Claudia Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí. 28 de septiembre, 2021.- Decíamos en la última entrega: hay fechas esenciales para el movimiento feminista en su búsqueda por alcanzar el reconocimiento de derechos y libertades para todas las mujeres. Una de ellas es precisamente el 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro propuesto en 1990 durante el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.
De aquel tiempo, pervive la narrativa del aborto como un grave problema de salud pública derivado de la violencia y la criminalización de las mujeres de la región al hallarse ante un embarazo no deseado. De la década siguiente, constan investigaciones de la Organización Mundial de la Salud en las cuales se calcularon más de 4 millones de abortos clandestinos por año en América Latina y en México un 63% de hospitalizaciones derivadas de complicaciones por abortos provocados como hemorragias, desgarros e infecciones.
En esas condiciones, en las que, la sanción penal incidió directamente en la muerte de las mujeres en tanto orilló a métodos insalubres y peligrosos para interrumpir el embarazo; se mantuvo el país hasta 2007, año de la legalización en Ciudad de México en las primeras doce semanas de gestación, de ese momento hasta ahora se han realizado 237 mil 643 procedimientos de los cuales 205 correspondieron a usuarias provenientes de San Luis Potosí.
Esto no significa que en 14 años de la ILE sólo 205 potosinas hayan abortado, son las que pueden contarse en tanto fueron atendidas por personal médico bajo condiciones seguras y con un control posterior, es decir lo mínimo que tendría que pasar ante una decisión de esa categoría, de no ser porque el delito actual lo vuelve invisible, aunque no lo impida.
Y mire, ahora resulta que este asunto de decidir es algo muy rebasado dicen los opinadores, vamos tarde las feministas en considerar justa la decisión de la Suprema Corte del 7 de septiembre, a nadie le importa eso de que las mujeres estén cada vez más cerca de no morirse por abortar, porque lo de hoy es ¿Qué van a hacer los doctores? ¿Nadie piensa en ellos?
Aclaremos algo antes de atrincherarse políticamente aquí, nadie le arrebató a la comunidad médica la objeción de conciencia, pero la Corte llama a una regulación más exhaustiva, que no obstaculice la decisión de las mujeres. Cuando en 2019 se produjeron los dos primeros foros sobre violencia obstétrica en San Luis Potosí, se dio una disertación ardua y compleja acerca de la ética del personal de salud en convergencia con el respeto a las decisiones de las mujeres y su autonomía reproductiva.
Entre otras cosas se comprendió que el uso del derecho penal de prima ratio para sancionar la violencia obstétrica no era la respuesta, del mismo modo que no lo es encarcelar a las mujeres por no querer continuar un embarazo. Desde luego que el gremio médico tiene derechos y también es plenamente consciente que las mujeres morimos por abortos mal practicados.
No es un tema menor. En el último Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna, correspondiente a la semana 37, se registraron 792 muertes de mujeres donde las complicaciones derivadas del COVID 19 ocupan las primeras dos causas de muerte, pero en las siguientes se hallan sus originarias, las hemorragias obstétricas, las complicaciones en el embarazo y por supuesto, el aborto. Justo nuestro estado supera la Razón de Mortalidad Materna Nacional con 59.5 por ciento, 18 defunciones en este 2021.
Para encontrar un punto adecuado e introducir una política de prevención del aborto, un periodo adecuado para llevarlo a cabo de modo seguro y decidir cuándo sí penarlo para proteger a las mujeres de la violencia, requiere dimensionar que estamos en un Estado laico, que exige de nosotros soltar los atavismos y trabajar para garantizar la salud de las mujeres. Si la legalización se puede hacer de cualquier manera, ¿Por qué no hacerlo como corresponde? A más ver.
