Senado y Ejecutivo tienen pendientes 100 designaciones de organismos públicos, entre ellos electorales
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de agosto 2023.- Que al Senado de la República se le establezca un plazo límite para la designación de las tres personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pendientes y que se permita al INAI sesionar con el número de integrantes de su pleno con los que actualmente.
La petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sostiene en un Amicus Curiae elaborado por las organizaciones Fundar, Articulo 19 y Observatorio Ciudadano.
Señalan que quedo pendiente determinar los efectos de la sentencia del 13 de julio por la cual se desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se reconoció que el Senado incurrió en omisión al no nombrar a las personas comisionadas.
Por lo que al regresar la Corte de su periodo de receso piden se retome la discusión sobre la inoperancia del INAI, ya que actualmente son más de 7 mil 570 recursos de revisión de la ciudadanía que están sin resolver porque el Senado no cumple con las designaciones de tres comisionados del INAI.
Asimismo, solicitan a la Corte mande un mensaje contundente para que cesen las vulneraciones a los derechos humanos por parte del Senado porque al día de hoy acumulan cien designaciones pendientes de altas responsabilidades públicas y que acaten las sentencias del Poder Judicial.
La omisión deliberada de designar a tres personas comisionadas del INAI por parte del Senado incumple con lo dispuesto en la Constitución y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.
En el Amicus Curiae se advierte como una situación de alarma y evidencia de que el Senado y el Ejecutivo Federal incumplen sus obligaciones constitucionales con la intención de debilitamiento institucional de los organismos públicos de alta responsabilidad.
De acuerdo con el Observatorio de Designaciones Públicas se identifican hasta cien designaciones rezagadas de 19 organismos desde 2016, además de las que se van generando durante este año.
El INAI, el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción, son responsabilidad exclusiva del Senado. El resto inician con el envío de una propuesta y/o terna por parte del Ejecutivo Federal y el Senado deberá ratificar o no. Acerca de las que corresponden al Senado exclusivamente, sólo una vacante de la CS no ha iniciado, pero del resto la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado ya tiene los dictámenes aprobados en comisiones.
Entre las otras designaciones que están sin resolverse se encuentran 39 vacantes que corresponden a tribunales electorales estatales y cinco de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la antesala de una próxima elección presidencial y las dos designaciones de magistraturas del TEPJF en octubre de este año.
Lo anterior, sin considerar diversos órganos consultivos incompletos por esta parálisis inducida que ha provocado la omisión del Senado de la República de designar y cumplir con sus obligaciones legales.
Este rezago se contrapone además con lo establecido en el artículo 256 del Reglamento del Senado de la República, que prevé la facultad de iniciar los procesos de designación de manera anticipada para evitar que queden vacantes
La omisión del Senado vulnera derechos humanos
La omisión deliberada del Senado para nombrar a los tres comisionaos del INAI tiene como consecuencia directa la obstaculización a la garantía de múltiples derechos humanos, como los de acceso a la información, de protección de datos personales y de libertad de expresión.
Además, por el relevante rol que funge como derecho llave, se está imposibilitando indirectamente el acceso a otros derechos, como a la salud, la seguridad social, al trabajo, la justicia, la verdad, a un medio ambiente sano o a la participación ciudadana, por mencionar sólo algunos.
La imposibilidad de atender los recursos de revisión está afectando directamente trámites sensibles para las personas, como sus indemnizaciones, incapacidades o pensiones, al mismo tiempo impide que las constantes negaciones de información por parte de las instituciones públicas sean resarcidas o sancionadas.
De los más de 7 mil recursos de revisión pendientes, al 9 de julio el INAI ya tiene un proyecto para 4,767 de ellos.
De este universo, el 44 por ciento se relaciona con trámites que llevan a cabo los sujetos obligados y un 11 por ciento corresponde a información respecto a las condiciones laborales de las personas solicitantes.
De los recursos en materia de protección de datos personales, el 55 por ciento versan sobre información vinculada con pensiones, el 33 por ciento acerca del acceso a datos personales y un 8 por ciento relativo a expedientes médicos.
