La Comisión para la Igualdad de Género avala cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 24 de junio, 2026.- La Comisión para la Igualdad de Género aprobó un proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a fin de reconocer expresamente en su texto la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar las mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas del país.
La presidenta del órgano legislativo, Martha Lucía Micher Camarena, precisó que esa condición puede incrementar los riesgos y las manifestaciones en contra de las mujeres, por lo que el dictamen, aprobado por unanimidad, plantea considerar un enfoque diferencial para protegerlas.
Para ello, detalló, el proyecto propone que para la emisión de las órdenes de protección también se debe considerar a las mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas del país, así como diseñar e implementar acciones específicas en esta materia para incluirlas en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.
Precisó que la Comisión para la Igualdad de Género decidió modificar los términos de “condición migratoria y contexto de movilidad” de la iniciativa original a “situación de migración, refugio o desplazamiento”, con el propósito de abarcar de manera integral las distintas realidades que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad.
Las modificaciones propuestas, además, actualizan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para incorporar en su texto a la Secretaría de las Mujeres como parte de las instituciones que conformarán el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.
La promovente del proyecto, Karina Isabel Ruiz Ruiz, destacó que su propuesta nace de la realidad “que no se puede ignorar” de las mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas, quienes enfrentan formas múltiples de violencia, como la sexual, la trata de personas, la explotación laboral, la discriminación institucional y barreras para acceder a la justicia.
Todo esto, añadió, se agrava por la falta de seguridad jurídica y económica que acompaña los procesos migratorios, donde México ya no es solamente un país de origen o destino, sino también de destino y refugio.
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