Claudia Espinosa Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí, 15 de agosto, 2024.- El pasado miércoles 7 de agosto la funcionaria Sayda Yadira Blando Morfín de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) firmó y publicó un documento en la sede de Ciudad de México denominado “Actualización de resolución de la Secretaría de Gobernación respecto de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) por violencia feminicida para el Estado de San Luis Potosí”.
No se deje llevar por el aparente tecnicismo, esto es político y lo vamos a explicar porque además de ofensivo, se abre el riesgo de que se haga en otras entidades y en otros municipios, así, arbitrariamente y sin pruebas.
En palabras más claras la CONAVIM vino a San Luis Potosí a avalar una decisión tomada en papeles por parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) creado para vigilar en cumplimiento de la AVG por considerar que los municipios de Matehuala, Tamuín y Tamazunchale ya estarían por resolver la violencia feminicida que se reconoció hace siete años. Hagamos memoria, la alerta de género es un mecanismo que se declara por existir un contexto de violencia feminicida, por omisiones graves por parte de la autoridad para con sus obligaciones y por un agravio comparado que se produce a través de una severa desigualdad jurídica.
La AVG de San Luis Potosí es por violencia feminicida, esto quiere decir que existe una forma extrema de violencia de género contra las mujeres que es resultado de la violación sistemática de sus derechos humanos y de un abuso de poder en todos los espacios que llevó a la impunidad social y del Estado. Además, no se devela sólo a través de los feminicidios, es decir, de los asesinatos violentos de mujeres en específico, los homicidios y los suicidios, sino a raíz de un entorno de agresión generalizada, consentida por la comunidad, desde la discriminación hasta aquellas conductas delictivas que ponen en riesgo la integridad, la libertad y el libre desarrollo, como la violencia familiar, sexual y reproductiva.
Al igual que otras Alertas, esto fue lo que se reconoció y se declaró el 21 de julio de 2017 en San Luis Potosí, hace ya 7 años para 6 municipios, San Luis Potosí, CD. Valles, Matehuala, Soledad, Tamazunchale y Tamuín que suman una población total aproximada de 1 millón,657 mil, 555 personas donde más de la mitad son mujeres.
El Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM) de acuerdo con el documento firmado el 7 de agosto, se habría coordinado con el gobierno estatal actual en enero de 2021 cuando se reunió para elaborar el Tercer dictamen sobre el cumplimiento de las medidas, aunque no reconoció el cambio del poder Ejecutivo hasta el 01 de septiembre de 2022, por consiguiente a esta administración le corresponden el Tercer, Cuarto y Quinto dictamen además de un par de reportes sobre las respuestas de avances.
En los dictámenes no hay datos concretos que den elementos para retirar la alerta en esos tres municipios, al contrario, pero además pongámosle cara al GIM.
El Tercer dictamen de marzo de 2022 fue elaborado y aprobado por: Erika Gómez Lucas de la CONAVIM, Elizabeth Pérez Gómez del Instituto Nacional de las Mujeres, Iris Irene García Morales, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alejandra Silva Carreras del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Leticia Martínez Martínez de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C y Marcela García Velázquez [SIC] del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.
Allí se observó que ninguno de los tres municipios había cubierto el faltante de datos sobre casos de mujeres víctimas de violencia y que en términos generales de 20 medidas que tenía a su cargo el Estado, había 2 cumplidas, 4 sin cumplir, 5 en proceso y 9 cumplidas parcialmente, hicieron énfasis en el retroceso de aquellas ejecutadas a medias y cuestionaron que se informase de los recursos otorgados para la AVG y si estaba cubierta la atención e integración de las mujeres indígenas.
El Cuarto Dictamen de junio de 2023 fue elaborado por Martha Moramay Gómez Regalado de la CONAVIM, Samantha Lizeth Cortés Ortega del INMUJERES, Sara Chávez Ruiz de la CNDH, Gloria Serrato Sánchez titular del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Alejandra Silva Carreras académica nacional, Leticia Martínez Martínez de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C., y María Julia Moreno Diaz de León de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
Allí, de lo reportado por Matehuala se indicó que persistía la falta de evidencias sobre las campañas de prevención y su impacto a la comunidad, la carencia de un diagnóstico acerca de las zonas de riesgo para las mujeres, de módulos de atención inmediata para que las víctimas fuesen asesoradas por personal capacitado para poder operar redes de protección, movilidad y acceso, el registro coherente de órdenes de protección, programas de formación a nivel municipal y acciones para la modificación de patrones culturales especialmente para varones generadores de violencia.
En cuanto a Tamazunchale y Tamuín no se tuvo evidencia de actividades ex profeso creadas para la AVG, sino que se reportó lo que cotidianamente hacía la administración municipal, por lo tanto, el GIM ignoraba si había protocolos, unidades de atención y conocimiento general de las mujeres de estos sitios sobre qué hacer y ante quienes acudir al ser agredidas en una zona como la huasteca, con presencia de crimen organizado y donde hay casos emblemáticos de feminicidios de niñas.
Finalmente, el Quinto dictamen de diciembre de 2023 es firmado por Martha Moramay Gómez Regalado de CONAVIM, Irma Monroy Tovar del INMUJERES, Amanda del Rocío Llivichuzhca Pillco de la CNDH, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Julia Moreno Diaz de León de la CEDH, Alejandra Silva Carreras y Fátima Patricia Hernández Lazo [SIC] especialistas, y Leticia Martínez Martínez de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C.
Tan sólo de Matehuala se observó que la mayoría de las evidencias del municipio eran fotografías donde no se podía verificar el nombre de la actividad, objetivo o impacto. No se reportaron mecanismos efectivos para la implementación de órdenes de protección, ni de la coherencia de las zonas de patrullaje para proteger a las mujeres para con los espacios en donde son mayormente agredidas. No hubo información de protocolos, de capacitación llevada a cabo o de coordinación interinstitucional o de la creación de campañas para el cambio cultural, en la educación en seguridad ni en transporte público.
Sobre Tamuín y Tamazunchale se continuó señalando que no había pruebas ni de la realización de patrullaje, de recuperación de espacios, de capacitación a agentes de seguridad, es decir, no hubo datos cuantificables para saber cómo estaban avanzando estos lugares, de ahí que el mensaje de cero tolerancia a la violencia que pudiesen dar y que les pidió el propio GIM no se vería reflejado en la experiencia de las mujeres que allí habitan por mucho que se pronuncie.
Si en ese documento, de la página 92 a la 106 hay un cuadro en el que varias de las medidas a consideración del GIM el Estado tenía un 0% de avance ¿Dónde están los elementos para afirmar que era viable sacar a esos municipios?
La respuesta podrían darla los informes de este año pero no aparecen en las páginas oficiales de las dependencias a lo que se suma un “análisis” de CONAVIM sobre los registros de defunciones de mujeres por homicidio y feminicidio para el Estado con la finalidad de proponer la modificación porque concluye que esos 3 municipios “ya no presentan las mismas condiciones de muertes violentas de mujeres que tuvieron cuando se determinó la declaratoria, al tiempo que sí sigue presente un contexto desafiante en San Luis Potosí, Soledad y Ciudad Valles”.
Esta posición significa que sólo consideraron los asesinatos que en total en ese periodo de enero a junio de 2024 para el Estado dan 59, pero no los 6387 delitos denunciados por lesiones, violencia, trata y violación, o las 8156 llamadas a 911 por actos de agresión a mujeres.
Concluyo que el GIM apoyó la decisión de comenzar a desmantelar la Alerta y dejar en estado de indefensión a las mujeres del Estado siendo plenamente conscientes de que no tienen pruebas de una disminución allí de la violencia feminicida que es más que las víctimas cuya vida tampoco se ha ponderado lo suficiente, es decir que se tomó una decisión política donde debió primar la especialización que presumen sus integrantes, pero más allá el convencimiento de ser sedicentes feministas. De haber sido tal, en lugar de restar la propuesta debió ser sumar municipios como Rioverde o iniciar una segunda solicitud de Alerta de Violencia por la prohibición del aborto en términos absolutos que el Congreso se ha negado a modificar.
Nos van a seguir matando, pero ya no abochornaremos al Estado con una Alerta.
