus funciones constitucionales de garantizar la seguridad pública para la ciudadanía de esa entidad.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que el debate en el país “debe ser si realmente las instituciones de seguridad y de justicia por sí mismas son suficientes, tienen capacidad, fuerza y profesionalismo para lograr el acceso a la justicia que requiere el país, y lograr revertir esta realidad de impunidad escandalosa”.
Creemos que nuestras instituciones requieren la cooperación internacional. Creemos que las instituciones tienen que hacer su tarea, pero no es suficiente su capacidad y entonces hay que generar mecanismos, asentó.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señaló que aprobar una Ley de Seguridad Interior incrementaría las violaciones a derechos humanos, porque se ha demostrado empíricamente que el despliegue militar, lejos de reducir la violencia, incrementa los riesgos de abusos.
Por su parte, José Antonio Guevara, también integrante del colectivo llamado Seguridad Sin Guerra, sostuvo que México debe tener una política de seguridad consistente con sus obligaciones constitucionales y respetuosas de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, “buscamos el regreso de México a la normalidad democrática, que se ha perdido por estas fallidas políticas de seguridad de los últimos años”.
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