- México vive feminicidios, desaparición, asesinatos de madres buscadoras más
- Hay 5 mil huérfanas y huérfanos por feminicidios y 82 asesinatos de medio ambientalistas
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 23 de enero, 2024.- A un día del Examen Periódico Universal (EPU) de México ante la Asamblea General de la ONU el 4º Informe del Colectivo EPU.MX expone la crisis de derechos humanos que vive el país y que no atiende el Estado Mexicano, lo que resulta en 3 mil mujeres víctimas anuales, 11 asesinadas diariamente, 40 mil mujeres desparecidas entre el 2018 – 2022 en edades entre los 10 y 19 años.
México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado, particularmente desde el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la administración federal.
Sin políticas públicas a pesar del reconocimiento de la violencia contra las mujeres con la declaración de 25 alertas de Violencia de Género en 22 de las 32 entidades del país, sin diagnósticos oficiales que permitan el cruce de violencias de trata y feminicidios y su relación con el crimen organizado para la adoptación de políticas públicas para detener estas violencias.
Ante este panorama destaca el incumplimiento por parte del Estado Mexicano de las recomendaciones en la materia, el debilitamiento del Estado de Derecho, el avance de la militarización, el deterioro del espacio cívico y de órganos autónomos.
La postura del gobierno mexicano es negar la crisis de derechos humanos.
Desde el Ejecutivo federal se han dirigido constantemente mensajes de deslegitimación contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales.
Diversas organizaciones y mecanismos internacionales han constatado que el discurso oficial estigmatizante, en particular sobre la prensa, contribuye al deterioro de la opinión pública y potencializa el riesgo de la labor periodística.
En México entre diciembre del 2018 y noviembre del 2022 se han asesinado a 106 defensoras y defensores de derechos humanos. A 59 periodistas.
Entre 2018 y mayo del 2023 fueron asesinadas 10 buscadoras de sus familiares desaparecidos.
Entre 2019 y mayo de 2022, 82 personas defensoras del medio ambiente también fueron asesinadas.
Mientras que a nivel extrajudicial las ejecuciones por parte de agentes de seguridad estatales y federales, desde su creación y hasta el cierre del 2022, la Guardia Nacional ha hecho uso de la fuerza con arma de fuego en 402 eventos, en los cuales fallecieron 162 personas civiles.
La Guardia Nacional reportó en esos años sólo tres casos de uso excesivo de la fuerza refiriéndose exclusivamente a aquellos en los que la CNDH emitió una recomendación.
La violencia contra las mujeres en México
En 2019 asesinaron a 11 mujeres diariamente y en 2021 se tuvo el máximo registro histórico de feminicidios con 1, 018.
De diciembre de 2018 a abril de 2021, 5,072 personas de 0 a 17 años han quedado huérfanas por feminicidios en México En promedio, de diciembre de 2018 a marzo de 2021 se han registrado 177 casos mensuales de orfandad por feminicidio; más de cinco niñas, niños y adolescentes huérfanos por día.
En 2022 se denunciaron 82 mil 715 delitos sexuales en todo el país, de los cuales 23 mil 099 fueron violaciones.
La mayoría de los estados no cuentan con protocolos para víctimas de violencia sexual, o bien, están desactualizados a pesar de que México está obligado desde la sentencia del Campo Algodonero a contar con protocolos de investigación de delitos sexuales y de acceso a servicios médicos y de apoyo a víctimas de delitos sexuales.
La NOM 046 de la Secretaría de Salud no se aplica adecuadamente porque hay poco personal capacitado para brindar atención a las víctimas, quienes muchas veces sufren revictimización por ello.
En el estado de Jalisco, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, existe un alto porcentaje de abuso sexual a niñas de entre 12 y 17 años de edad. En los últimos tres meses de 2023, se registraron 818 casos de abuso sexual contra menores de 18 años.
Es importante señalar que en Jalisco, la tipificación de la violación a menores de 18 años como abuso sexual (la clasificación más grave en materia penal), ha servido como excusa para negar la atención integral a las víctimas hasta el aborto, bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM) 04615.
El Estado niega a las mujeres el derecho al aborto porque asume que el delito de abuso sexual es menos grave, menos violento y más severo que el delito de violación. Se niega el aborto y se niegan todos los derechos previos que concurren y se vinculan con la práctica del aborto.
Por lo que el Colectivo EPU MX, una coalición de 300 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México, recomienda:
Homologar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo en las 32 entidades federativas
Homologar y actualizar los protocolos para la atención e investigación de casos de violencia sexual contra las mujeres
Garantizar partidas presupuestales progresivas para los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en los presupuestos de las entidades federativas.
Más de 7 mil niñas desaparecidas
En el país hay 7,382 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, siendo la mayoría mujeres. Aunque se aprobó un protocolo especializado para su búsqueda, su implementación presenta serias dificultades, por la falta de coordinación entre las varias autoridades.
En relación con la migración, ha habido un fuerte aumento en los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes, superando la capacidad de los centros de asistencia social y resultando en la separación de familias y un retorno sin considerar su interés superior.
El 49.5 por ciento de población tiene menos de 30 años, a pesar de eso se pretende desmantelar al Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA)), encargado de políticas públicas para niñas y adolescentes
El colectivo EPU MX recomienda:
Mantener el SIPINNA como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el carácter deliberativo y decisorio y la estructura orgánica; asegurar la implementación efectiva del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes y tipificar en el Código Penal Federal el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos como delito autónomo.
Recomienda al Estado Mexicano implementar una política de seguridad ciudadana de acuerdo a los estándares internacionales de derecho humanos que garantice el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad civiles el retiro paulatino de las fuerzas armadas de la labores de seguridad pública.
Una adecuada implementación de la Ley en materia de desapariciones, medidas efectivas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y el combate a la impunidad particularmente en las instituciones de procuración de justicia.
México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado, particularmente desde el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la administración federal.
La postura del gobierno mexicano es negar la crisis de derechos humanos al que se suma la resistencia al escrutinio internacional, los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional – incluyendo la de las Naciones Unidas– y a las labores de observación de la sociedad civil organizada.
En el actual periodo, se ha deteriorado y reducido el espacio cívico, perpetuando situaciones de riesgo para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
