- En Chiapas, de cada 10 feminicidios que se presentan, 6 quedan impunes: diputada Floralma Gómez Santiz.
- Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional por el delito de feminicidio, situación que hasta el mes de septiembre registró un aumento del 24 por ciento.
Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de diciembre del 2022.- La llamada Ley Ingrid avanzó en el Congreso del estado de Chiapas, al ser turnada a la Comisión de Justicia, con la que se busca combatir la violencia mediática de género, al tipificar como delito que las y los servidores públicos filtren o difundan imágenes o información de víctimas de agresiones, particularmente de mujeres.
La reforma propone adicionar una fracción V al artículo 423 del Código Penal para el estado de Chiapas, con lo que pretende sancionar dentro del capítulo de los Delitos cometidos por Servidores/as Públicos durante la Ejecución de la Pena, Desalentando y sancionando a quien o quienes expongan, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos.
La propuesta legislativa plantea imponer de cuatro a diez años de prisión y de mil a dos mil días de multa.
La Ley Ingrid, está basada en el feminicidio en la Ciudad de México el pasado 9 de febrero de 2020 de Ingrid Escamilla Vargas, cuyas imágenes de su cuerpo desollado fueron filtradas por funcionarios/as públicos a la prensa.
La iniciativa presentada por la diputada, Floralma Gómez Santiz, en su exposición de motivos destaca que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional por el delito de feminicidio, situación que hasta el mes de septiembre se registró un aumento del 24 por ciento comparado con las cifras registradas en el mismo período del año anterior.
Por lo que “es necesario normalizar un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género para evitar la prevalencia de impunidad, ya que 6 de cada 10 feminicidios que se presentan en Chiapas quedan impunes, es decir no se castiga al agresor, porque las autoridades no realizan las investigaciones adecuadas y al final tienden a dar el “carpetazo” a los casos.
Entre las causas por las cuales existe ineficacia para garantizar el acceso a la justicia
La legisladora indicó que entre las causas por las cuales existe ineficacia para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; es la revictimización.
Muestra de ello subrayó, “es la violencia institucional que sufren las víctimas por parte de las y los impartidores de justicia, pues no hay un seguimiento legal en los procesos, e inclusive se busca justificar a los responsables”.
Aseguró que en Chiapas los casos de violencia que atentan contra la dignidad, vida e integridad corporal de la mujer, se han incrementado considerablemente, puesto que, tomando lo presentado por el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh), se han registrado hasta septiembre de 2022 en los delitos de homicidio culposo y de feminicidio, los niveles más altos que lo registrado a nivel nacional, siendo esto que el estado de Chiapas se ha posicionado dentro de los 10 primeros lugares del ranking nacional de delitos.
SEM/MG
