Transfiere gobierno gigantesca responsabilidad a padres y madres de familia.
Si se cae la escuela, ¿quién será responsable?
Sonia del Valle
SemMéxico. Cd. de México. 21 de junio de 2019.- Es larga la lista de oprobios y el desdén hacia la educación, la ciencia y la cultura en este sexenio, pero un tema en particular que debería preocupar no solo a los maestros y las maestras, sino a los padres de familia y a toda la sociedad, es la seguridad estructural de las escuelas.
El presidente propuso desaparecer al INIFED -la institución que se encarga de construir, vigilar, supervisar y normar la infraestructura física educativa-, y en su lugar, crear comités escolares para encargarles la “chamba” de construir, mantener y rehabilitar escuelas, constituidos por alumnos, padres de familia y docentes, con el pretexto del famoso, pero ineficaz, combate a la corrupción.
Es tan riesgosa la propuesta que vale la pena preguntar ¿de quién será la responsabilidad si una escuela se cae como sucedió con en el Colegio Rébsamen que construyó un segundo piso, sin supervisión y violando la normatividad, y donde se murieron 26 niños y adultos en el sismo del 2017? ¿De los comités escolares? ¿A quién metemos a la cárcel?
México está ubicado en una de las zonas del planeta con la mayor sismicidad, por eso no se entiende lo planteado por el presidente y cómo sociedad no hemos alcanzado a dimensionar el riesgo de trasladarle a los docentes y padres de familia, la construcción y rehabilitación de las escuelas. Los sindicatos magisteriales debían protestar, lo mismo que los consejos de participación social, porque el gobierno no puede claudicar de su responsabilidad.
¿No será que en el fondo lo que no le interesa al presidente es atender con seriedad el problema de la infraestructura escolar?
“El 31% (de las escuelas) presenta daño estructural en sus instalaciones y 33.4% funciona con estructura atípica, es decir, con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida por el INIFED” (INEE 2019).
En el informe preliminar sobre la Evaluación a la Política de Infraestructura para el Educación Obligatoria del INEE se advierte que al menos en una tercera parte de las escuelas de educación básica, los niños, niñas y adolescentes están expuestos “a riesgos de salud evitables dada la potencial vulnerabilidad en la que se encuentra la infraestructura; esta situación cobraría particular relevancia en zonas del país cuya propensión a agentes destructivos es mayor”.
Y el drama continúa: “La mitad (50%) de las escuelas de educación básica con CIT carecen de drenaje, aproximadamente una quinta parte (22.6%) no se encuentra conectada a una red de abastecimiento de agua y casi nueve de cada diez no cuenta con bebederos (88.5%) y/o comedor (87.5%)”, señala el documento.
Y no termina, porque las escuelas que sí cuentan con los servicios básicos, los tienen en condiciones deplorables.
“Del total de escuelas con CIT (Cédula de Información Técnica) que sí cuentan con servicios sanitarios, el 65% los tienen en condiciones regulares o malas; de hecho, en 16.8% tales servicios fueron clasificados en malas condiciones. Los datos, asimismo, muestran que el 22.4% de las escuelas tiene en malas condiciones sus instalaciones sanitarias, situación que dificulta o inhabilita el proceso de descarga de aguas residuales”, señala el documento.
Las escuelas están carenciadas. Son de pésima calidad y ponen en riesgo la seguridad de las y los niños.
Frente al diagnóstico, debían sonar campanas de alerta entre especialistas, maestros, padres de familia y legisladores, pues entregar dinero directo a las escuelas, a cambio de desaparecer al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) antes CAPFCE, pone en riesgo la seguridad de las y los niños.
Si con el INIFED se construyeron escuelas precarias, baratas, y después de los sismos difícilmente se ha logrado levantar la infraestructura con eficiencia y en condiciones estructurales que garanticen que no se van a caer, ahora sin nadie que vigile, esta película es de terror, pero ya está anunciada.
