- En una carta pública como uno de los implicados ha “pervertido el proceso” en Oaxaca
- Vera Carrizal, uno de los implicados, tiene casi año y medio excarcelado, pretextando estar enfermo
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de mayo, 2026.- María Elena Ríos Ortiz señaló hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la posibilidad de atraer las investigaciones sobre el ataque con ácido perpetrado en su contra hace casi siete años y sentar un precedente histórico para las víctimas de violencia ácida.
Por el delito cometido en Huajuapan de León, en la mixteca oaxaqueña, fueron señalados el exdiputado del PRI y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal y cuatro hombres más, entre ellos su hijo que aún se encuentra prófugo, señala en una carta pública.
Y a pesar de que existe un proceso abierto en Oaxaca, María Elena Ríos Ortiz, reprocha que no ha podido acceder a la justicia, acusando hechos de corrupción a favor de su agresor, quien es una persona con poder económico y político “pervertir y corromper el proceso penal en su contra”.
La activista expone que Vera Carrizal ha usado sus influencias para salir de la cárcel “fingiendo enfermedades”, desde diciembre del 2024, por lo que fue excarcelado para ser internado en diversos hospitales privados del área metropolitana de la ciudad de Oaxaca, sin que peritos “oficiales e imparciales” verifiquen su situación de salud porque se opone su familia.
“Llegar hasta aquí ha sido atravesar un proceso parcial, desgastante, dilatado y tortuoso, obstaculizado por la violencia institucional que ha tratado de demeritar las pruebas del delito contenidas en un expediente de miles de hojas. Diez jueces han tenido en sus manos el caso sin que haya una sentencia condenatoria que marque un precedente para todas las mujeres.
El ataque con ácido no solo intentó arrebatarme la vida; también dejó consecuencias físicas, emocionales y psicológicas permanentes que han transformado profundamente mi cuerpo, mi identidad y mi manera de habitar el mundo”.
Tras exponer lo anterior, María Elena Ríos Ortiz considera que si la Corte mexicana atrae su carpeta de investigación sentará un precedente histórico sobre la violencia ácida en México, reconociendo estos ataques como una forma extrema de violencia feminicida que no puede seguir siendo minimizada ni tratada con privilegios e impunidad.
Además de enviar un mensaje contundente, porque “los ataques con ácido no son lesiones menores, sino crímenes de odio que requieren una respuesta judicial con perspectiva de género, integral y sin privilegios, consolidando el espíritu de la Ley Malena como un estándar de protección irrenunciable en nuestra Constitución”.
En México, dice en una carta pública, afirma en el año 2025 se registraron 336 casos entre amenazas y ataques por Violencia Ácida, según el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
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