SemMéxico. 8 de enero de 2021.- Vamos a comenzar justo dónde nos quedamos. Para las nueve de la mañana del 23 de diciembre del año pasado, la actualización emitida por la agencia de noticias de la Organización de las Naciones Unidas indicó para México 1,338,426 casos de coronavirus acumulados, 64,947 casos activos y 119,495 muertes.
Para esa misma hora de este jueves 7 de enero de 2021, en México hay 1,479,835 casos acumulados, 58,364 casos activos y 129,987 muertes. Sin embargo, considerando las estimaciones apuntan al doble o más la cantidad real de gente fallecida, el número incrementa, entre 259,974 y 519,948 personas muertas por coronavirus.
Volvemos a preguntar: ¿Ha sido responsable la gestión de esta pandemia por parte del gobierno mexicano? ¿Se ha priorizado la salud por encima de los intereses económicos y políticos? ¿Sobre qué se sostiene la confianza puesta en los funcionarios al frente?
Apenas en el cambio de año nos enteramos que al menos en Ciudad de México se tomó la decisión de mantener un semáforo naranja que debió modificarse desde el 4 de diciembre conforme a los parámetros elaborados para ello y no pasó, de allí su actual y muy crítica situación.
Un mes después la autoridad mexicana a la que el país le ve la cara diariamente en sus televisadas conferencias, el subsecretario Hugo López Gatell fue captado en playas oaxaqueñas, sin medidas, ni restricciones. Al menos una mínima vergüenza fuera exigida, un gesto para corroborar la capacidad de fijación mental a fuerza de repetición, de las frases dichas una y otra vez: Quédate en casa, usa cubrebocas, evita aglomeraciones, etcétera. Pero, al contrario, no hubo necesidad, envalentonado por un jefe como la máxima muestra pública de “valemadrismo”, el subsecretario salió a reconocer: que, si salió, ¿y qué?
Esa versión suya, ha sido duramente cuestionada en redes sociales, pero el poder en gente inadecuada da para eso y más, desde allí no se entiende que quien lo ejerce representa al Estado, es decir, el cargo es una responsabilidad, no es un derecho, no es un privilegio. Aunado a que esa persona con poder, tiene la obligación de ser un ejemplo, de civilidad, de apego a la ley, de respeto a las instituciones, independientemente de que su moral no alcance para andar “chacoteando” con una política de salud fracasada y el país lleno de muertos.
Y se escribió aquí hace unas semanas, la gente que murió fueron primero los pobres.
La publicación “Mortalidad por COVID-19 en México. Notas preliminares para un perfil sociodemográfico” del investigador de la Universidad Autónoma de México, Héctor Hiram Hernández Bringas, accesible en el siguiente enlace https://web.crim.unam.mx/sites/default/files/2020-06/crim_036_hector-hernandez_mortalidad-por-covid-19_0.pdf señala que para mayo de 2020, el país ya se ubicaba entre los primeros 8 con mayor número de muertes y el número 3 del continente apenas detrás de Estados Unidos y Brasil.
Así mismo, el investigador describe estos primeros resultados para indagar quienes eran las personas fallecidas, un 70% fueron hombres, el 71% con escolaridad de primaria o inferior. En el 84% destacan ocupaciones no remuneradas como amas de casa, jubilados y pensionados, empleados del sector público, conductores de vehículos y profesionales no ocupados, pero también servidores públicos como empleados del sector salud.
Estos decesos, además, ocurrieron principalmente en unidades de salud para población abierta, a donde acuden personas que no cuentan con cobertura médica, luego sigue el IMSS con el 30% de las defunciones y con menos del 3% las unidades privadas. Aunque es algo preliminar que continuará investigándose, ya hay una relación con las estimaciones internacionales emitidas por la ONU respecto a la profunda afectación generada por la pandemia para con las personas más vulnerables, el mismo organismo lo indica:
“La COVID-19 suele afectar más a quienes tienen menos recursos para hacerle frente: los ancianos, las personas que padecen enfermedades crónicas y las que viven en condiciones precarias. El personal sanitario corre gran riesgo de contraer la COVID-19 debido a que suele estar en contacto con enfermos. Los trabajadores de primera línea que se desempeñan en tareas esenciales, como el transporte público, la producción de alimentos y la aplicación de la ley, también están más expuestos.”
Pero ¿De qué manera comprender la salud como un derecho humano fundamental? ¿Cómo concienciar de la necesidad de combatir este vector de inequidad causado por la pobreza? ¿Cómo procurar la gestión de la vacuna de manera equitativa y sin fines electorales?
¿Cuántos muertos nos va a costar todo este pragmatismo?
Estamos por averiguarlo. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Almaguer
