Autoridades de municipio oaxaqueño acuerdan multar a quien denuncie abusos

• Encarcelan a mujer y la multan, luego de que presentara una queja ante la Defensoría.
• DDHPO: El respeto a sus derechos humanos, “límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas”.

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 4 de enero del 2023.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el cuaderno de antecedentes para investigar la supuesta advertencia de las autoridades comunitarias de San Miguel Albarradas, municipio de Villa de Mitla, en relación a sancionar con multas económicas a la ciudadanía que denuncie actos de abuso de poder o violación de derechos humanos ante este órgano autónomo, medida que se tomó en contra de una residente de esa población.

La advertencia está consignada en un acta de asamblea respaldada por la autoridad que asienta la sanción a “toda persona o personas que salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, Defensoría o Fiscalía General del Estado) con una multa económica por la cantidad de cinco mil pesos, más los gastos que se generen de dar respuesta”.

La sanción supuestamente tiene el apoyo de la comunidad a partir de las prácticas del sistema normativo interno o usos y costumbres.

Bernardo Rodríguez Alamilla, ombudsperson advirtió que la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos, “son el límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas”.

Expuso que el Estado mexicano reconoce el derecho que tienen las autoridades de las comunidades indígenas para desempeñar funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y de acuerdo a sus usos y costumbres, así como con sus sistemas normativos, también, “dicha jurisdicción tiene límites constitucionales y convencionales”.

Y, es que la autoridad de Albarradas, a más de 90 kilómetros al sur de la capital, en la víspera del inicio del nuevo año encarceló a una mujer adulta por no pagar una multa de dos mil pesos, tras denunciar el abuso cometido en su contra por la autoridad local.

Según el testimonio de la agraviada, de nombre Josefina Martínez, expuesto en redes sociales, la mujer de la localidad indígena zapoteca fue encarcelada por haber excluido a las autoridades de San Miguel Albarradas a una comida celebrada con motivo de los festejos del día de la Independencia, el 16 de septiembre de 2022.

De acuerdo con la denuncia, las personas son obligadas bajo amenazas a firmar los acuerdos y callar para no ser sancionados.

Por estos actos, la Defensoría abrió la primer queja del presente año DDHPO/0001/(24)/OAX/2023 , al considerar que “los actos, hechos, sucesos, determinaciones o resoluciones producto de la jurisdicción indígena no deben ser contrarios a las normas que protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional, como la tortura, desaparición forzada, esclavitud y discriminación, o bien, que atenten al núcleo duro de los derechos humanos o que constituyan actos que lesionen gravemente la dignidad humana”.

SEM/MG