Las restricciones a la internet ha acabado con la subsistencia de negocios
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de junio 2026.- Amnistía Internacional advierte que las autoridades iraníes están utilizando las llamadas “condiciones de guerra” para intensificar la represión de la disidencia, por lo que pide la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, el fin de las ejecuciones y que se garanticen los derechos humanos de la población en Irán.
“La comunidad internacional no debe permitir que las autoridades iraníes usen el conflicto como cortina de humo para reforzar su aparato represivo y cometer crímenes de derecho internacional con impunidad”, ha señalado Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional
A partir del ataque militar ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero del 2026, ya son más 6,000 personas detenidas arbitrariamente. Aumentaron las denuncias de desapariciones forzadas, tortura, juicios injustos, ejecuciones de motivación política y restricciones masivas al acceso a internet.
La represión es a los manifestantes, periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas, con procedimientos acelerados contra las personas detenidas, incluso por cargos que conllevan la pena capital; se han llevado a cabo al menos 39 ejecuciones políticas, así como “confesiones forzadas” en juicios farsas contra manifestantes. Y la preocupación generalizada por las desapariciones forzadas.
Las autoridades sometieron al aislamiento de internet a más de 90 millones de personas, con 88 días de duración, con argumentos de espionaje que castigaba con la pena de muerte, y que se restableció con restricciones el 26 de mayo de 2026.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, señala que las autoridades iraníes han erosionado aún más los derechos humanos de la población, afectada por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, y para mantener el control de poder han desencadenado toda una guerra contra la población que se atreva a criticar a la República islámica.
Para documentarse Amnistía Internacional habló con 10 fuentes informadas fuera de Irán entre familiares de víctimas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas con información sobre violaciones. Ha analizado vídeos publicados en Internet, ha estudiado mensajes de texto oficiales enviados por las autoridades, examinado declaraciones oficiales e informaciones de medios de comunicación estatales, y ha revisado informaciones de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán.
Criminalización del uso de Internet
El 25 de mayo de 2026, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó al Ministerio de Información y Tecnología de las Comunicaciones que restableciera el acceso al Internet global. El acceso comenzó a restablecerse al día siguiente, pero no está claro si se mantendrá la conectividad de Internet en un contexto de anuncios contradictorios de organismos oficiales, como el centro de medios de comunicación del poder judicial, que parecen cuestionar la legalidad de la orden presidencial que restablece Internet. Además, siguen preocupando la censura, la vigilancia y el procesamiento de personas que tratan de eludir las restricciones con el uso de redes virtuales privadas (VPN).
Las autoridades introdujeron un sistema discriminatorio de acceso a Internet por niveles que permitía solo a un pequeño número de personas usuarias aprobadas previamente —como las vinculadas a instituciones del Estado y algunos sectores profesionales aprobados— acceder a un Internet global menos restringido mediante servicios de “Internet Pro” al mismo tiempo que negaban a la población en general el acceso a Internet y la conexión entre sí y el mundo exterior.
Es común mensajes amenazantes por parte de la fuerza policial de Irán, conocida por su acrónimo FARAJA, como las de no cumplir con las restricciones, entre ellas fotografiar zonas dañadas en ataques aéreos y compartirlos con medios de comunicación o plataformas, lo que se consideraría colaborar con el enemigo con consecuencias legales. También insta a los usuarios a “delatarse”.
Según medios de comunicación afines al Estado del interior de Irán, el prolongado cierre de Internet ha destrozado medios de subsistencia en todo el país, hundiendo pequeños negocios y acabando con los ingresos de millones de personas que dependen de la conectividad digital.
Detenciones arbitrarias masivas, enjuiciamientos y bloqueo de activos
Las autoridades han detenido arbitrariamente en todo el país a miles de personas, algunas de ellas menores, so pretexto de la seguridad nacional e incluso por actos pacíficos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
El 17 de mayo de 2026, el jefe de la policía de Irán, Ahmadreza Radan, anunció que habían sido detenidos más de 6.500 “traidores y espías” desde el 28 de febrero de 2026. Según las autoridades iraníes y los medios de comunicación estatales, se han practicado arrestos masivos en provincias de todo el país, incluidas las de Alborz, Ardebil, Isfahán, Fars, Gilan, Golestán, Hamedán, Ilam, Kermán, Juzestán, Lorestán, Markazi, Jorasán del Norte, Qazvin, Qom, Semnán, Teherán, Azerbaiyán Occidental y Yazd.
Las autoridades y los medios de comunicación estatales llaman a la personas detenidas “terroristas”, “mercenarias”, “grupos contrarrevolucionarios”, “agentes de potencias extranjeras” y “colaboradoras del enemigo”.
Las acusaciones más comunes; presunta colaboración con Israel y/o Estados Unidos; posesión, venta o uso de equipos Starlink; compartir contenido sobre el conflicto en redes sociales; expresar opiniones a favor de los ataques aéreos contra la República Islámica y/o celebrar la muerte de altos cargos; difundir noticias falsas y rumores para perturbar la opinión pública; escribir consignas en lugares públicos; cooperar con medios de comunicación “terroristas”; “insultar la independencia y la libertad de Irán y a los símbolos sagrados del islam”, y “realizar actividades de propaganda contra el país, la bandera y símbolos nacionales y religiosos”.
Con la excusa de la guerra Las autoridades han detenido arbitrariamente, amenazado y/o citado a declarar a cientos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y otras personas que trabajan en medios de comunicación, activistas de la sociedad civil, activistas de los derechos laborales, estudiantes, docentes, familias de manifestantes y viandantes asesinados ilegalmente o ejecutados arbitrariamente que buscan justicia, y a miembros de minorías étnicas —como la árabe ahwazí, la baluchi y la kurda— y de minorías religiosas, como la fe bahaí y la cristiana
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