Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 20 de agosto, 2023.- Ante el desalojo de una comunidad maya, sucedida el jueves pasado con lujo de violencia, circula una petición urgente para que intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), y otras autoridades de seguridad de Yucatán, que firma Sergio Ocernsky Losana, de la agrupación Defensores y Protectores del Futuro de Ixil.
Se explica que se despoja de facto a la comunidad de una parte importante de sus tierras de cultivo y viola el derecho humano a la alimentación y al sustento de todas las familias mayas que las cultivan.
Piden también intervenga de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), para que se abra una investigación y se aclare la situación: que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, explique lo sucedió, puesto que, en el desalojo, que dejó personas heridas, está implicado un grupo de empresarios.
HECHOS
El día 17 de agosto, esto es el jueves pasado a las 5 y media de la mañana, se desplegó una amplia operación de la Policía Estatal de Yucatán en la comunidad maya de Ixil, situada a 20km al nororiente de Mérida, con el fin de despojar de sus tierras de cultivo a cientos de familias campesinas.
En el transcurso del operativo, la Policía Estatal de Yucatán atacó a la comunidad con gases lacrimógenos y piedras para evitar que se acerquen a sus tierras de cultivo. Varios integrantes de la comunidad fueron heridas y heridos por las fuerzas policiales, por lo que uno de ellos tuvo que ser atendido en el Hospital General «Dr. Agustín O’Horán», en Mérida.
Los oficiales a cargo del operativo se negaron a identificarse ante la comunidad. La comunidad solicitó a la Guardia Nacional que detuviera la violencia de la Policía Estatal contra la comunidad y sus pobladoras y pobladores, pero se negó a intervenir.
Informan que representantes de las familias Abimerhi y Millet estuvieron presentes en la operación policial. Dichas familias forman parte de la oligarquía yucateca (son dueñas de una cadena de gasolineras privadas, industrias de distinto tipo y de empresas de transporte y construcción) y están muy vinculadas al actual Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, cuya campaña electoral contribuyeron a financiar.
También tuvieron participación política directa: Elías Lixa Abimerhi es Diputado Federal por el PAN desde 2018 y comenzó su carrera política asumiendo en 2015 el puesto de Diputado Estatal que antes ocupó Mauricio Vila Dosal.
El 4 de agosto de 2022, estas mismas familias intentaron sin éxito despojar 324 hectáreas de tierras de uso común a la comunidad de Ixil. No pudieron hacerlo debido a la fuerte respuesta de la población, que defendió sus tierras de cultivo y mostró documentos (Resolución Presidencial de Ampliación del ejido de Ixil firmada por el Gen. Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939) que acreditan que se trata de tierras ejidales de uso común de Ixil. Los representantes de las familias Abimerhi y Millet, por su parte, mostraron copia simple de un contrato de compraventa de tierras protocolizado ante notario que carece de validez alguna, dado que las tierras ejidales de uso común son inalienables.
Tras fracasar en su primer intento de despojo a Ixil, estas familias afirman haber obtenido una medida cautelar de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), la cual ordenó “asegurar el inmueble” mientras lleva a cabo la investigación relativa a la carpeta UNATD11-GD/882/2023. Si es que efectivamente emitió esta medida, la FGE estaría impidiendo el acceso a las familias campesinas cuyo sustento depende de estas tierras de uso común, haciendo efectivo el despojo que buscan estas dos poderosas familias, sin contar con ningún tipo de resolución judicial.
Una indagación inicial sobre la supuesta medida cautelar indica que podría ser fraudulenta, dado que las carpetas de averiguación previa tienen otra nomenclatura. Contactos al interior de la FGE afirman que la carpeta no existe. En breve ingresaremos una demanda de amparo en los Juzgados de Distrito, con la que esperamos obtener más claridad sobre este asunto.
Además del apoyo y financiamiento otorgado por las familias Abimerhi y Millet al actual gobernador, es de dominio público que Luis Saidén Ojeda, quien funge como Secretario de Seguridad Pública de Yucatán de forma ininterrumpida desde 2007, opera varias gasolineras con razón social Abimerhi, y aparentemente desea aperturar más gasolineras bajo la misma razón social en Ixil y otros lugares.
Denunciamos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán por el despojo y la violencia que ejercen contra la comunidad maya de Ixil. Esta operación demuestra una vez más que el Gobierno del Estado de Yucatán está al servicio de la oligarquía yucateca y tiene una participación directa y violenta en el despojo de tierras y la violación de los derechos de las comunidades mayas. Operativos como el de hoy son continuidad de una mentalidad colonial y tiránica, herencia directa de la esclavitud impuesta a los mayas por las haciendas henequeneras.
Ante estos hechos se solicitó la firma en apoyo a las siguientes demandas de los miembros de la comunidad de Ixil:
1. A la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), la revocación inmediata de la medida cautelar aparentemente emitida en el marco de la carpeta de investigación UNATD11-GD/882/2023, dado que despoja de facto a la comunidad de una parte importante de sus tierras de cultivo y viola el derecho humano a la alimentación y al sustento de todas las familias mayas que las cultivan.
2. A la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), la suspensión inmediata y puesta a disposición de los tribunales de los responsables de la agresión a la población maya de Ixil, en la que varias personas fueron heridas por agentes de la policía estatal.
3. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la apertura de una investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidos por la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), y la instalación de una misión permanente en Ixil para que se garantice el respeto a los derechos de la comunidad mientras se resuelve esta situación.
4. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Registro Agrario Nacional (RAN), la intervención inmediata para que se declare la incompetencia de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, debido a que las tierras que pretenden despojar estos empresarios son tierras ejidales de uso común, y por tanto son inalienables.
5. A la Presidencia de la República, la intervención inmediata para detener el despojo de las tierras de Ixil y de otras comunidades mayas.
Invitamos asimismo a quienes quieran seguir informándose sobre la situación en Ixil, y deseen solidarizarse con su lucha en defensa del territorio, que se unan al grupo de whastapp “Solidaridad con Ixil” a través de la liga https://chat.whatsapp.com/GweY4vaBTnU2w1bfdH6HQY
Defensores y Protectores del Futuro de Ixil
