- En discusión agria porque “causa escozor” proyecto de Ley para educación sexual y reproductiva de niñas y adolescentes
- La violencia obstétrica es una violación a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres analiza el Senado
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México, 13 de octubre, 2023.- La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia , lamentó que la primera conexión que tienen muchas madres con sus hijas e hijos desde el nacimiento se vea afectado por la violencia obstétrica por parte de personal médico en instituciones de salud públicas, no sólo por maltrato sino por coaccionar y realizar procedimientos no autorizados como cesáreas y esterilizaciones.
Refirió que esta violencia contra las mujeres, como todas las violencias, tiene su origen en la cultura patriarcal, por lo que planteó en la iniciativa que acaba de presentar sobre el proyecto de Ley General de Población el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y reproductiva, propuesta, que dijo, ha causado escozor y no está siendo aceptada.
Consideró que es muy importante, esa iniciativa, para evitar el embarazo infantil en niñas de 10 a 13 años, y embarazo adolescente en menores de 13 a 17 años, que tienen más de 130 mil criaturas cada año.
Refirió que 2.5 millones de mujeres mexicanas, de 15 a 49 años, que tuvieron hijos entre 2016 y 2021, sufrieron violencia en la atención obstétrica, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Eso significa que cada año, en esos 5, 500 mil mujeres en promedio vivieron violencia obstétrica. Según la ministra en retiro, esas cifras están muy por debajo de la realidad, porque este tipo de agresión no es nueva, y muchas veces pasa desapercibida, por el contexto social permitido que acostumbra a hombres y mujeres a admitir el sistema patriarcal.
En el ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia obstétrica”, detalló la senadora Sánchez Cordero, que esta violencia comienza desde el embarazo cuando las mujeres no reciben información, se las trata mal y hasta se las ofende; persiste la coerción han para recibir y realizar procedimientos que no han sido autorizados, como los casos de cesáreas innecesarias o esterilizaciones sin consentimiento.
La violencia obstétrica que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres es un asunto de salud pública y se extiende a los recién nacidos.
“Hace falta crear conciencia, sensibilizar el tema, brindarles información a las madres y que sus decisiones sean tomadas en cuenta desde el embarazo, erradicando las malas prácticas, promoviendo el trato materno y neonatal respetuoso, digno, así como capacitar a los prestadores de servicios de salud y modernizar la atención médica para monitorear y evaluar los servicios de obstetricia e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos al sistema de salud”.
La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, consideró necesario que se aborde este problema y que las instituciones del gobierno tomen acciones para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Recordó que presentó una iniciativa – que no avanza- para que las mujeres que se encuentren en trabajo de parto puedan ser acompañadas por un familiar, a fin de evitar violencia obstétrica y las malas prácticas que realiza el personal de la salud.
“Las mujeres en trabajo de parto son muy vulnerables, por eso son blanco de muchas actitudes, humillaciones y hasta regaños del personal de la salud, que repiten una costumbre que no debe ser permitida”.
Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia y comisionada en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, destacó que la violencia obstétrica afecta de manera directa o indirecta el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer.
Explicó que se consideran actos de violencia obstétrica no atender eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir con las piernas levantadas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo al nacer, entre otras formas de maltrato o mala praxis.
Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, detalló que las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los familiares y los recién nacidos.
La especialista recomendó que para erradicar este tipo de violencia se requiere capacitación del personal médico de la salud, diseño de presupuestos y espacios de atención materna, brindar información amplia a familiares y pacientes, así como erradicar el maltrato cultural y social en salud reproductiva.
La Violencia Obstétrica es un delito
En el Código Penal Federal, la violencia obstétrica es un delito. La Ciudad de México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas, tanto en instituciones públicas como privadas, según información del Instituto Nacional de Salud Pública.
Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades para adoptar medidas tendientes a evitar y sancionar la violencia obstétrica, la Ley de Salud en la ciudad de México lo incorporó recientemente.
En México la cesárea, realizada en 45 de cada 100 nacimientos, la episiotomía usada en un 30 por ciento de los alumbramientos y de prácticas y conductas abiertamente violentas, subsisten a pesar de la ley, escribió en Semmexico la abogada Claudia Espinosa Almaguer.
La situación se ha incorporado al Informe 2020 de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicieron mujeres indígenas de Guerrero sobre comentarios ofensivos y falta de conocimiento de su cultura tradicional, durante el embarazo y el parto.
Desde 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación general para que los hospitales, públicos y privados, eviten la violencia obstétrica y resuelvan las dificultades en su personal y sus servicios, respeten los derechos humanos de las parturientas.
