- Pagó una garantía menor a 4 mil pesos
- Aberrante ante la gravedad de los hechos, dice hermana de la víctima
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 4 enero 2020.- Familiares de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista, rociada con ácido sulfúrico dentro de su vivienda, en septiembre del año pasado, reprobaron que el juez federal Cuarto de Distrito admitiera el juicio de amparo promovido por el presunto autor intelectual del ataque, Juan Antonio Vera Carrizal, concediendo la suspensión provisional en la eventual captura.
A través de una carta difunda a los medios de comunicación, Silvia, hermana de la víctima reprobó que a cambio del amparo el presunto responsable pagara una garantía de 3 mil 500 pesos.
“Me parece aberrante ante la gravedad del acto cometido por Vera Carrizal, que tenía la intención de arrebatarle la vida a María Elena”, expuso.
Al parecer el amparo fue promovido el 27 de diciembre pasado, tras la vinculación a proceso de dos probables implicados –Ponciano y Rubicel H., padre e hijo– presuntos autores materiales del intento de feminicidio al lanzar el corrosivo a la joven.
En esa fecha, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez advirtió que los señalamientos hacia Vera Carrizal, ex diputado local, y todas las personas que estuvieron involucrados con la víctima, también serían investigados.
Al parecer el ex legislador y empresario gasolinero solicitó el amparo, y el Poder Judicial Federal lo aprobó el pasado 31 de diciembre, y lo publicó en estrados el dos de enero de 2020.
La también portavoz de la familia Ríos Ortiz exigió a las instancias involucradas “actuar con rectitud”, sin dar paso a actos que se puedan mal interpretar y que solo puedan manchar la procuración y administración de justicia.
Reclamó que “la brutalidad, la saña e impunidad no sean el mensaje oficial otorgado a Vera Carrizal. Un amparo para librar el castigo que merece, ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer”.
El documento lleva copia al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, así como a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Secretaría de Gobernación y al gobernador de Oaxaca, entre otros.
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