- El juez familiar ha actuado de forma parcial
- Un juicio de paternidad y demanda de pago de pensión ha desencadenado amenazas e injurias, incluso de índole sexual
Elda Montiel
SemMéxico. Saltillo, Coah., 7 de marzo 2024.- Una historia de impunidad, influyentismo, violencia vicaria e institucional es la que vive Hatzy N, madre de una menor de un año 11 meses de edad, y quien promovió un juicio de reconocimiento de paternidad en contra del Coronel de Infantería del Ejército mexicano José B.Ch., en esta entidad, quien se negó a reconocer a la menor y por tanto a otorgar una pensión alimenticia a su favor.
Ante la negación de justicia en esta entidad, podría solicitar la intervención de la Corte mexicana ya que la madre de la menor, diagnosticada con una condición de hemiparesia, parálisis en un lado del cuerpo que puede afectar brazo, pierna y músculos faciales, ha sido víctima de amenazas por parte del demandado.
El Coronel de Infantería del Ejército mexicano, José B.Ch. tuvo conocimiento del embarazo de Hatzy, antes de ser comisionado en la agregaduría de la embajada de México en Canadá en 2021 y se comprometió con la entonces futura madre a cumplir con su obligación parental, pero no lo hizo. En agosto pasado, el militar volvió a México.
Por diversas dificultades financieras para mantener a su hija y a otro hijo de 12 años, promovió un Juicio de Reconocimiento de Paternidad y pensión alimenticia a favor de la menor ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Abraham González Esquivel.
En dicha demanda expuso que ha sido víctima de una serie de agravios -tales como amenazas, calumnias e injurias-, que configuran una reiterada violencia psicológica y económica, inclusive de índole sexual, en un afán de hacerla desistir de reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
Ante la dificultad de lograr el emplazamiento a juicio del demandado dada su residencia en Ottawa, Ontario, Canadá, solicitó por escrito la intervención del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, en agosto de 2022. Le respondieron que su petición era un asunto particular por lo que no podían intervenir.
En octubre del 2022 dentro del juicio familiar y en virtud de la acreditación de su paternidad en forma presunta, se logró un acuerdo por el 20 por ciento de los ingresos del demandado que sube al 25 por ciento por el conocimiento del juzgado por el diagnóstico de hemiparesia de la menor.
Esta sentencia provocó situaciones de violencia del demandado contra la demandante, entre ellas, una amenaza de muerte en una videollamada desde la embajada de México en Canadá, en el que le pedía devolviera parte del porcentaje de pensión.
Hatzy N presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila por violencia familiar, amenazas e intimidación, en agravio de ella y su hija.
La denuncia fue atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas con residencia en la Ciudad de México. Siendo favorables los dictámenes en psicología y trabajo social. En junio pasado debió realizarse la prueba pericial en materia de informática, para demostrar la autenticidad de conversaciones de WhatApp donde el denunciado realizó diversas amenazas e insultos hacia la demandante.
Durante el proceso judicial, Hatzy N señala que fue objeto de violencia institucional, cuando solicitó la recusación del perito, es decir la separación del caso, ya que la abogada del demandante Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito designado por oficio, Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, comparten un lazo por consanguinidad en el segundo grado, al ser hijos del mismo padre. En respuesta fue acusada de falta de probidad.
Posteriormente, desestimaron todas las pruebas presentadas y se le negó derecho a designar perito en materia de genética y a obtener información sobre la certificación del laboratorio, lo que reclamo en un amparo indirecto.
Cabe destacar que dicho asunto podría constituir un precedente de importancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en atención a que implica la posibilidad de establecer una regla procedimental especial para el trámite de juicios de reconocimiento de paternidad, donde impera el resultado de una única prueba científica que es la de ADN, por lo cual se realizará solicitud de facultad de atracción por la SCJN en la vía correspondiente.
Ante la conducta del juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Abraham González Esquivel, promovió una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, el 28 de septiembre de 2023 y esta que sigue pendiente de resolución.
Asimismo, el pasado 10 de noviembre de 2023 se interpuso queja administrativa contra el perito único en genética designado de oficio por el juzgador familiar Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, ante la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, radicada bajo el número de expediente 202/2023. Sin que a la fecha haya renunciado al cargo conferido en el juicio familiar.
Existe un evidente desequilibrio de poder, aunado a sus múltiples amenazas por lo que teme se sigan cometiendo actos de corrupción e influyentismo, pues considera que el poder judicial local ha actuado en forma parcial y ha favorecido al demandado.
