- Las informadoras presentaron queja ante la CNDH
- Exigen intervención de la Fiscalía su intervención y a AMLO que cese de campaña de hostigamiento
Redacción
SemMéxico, Acapulco, Gro., 4 de abril, 2022.- Colectivos de periodistas de esta entidad condenaron las vejaciones sufridas por las reporteras Fortunata Larumbe Flores y Norma Patricia Flores Carballido por parte de policías comunitarios de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y del presidente municipal de Cruz Grande, Florencio Villarreal.
A través de un comunicado se sumaron a la queja que las periodistas interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra José Lorenzo Hernández, coordinador regional de la UPOEG; de Brisenia Cuevas de León, tesorera, y Rodrigo Pavón Gallardo, alcalde de Cruz Grande, Florencio Villareal, en la región e la Costa Chica.
Las agrupaciones firmantes del comunicado son el Club de Periodistas de Guerrero, A.C.; el Frente de Periodistas del Estado de Guerrero, Juan R. Escudero; la Asociación de Periodistas de Medios Digitales, Joseph Pulitzer; la Asociación Nacional de Locutores, delegación Guerrero, y la Asociación de Periodistas Francisco Zarco del estado de Guerrero, A.C.
En el escrito relatan que, bajo la premisa de que la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión define como periodista a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función.
Así como también el Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios.
Y a que se distingue al periodista como aquella persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración, con o sin título profesional o registro gremial que acredite su ejercicio.
Del escrito de queja número 2022/ 29873, ellas relataron que el 31 de marzo de 2022, al mediodía, llegaron al ayuntamiento para ser atendidas por la tesorera municipal Cuevas de León, “para acordar el pago de publicaciones de la campaña para su presidencia”.
“La tesorera nos informó que ella no tenía ninguna instrucción del presidente municipal para generar algún pago de publicaciones de la campaña… Cuevas nos invitó a salir de su oficina por lo que no accedimos hasta que obtuviéramos una respuesta sobre nuestro pago”, manifestó Larumbe ante el escrito presentado ante la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Expusieron que la funcionaria les dijo que no le quedaba de otra que traer a la Policía Comunitaria. Acto seguido, “llegó un sujeto, con lujo de violencia y muy prepotente, tomó su radio, se comunicó con un individuo y le dijo, suban para que me saquen a estas pinches viejas”.
Las agraviadas fueron jaloneadas y pateadas dentro de las oficinas de la tesorería por los elementos de la UPOEG.
“El coordinador nos encaró, si dicen algo, o sacas alguna nota, las voy a matar no abran la boca”, puntualizaron que fueron amenazadas.
Norma Patricia Flores Carballido y Fortunata Larumbe Ramos temen por sus vidas, por ello han denunciado estos hechos ante el Ministerio Público de Atención Integral, Karla Osiris Torres Herrera –proceso 12180750100021310322- y, la CNDH, para que se investigue y se proceda conforme a derecho.
Ante los hechos, las colectivas de periodistas exigieron a la Fiscalía General de Guerrero dar celeridad a ésta denuncia que alienta el clima de hostigamiento por parte de instancias gubernamentales para agredir física, emocional y económicamente a quienes ejercemos el periodismo en México.
De igual forma, llamaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que cese su campaña de hostigamiento en contra de los periodistas en general y cuyo ejemplo ya permeó a comunidades tan alejadas, como Cruz Grande, y que pueden ser causa de crímenes en contra de periodistas en general.
SEM/sj
