Advierten OSC grave riesgo en 16 poblaciones de Chiapas

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  • AMLO minimiza lo que ocurre en la frontera sur: asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento y despojo
  • Se imponen grupos criminales, gobierno estatal omiso

Redacción

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1 de agosto, 2024.- El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur emitió una acción urgente por el riesgo que viven al menos 16 municipios y ejidos de esta entidad, que buscan ser controlados por el crimen organizado y la acción poco efectiva del gobierno mexicano, que pone en riesgo la vida y la seguridad de miles de familias.

En el documento advierten que la población civil de esta entidad se encuentra en alerta máxima y señalan de manera específica los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras, como las más afectadas e incomunicadas por los bloqueos carreteros que realiza el crimen organizado.

La Acción Urgente firmada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil y personas, acusa que las autoridades estatales y federales han dejado en desprotección y abandono a estas comunidades, donde su población es obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Por ello, “resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades

federales, en cabeza del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), que minimiza la situación humanitaria y descarga la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”.

Afirmaciones que aseguran muestran desconocimiento sobre lo que enfrentan las personas frente la amenaza de los grupos violentos y el uso de las armas. Además, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.

En la Acción Urgente muestran que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. 

Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.

El recuento de los daños

En octubre del año pasado, Chicomuselo fue epicentro de la disputa territorial por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas migrantes. A inicios de este año, el despojo de territorios y el desplazamiento forzado se ha concentrado en la sierra y altos de Chiapas de donde han salido miles de familias huyendo del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos, así como, por las disputas que se siguen viviendo en la zona y que han ocasionado la muerte de civiles. 

El 13 de mayo se confirmó la masacre de 11 personas en el ejido Nueva Morelia perteneciente al municipio de Chicomuselo, aparentemente por oponerse a la extracción minera. Posteriormente, 19 personas fueron asesinadas el 28 de junio en La Concordia.

Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, «nadie entra y nadie sale» por orden de los grupos criminales. Se suman cortes de luz y de telecomunicaciones, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación.

Aunado a estos hechos, se han presentado acciones armadas en distintas zonas que representan un ataque contra civiles y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. 

Se incrementó el desplazamiento forzado de familias huyendo, incluso al país vecino Guatemala, para salvar su vida. Inicialmente, 500 personas; pero, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango.

Como ha sido señalado por la Corte-IDH, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que pone en riesgo una gama de derechos y, por lo tanto, debe ser entendido como una condición de facto de desprotección, que pone a las víctimas en especial vulnerabilidad, la cual se acentúa por la proveniencia rural, su pertenencia a un grupo indígena, debido a su edad o de su identidad de género. 

Estas organizaciones documentan como factores de desprotección: Las afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, el reclutamiento forzado, el confinamiento y las restricciones a la libre movilidad de la población, la escasez de víveres y artículos de primera necesidad, las restricciones de acceso a la salud y la educación, las afectaciones a la vida colectiva y la desarticulación comunitaria.

Por ello exigen al presidente López Obrador abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas.

También piden la inmediata intervención del gobierno federal en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.

Que, junto con el gobierno estatal garantice que las personas afectadas por la violencia puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Y que la Secretaría de Salud les brinde atención, en tanto que el DIF estatal debe brindar alojamiento y alimentación.

Las organizaciones de la sociedad civil piden a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conocer e investigar las violaciones de derechos humanos antes descritas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para dar cumplimiento a las leyes estatales y federales de

protección a las personas afectadas.

A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar

mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que podrían ser objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados.

Que se facilite el retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. Que

la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca una mesa de coordinación

binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país.

Y finalmente, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumir la responsabilidad en la protección de los niños, niñas y adolescentes y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar las denuncias de reclutamiento forzado.

SEM/sj

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