- LIBERTAD INMEDIATA A PRESAS POR ABORTO: Lanzan petición pública organizaciones sociales
- Unas 200 mujeres están presas por causas relacionadas con la ILE y están abiertas carpetas de investigación
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de septiembre.- Las 2 acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta semana para no criminalizar a las mujeres que acuden a la interrupción legal del embarazo y eliminar de las constituciones locales la vida desde la concepción, significará cambios en cadena en los códigos penales de todo el país y la movilización nacionales y conjunta de todas las feministas del país, dijo a SemMéxico, Verónica Cruz Sánchez, distinguida por su lucha por los derechos humanos de las mujeres, desde Guanajuato.
Ubicada en la zona más conservadora de México, la dirigente y directora del Centro Las Libres, advirtió a los diputados locales electos que no habrá un día en que no sean presionados para que quiten el delito de aborto del Código Penal del estado. Reiteró que, por razones relacionadas con aborto, siguen encarceladas unas 200 mujeres.
En tanto desde Baja California se lanzó una petición al Congreso Local, que está por entrar en funciones, para que derogue de inmediato la penalización del aborto, y para que en todo el país se libere a mujeres presas; tanto como cerrar los procesos abiertos en ese sentido.
La petición en 24 horas ya suma decenas de mujeres que firman la carta abierta que circula por change.org., promovida por la integrante del consejo social de Inmujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos.
Desde León Guanajuato, Verónica Cruz Sánchez refirió que desde el 2010 ninguna mujer en Guanajuato ha pisado la cárcel por abortar, luego del escándalo suscitado por el encarcelamiento de seis mujeres campesinas acusadas de homicidio en grado de parentesco, cuando en realidad habían tenido un parto espontáneo.
Sin embargo, la activista apuntó que la Fiscalía General del Estado sigue abriendo carpetas de investigación por aborto, las cuales terminan archivadas porque el ministerio público no logra obtener datos de prueba para su judicialización.
Este año, con corte a julio, el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 18 casos de aborto en el estado.
La activista subrayó que en lugar que la Fiscalía gaste tiempo y recursos en iniciar estas carpetas, mejor los legisladores locales deberían borrar el delito de aborto del Código Penal.
“No tiene razón de ser. Hoy más que nunca cobra sentido el para qué queremos un delito que no se utiliza, que se usa de manera desproporcionada contra ciertas mujeres, que cobra su vida, su libertad, su salud, además de todo ese estigma social alrededor, es decir, es un delito que no debería de existir”, dijo.
Eliminar el delito
Explicó que, tras la resolución de la SCJN, si la Fiscalía intenta vincular a proceso a una mujer por abortar, basta con ampararse para que quede sin efecto dicha intención, aunque lo ideal —reiteró— es que no tenga que recurrir a eso y el delito sea eliminado.
Por ello, Verónica Cruz Sánchez adelantó que durante la próxima legislatura no habrá día en que se deje de presionar a los diputados locales para que una de sus primeras acciones sea quitar el aborto del Código Penal de Guanajuato.
Asimismo, recordó que actualmente para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en un hospital, tiene que decir que fue violada para que le realicen el procedimiento. Además, apuntó que la mayoría opta por la medida avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es tomar misoprostol.
BAJA CALIFORNIA
En tanto SE lanzó esta petición dirigida para Congreso del estado de Baja California:
En la histórica sesión del día 7 de septiembre para la descriminalización del aborto, resalta como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado con justicia para las mujeres y niñas, al declarar que las mujeres mexicanas tenemos el derecho constitucional a decidir la interrupción del embarazo, y, por tanto, son inconstitucionales las leyes que penalizan el aborto voluntario de manera absoluta.
Por lo cual expresamos gran júbilo y enorme satisfacción hacia una lucha del movimiento feminista de casi cuatro décadas.
Las declaraciones surgidas sobre esta Jurisprudencia son concretadas por el ministro Arturo Saldívar, presidente de la SCJN, al final de la sesión quien concluyó lo siguiente: «Es Criterio obligatorio para todas las juezas y jueces del país, no se podrá sin violar el criterio de la Corte y la Constitución procesar a mujer alguna en los supuestos considerados válidos por la SCJN. Se inicia una nueva ruta de libertad y dignidad a las mujeres y mujeres gestantes. Un paso más en la lucha histórica por la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”.
La limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación, es un acto de violencia contra la mujer que afecta sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental” (Primera Sala de la SCJN).
En este sentido es necesario que las personas que han sido encarceladas por practicar el aborto voluntario deberán ser puestas en libertad inmediatamente, es decir, aquellas que fueron condenadas por esta causa en otros estados podrán interponer un amparo que cite la resolución de la SCJN, lo que obliga a los juzgadores a levantar la pena de prisión.
Esta resolución de la SCJN debe impactar en los congresos de todos los Estados de la República Mexicana, por lo que se solicita al Congreso del Estado de Baja California derogar del CÓDIGO PENAL DE BAJA CALIFORNIA todo el articulado del Capítulo V, del Artículo 132, Art. 133, Art. 134 y Art. 135 relacionado a la penalización del Aborto, con el fin de armonizar el Código Penal Estatal con el Federal, a fin de cumplir cabalmente la resolución de la Corte y proteger los derechos humanos de las mujeres que no deseen continuar un embarazo y las niñas embarazadas, víctimas de violación sexual en concordancia a los criterios de las Suprema Corte.
