- 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural
- Más del 60 por ciento de las cubanas del campo no tienen un vínculo laboral formal, lo que no significa que no trabajen
Dixie Edith
SemMéxico/Semlac, La Habana, Cuba, 16 de octubre, 2023.- Baja participación en el empleo remunerado y una carga excesiva de labores domésticas clasifican entre las brechas fundamentales que, en materia de derechos, frenan el desarrollo de las mujeres rurales cubanas, coinciden cifras e investigaciones diversas.
Según el Anuario Estadístico de Cuba 2022, ellas representan apenas el 18,5 por ciento de las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura.
En tanto, el más reciente informe sobre desarrollo humano y cuarto publicado en el país asevera que, si bien las mujeres representaban en 2019 el 46,3 por ciento de la población rural, sólo eran el 26,1 por ciento de la fuerza laboral económicamente activa en esas zonas.
Bajo el título “Ascenso a la raíz. La perspectiva local del Desarrollo Humano en Cuba 2019”, el texto advierte que más del 60 por ciento de las cubanas que viven en los campos no tienen un vínculo laboral formal, pero eso no significa, necesariamente, que no trabajen.
«Las mujeres vinculadas a los espacios agro productivos dedican mucho tiempo al cuidado de los animales, de los huertos familiares o a la elaboración de alimentos, labores que forman parte de todo ese trabajo reproductivo que no se ve, no se paga; pero existe y sostiene la vida», considera la investigadora feminista Georgina Alfonso, directora del Instituto de Filosofía.
Los datos lo confirman. El citado estudio sobre desarrollo humano refiere que la tasa de participación de las mujeres rurales en trabajos no remunerados es de más del 98 por ciento, lo que representa el 80 por ciento de su tiempo personal.
«Cuando se habla de garantizar a nivel de país la seguridad alimentaria, por ejemplo, se llega hasta la siembra y la cosecha; pero casi nunca se habla de la parte de elaboración y conservación de los alimentos, que son los aportes de las mujeres a ese proceso esencial, pero están naturalizados por la división sexual del trabajo», reflexiona Alfonso.
Zancadillas para llegar al surco
La rudeza de la labor agrícola, las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios con que se remunera a los empleos considerados «típicamente femeninos», la sobrecarga de responsabilidades domésticas y, en general, las tareas de cuidado representan importantes barreras para su incorporación al sector agropecuario, coincide el estudio “Condición y posición de las mujeres rurales en Cuba” Desarrollado por las investigadoras Miriam García, Yenisei Bombino, Betsy Anaya y Dayma Echevarría, se trata de un análisis sobre el impacto, en este sector de la población, del proceso de actualización del modelo económico y social implementado en la nación caribeña desde 2011.
Para que una mujer pueda incorporarse a las tareas productivas o participar en procesos de liderazgo, también hay que pensar «en servicios de apoyo al hogar que alivien las difíciles condiciones que tiene hoy el país y le permitan equilibrar esas cargas domésticas», opina Aurelia Castellanos Quintero, presidenta de la filial capitalina de la Asociación Cubana de Producción Animal (Acpa).
En tanto, la psicóloga Vilma Hidalgo López-Chávez considera que las desventajas de género se expresan también en la escasa «participación en formas de propiedad de mejor remuneración y prestigio social, acceso al empleo, salario, posesión de activos, conciliación de la vida pública y privada», según expone en el texto “Desigualdades sociales y ruralidad en Cuba. Los desafíos a la política social”, publicado en mayo de 2021 por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en alianza con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Esos resultados coinciden con los de un diagnóstico de género coordinado en 2023 por Georgina Alfonso, como parte del Convenio «Apoyo al Programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, mediante sistemas agroalimentarios resilientes e inclusivos para el autoabastecimiento en seis municipios de Cuba».
El proyecto, desarrollado con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), se implementa en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba, a unos 800 kilómetros al este de la capital, a partir de una alianza entre organizaciones no gubernamentales de cooperación como Mundubat, Sodepaz y Justicia Alimentaria, junto a asociaciones cubanas como Acpa, las de Agricultores Pequeños, Técnicos Agrícolas y Forestales y Cubasolar.
La evaluación desarrollada por el equipo de Alfonso identificó también la capacitación y la sensibilización como ejes esenciales para eliminar desigualdades en las zonas rurales.
«Las desigualdades de género en capacitación técnica, control y acceso a los recursos productivos, liderazgo y representación social son generalizadas en los municipios que integran el convenio (Cotorro, Habana del Este y Plaza de La Revolución, en La Habana y Contramaestre, Tercer Frente, y Santiago de Cuba, en la provincia de igual nombre)», indica el diagnóstico.
Esto «limita en gran medida el desarrollo del trabajo y sus logros en el sector, lo que afecta fuertemente no sólo a la soberanía y la seguridad alimentaria, sino el bienestar general de la sociedad», agrega.
En opinión del equipo, el avance hacia la equidad de género en los espacios productivos «se vincula directamente con procesos formativos y comunicativos que promuevan iniciativas innovadoras a corto plazo».
También reconocen la presencia de las mujeres en diferentes espacios de toma de decisiones como una «condición necesaria, aunque no suficiente, para promover la igualdad y la equidad de género» y recomiendan crear comités de género en organizaciones agroproductivas, promover mujeres a puestos de liderazgo, introducir la innovación y ampliar las capacidades productivas.
Según los resultados del diagnóstico, estas pueden ser algunas «vías para atender mejor las necesidades de quienes producen y sus condiciones de vida».
Hidalgo López-Chávez, por su parte, aboga por introducir la visibilidad legal y algunas medidas afirmativas que pongan a las mujeres en el mapa de los espacios agroproductivos.
Entre ellas, enumera el otorgamiento de la copropiedad de tierras a las esposas y otras mujeres de la familia y la posibilidad de que el tratamiento a las desigualdades de género en las cooperativas esté recogido como uno de sus principios rectores.
También recomienda fortalecer el papel de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y otras organizaciones vinculadas a la producción agropecuaria, «como sistemas de apoyo en la utilización de mano de obra femenina de forma sostenible», no sólo como agricultoras, «sino también en otros puestos de trabajo de mayor envergadura».
