Denuncian a Chihuahua ante la CIDH por omitir legislar el matrimonio igualitario

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• También denunciaron que el Gobierno Federal no ha vigilado que las entidades respeten los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Reclama que no hay una igualdad de derechos para la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Redacción

Raíchali

SemMéxico/Chiapas Paralelo. 29 de abril 2019.- Dos organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTI denunciaron a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por omitir legislar el matrimonio igualitario.

Chihuahua fue tomado como el ejemplo de la omisión en la que han incurrido la Federación y los congresos locales pues el matrimonio igualitario tiene cuatro años en la congeladora.

El documento firmado por México Igualitario y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (Cheros) reclama que no hay una igualdad de derechos para la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Además, denunciaron que el Gobierno Federal no ha vigilado que las entidades respeten los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pese a los compromisos que México ha asumido en los tratados internacionales.

“A pesar de los litigios y las solicitudes realizadas al Congreso local, Chihuahua sigue manteniendo vigente una legislación que discrimina a las personas por su orientación sexual”

Luis Mendoza, presidente de Cheros, recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia en 2015 para que en Chihuahua se garantizara el derecho a la unión lega. Un año más tarde el Gobierno del Estado instruyó al Registro Civil a casar sin necesidad de un amparo a las parejas que así lo solicitaran.

Sin embargo, explicó el activista, las dos iniciativas que se han presentado desde entonces no han prosperado en el Congreso, por lo que se corre el riesgo de que, en cualquier momento, las autoridades estatales les nieguen la unión legal.

La jurisprudencia 43/2015 establece que “la Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que la defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

Después de dicha resolución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación General 23 dirigida a todos los órganos legislativos para que modificaran su legislatura a efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Actualmente, las legislaciones que por reforma o intervención de la Suprema Corte de Justicia permite el matrimonio entre personas del mismo sexo son: la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes.

Sobre la denuncia, comentó que la respuesta y seguimiento dependerá de la agenda de la comisión y que el objetivo principal es recordarle al Estado que, si no está dispuesto a garantizarles sus derechos, buscarán las instancias que sean necesarias para ello.

“Es un mensaje duro para decirles que aquí estamos y si no nos van a dar las garantías, no van a respetar los derechos que tenemos como ciudadanos, nosotros vamos a buscar quién nos las dé y los obligue a ellos a garantizarlos”

Para finalizar, el activista opinó que el principal obstáculo que han enfrentado en este tema son los prejuicios de partidos de derecha y las ideologías religiosas que se niegan a entender que el matrimonio es un acto jurídico que da certeza de la unión de dos personas.

Refirió que hay casos en los que uno de los dos muere y deja desprotegida a su pareja porque el patrimonio que formaron juntos no está reconocido legalmente.

“Antes de las ceremonias o ritos religiosos existía el matrimonio legal y eso se debe liberar de prejuicios. Nosotros no queremos ceremonias ni bendiciones, eso es una decisión de las parejas, queremos una garantía y libertad para los que se quieran casar, queremos protección para las parejas y que se respeten nuestros derechos”.

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