SemMéxico, Cd. de México, 9 octubre 2017.- La diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario de Morena, denunció que de aprobarse el dictamen de la Comisión de Salud que busca modificar la Ley General de Salud para extender la objeción de conciencia a personal de apoyo y administrativo de los servicios de salud, se corre “el riesgo de faltar a los principios constitucionales de buscar la máxima protección de las personas”.
Dicho dictamen corresponde a una iniciativa presentada por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social (PES), desde noviembre de 2015.
Con este dictamen se busca adicionar el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para “establecer que los y las profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios éticos”.
Mediante un comunicado, la diputada Maricela Contreras afirmó que de ser aprobadas dichas modificaciones por el Poder Legislativo “existe un riesgo real de que en situaciones como las contingencias sanitarias que vivimos después de los sismos, donde la prioridad es salvar vidas, servidores públicos puedan ampararse en este artículo como excusa para no realizar esta urgente labor”.
De acuerdo con la legisladora de Morena “el actual texto del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, no prohíbe que las personas abandonen sus creencias religiosas, al contrario, garantiza este derecho, pero también exige un comportamiento laico en el caso de las personas que asumen una función en el servicio de salud público. Pretender modificarlo habla de una injerencia de creencias religiosas en las decisiones del Estado laico”.
Además, para la diputada “reconocer la objeción de conciencia como un derecho, daría la excusa perfecta para negarse a reconocer los derechos de otras personas cuando acuden a un servicio de salud público”.
Por ello, Maricela Contreras indicó “que debe regularse la objeción de conciencia, pero sin detrimento de los derechos humanos”.
La también presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género reconoció que habría que ahondar en el tema de objeción de conciencia, pues no es un derecho ni una modalidad de derecho, “es una posibilidad que tiene el personal de salud para que se respeten sus creencias y convicciones morales o religiosas”.
Cabe recordar que organizaciones, asociaciones y grupos feministas, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han advertido que de aprobarse dicho dictamen se justificaría la negativa de servidores públicos a proporcionar servicios de salud reproductiva, específicamente los servicios de salud reproductiva que requieren las mujeres del país, y también se obstaculizaría la atención para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y otros procedimientos de salud relacionados con los derechos reproductivos.
Así, de acuerdo con GIRE, de aprobarse el dictamen como está se incurriría en una acción que más allá de ampliar un derecho para el personal de sistema nacional de salud, pretende limitar el acceso al aborto y se estaría aplicando en los hechos una visión conservadora sobre las libertades de la ciudadanía.
SEM/am/lr
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