SemMéxico, Cd. De México, 18 de abril 2018. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó tres dictámenes para reformar diversas disposiciones jurídicas en apoyo de los derechos humanos de las mujeres y para eliminar todo tipo de violencia.
Las legisladoras aprobaron un dictamen para incluir a la Secretaría de Cultura en la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mediante la reforma a la fracción II del artículo 12 de la ley de esa institución.
Con ello buscan generar mejores políticas públicas encaminadas a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, enriqueciendo las políticas públicas con perspectiva de género, consagrando la promoción, protección y difusión de los derechos femeninos en pleno respeto de todas las manifestaciones y expresiones culturales del país.
El objetivo es garantizar su acceso a la cultura, lo que significa preservar uno de los derechos humanos más importantes y trascendentales, a fin de que las mujeres participen con libertad para ejercer las prácticas culturales y acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a través del acceso a los conocimientos, métodos e instrumentos derivados de la investigación y la tecnología, que abona al empoderamiento y al desarrollo de la personalidad de esta población.
Se aprobó, por otra parte, la definición de discriminación múltiple en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con la adición de la fracción XII al artículo quinto, se establece ese concepto como “cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción a los derechos de las mujeres” en dos o más motivos, de acuerdo con el artículo primero constitucional y diversos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El documento establece que la discriminación es una práctica cotidiana en México, y que consistente en “dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o recibido”, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Además, señala que existen grupos que por sus características específicas o su forma de vida se enfrentan a mayores formas de discriminación, por ejemplo, los indígenas, los discapacitados, la niñez, los adultos mayores, las personas de la comunidad LGBTTTI y las mujeres.
“Las mujeres son víctimas de discriminación múltiple y es especialmente preocupante, ya que empeora la situación de vulnerabilidad de una persona ante una eventual violación a sus derechos”, precisa el dictamen.
Agrega que casi el 27 por ciento de este sector alguna vez ha sentido, totalmente o en parte, que sus derechos no han sido respetados por su condición de mujer. Además, ocho de cada 10 personas, a nivel nacional, opinan que a la mujer no se le debe pegar; sin embargo, 95 por ciento de la población cree que sucede.
Las dobles y triples jornadas que desempeñan, se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas. Al considerar el trabajo remunerado y no en su conjunto, esta población trabaja más horas a la semana que los hombres, al sumar casi 60 horas y los hombres poco más de 50.
Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que ganan 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales; 16.7% como comerciantes y 15.3% como profesionales.
La diputada Valeria Guzmán Vázquez (PRI), presidenta de la Comisión, explicó que el incluir esta definición no tiene impacto presupuestal.
Por otra parte, se avalaron dos minutas enviadas por el Senado. Una para incluir el principio de igualdad sustantiva y no discriminación en materia agraria y “promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”.
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