Coordenadas de la Realidad | Sinaloa: el precio de la omisión

Claudia Ruiz Massieu*

SemMéxico, Cd. de México, 6 de mayo, 2026.-Durante años, las instituciones mexicanas recibieron señalamientos sobre Sinaloa y decidieron no actuar. Lo que no se investigó aquí, lo documentó una corte en Nueva York, a partir del testimonio de imputados y testigos protegidos que decidieron colaborar con la justicia estadounidense. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia presentó cargos formales de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y funcionarios del gobierno estatal: la acción jurídica más importante que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en funciones.

Detrás de esa omisión había una racionalidad política comprensible: parecía menos costoso mantener la cohesión interna que investigar a los integrantes de las propias filas. Mientras las consecuencias se quedaran dentro de nuestras fronteras, ese cálculo pudo ser conveniente. Sin embargo, el contexto cambió y, con él, cambiaron las consecuencias.

En febrero de 2025, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa como Foreign Terrorist Organization, ampliando la jurisdicción estadounidense sobre sus operaciones y sobre quienes las facilitaron. Personajes como Ovidio y Joaquín Guzmán López firmaron acuerdos de colaboración con la justicia estadounidense y señalaron directamente a funcionarios mexicanos. El Departamento de Justicia tuvo años para construir un caso a partir de testimonios y evidencias. En México, en cambio, las denuncias sobre Sinaloa llevaban años acumulándose en las fiscalías estatal y general sin derivar en investigación alguna.

La respuesta del gobierno federal a la acusación es reveladora de una insuficiencia estructural. Cuando se hizo pública, la presidenta Sheinbaum Pardo la encuadró como un ataque externo. Su mensaje político fue defensivo hacia afuera y confrontativo hacia adentro: equiparó a quienes cuestionan el caso con los conservadores del siglo XIX que pedían la intervención extranjera; este lunes confirmó que Rocha Moya conserva protección de la Guardia Nacional, justificada en un supuesto análisis técnico de riesgo.

Una jefa de Estado habría ordenado que las autoridades competentes investigaran y procedieran conforme a derecho. La presidenta dijo eso, pero lo envolvió en un discurso militante de trinchera que delató la verdadera jerarquía de sus lealtades. Esa confusión entre dirigir un partido y encabezar una nación no es un rasgo de la titular del Ejecutivo, sino uno de los caracteres fundacionales de un movimiento que nunca entendió la separación entre ambas funciones. El caso Sinaloa le está pasando factura.

Desde la administración pasada, la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos ha operado a través de concesiones coyunturales —desde golpes mediáticos hasta extradiciones extralegales— sin traducirse en reglas claras ni mecanismos estables y duraderos. Es una relación construida sobre coyunturas, no sobre instituciones. Esa fragilidad no era visible mientras ambos gobiernos encontraban conveniencia en el arreglo. Cuando la voluntad encontró sus límites, Washington actuó unilateralmente.

México llega a la renegociación del T-MEC con ese flanco abierto, con una contraparte que sabe que puede prescindir de la coordinación formal cuando conviene a sus intereses. En una negociación, ese antecedente puede cambiarlo todo.

Washington tiene un expediente judicial, jurisdicción indefinida por la designación terrorista y, de acuerdo con fuentes anónimas, podría tener otros casos en proceso. Quizá la omisión funcionó políticamente durante un tiempo, mientras las consecuencias fueron manejables. Ya no lo son.

En el fondo, este caso nos confronta con una pregunta más elemental sobre la función del Estado: si sus instituciones tienen la capacidad real de separar el interés del movimiento del interés nacional, o si esa capacidad depende siempre de la conveniencia política del momento. Esa pregunta no llegó desde Washington. Pero si México no la responde, Washington sí lo hará.

Publicado originalmente en La Aurora de México. Claudia Ruiz Massieu Salinas es abogada de formación, política y diplomática por vocación. Ha visto y vivido la política de México y el mundo desde distintos espacios: el Congreso, la Secretaría de Turismo, la Cancillería y la dirigencia partidista. Como aficionada a la historia, la literatura, el arte y la aviación, busca aproximarse a los temas con un enfoque panorámico y visión estratégica, para encontrar las coordenadas que permitan un aterrizaje suave y certero en la realidad.