2º. Día Entrevista y Reflexiones
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 26 de noviembre, 2021.- Las protestas de las jóvenes universitarias, hartas de su vulnerabilidad, hicieron vibrar al modelo de las escuelas de estudios superiores y agitaron los pebeteros del conocimiento, haciendo uso de sus libertades, resultado de la incesante producción de conocimiento, para contribuir a la larga marcha que podría desarticular la violencia contra las mujeres, ahora sumida en la negligencia y la indiferencia.
Para saber qué ha pasado, por qué, cómo funciona la dinámica patriarcal el interior de los “templos del saber”, entrevistamos a Janette Góngora Soberanes, quien conoce bien de género y derechos humanos quien, por mucho tiempo, con ciencia y paciencia se ha preocupado por desentrañar los nudos de la educación y el acceso de las mujeres a sus derechos.
La conversación nos deja en claro como ahí, en las universidades se reproduce el sistema patriarcal, cómo se recibió la protesta de las jóvenes, qué pasó y cómo, si inciden o no en cambios venideros.
Y si, como una deseara, en las universidades está vivo y se desarrolla un proceso liberador. Cómo hasta ahora y porqué, no se explica que las universidades mexicanas no hayan, modificado sus leyes orgánicas para armonizarlas con los derechos humanos y se desprecie al feminismo.
Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializada en el país y en el extranjero, Góngora Soberanes, acaba de coordinar el número 79 de la revista Re encuentros de esa casa de estudios, con el título Violencias de género en las universidades: activismos feministas y respuestas institucionales.
Este examen urgente en el marco de la movilización universal de las jóvenes, que ella llama y explica que es una cuarta ola del feminismo, nos cuenta, cómo lo hizo y por qué.
Ella es elocuente y didáctica. Aquí la charla:
SL: La experiencia de editar una publicación sobre la violencia contra las mujeres en las Universidades ¿qué nos está diciendo?
GG: Coordinar una publicación de la Revista Reencuentro con el tema: Violencias de género en las Universidades: activismos feministas y respuestas institucionales. Nos acerca a entender cómo el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios tiene una incidencia en la transformación paulatina del espacio académico. Responde a la necesidad de dar cuenta de los procesos de institucionalización de los protocolos para la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres, e instancias o unidades de atención; como respuesta a las demandas y movilizaciones de grupos de académicas, trabajadoras y estudiantes que denuncian y exigen a las autoridades universitarias la atención a casos de violencia y acoso. La temática resalta que la forma de colectivizar las demandas de las mujeres en las universidades y su impacto, así como su intersección con las respuestas institucionales es fundamental en la definición de una institucionalidad universitaria que busque garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Los textos dan cuenta sobre las acciones colectivas emprendidas para la reivindicación, apropiación y ejercicio de los derechos de las mujeres y exploran la forma en que el proceso se ha enfrentado a la resistencia de los consejos, órganos colegiados, autoridades universitarias y sindicatos; y a un conjunto de contradicciones jurídicas y normativas generadas por los propios jurídicos universitarios que desconocen el marco de la convencionalidad y constitucionalidad en materia de derechos de las mujeres. Hay que decir, que los protocolos no forman parte de legislación universitaria, se trata de procedimientos para la atención de la violencia, en particular el acoso y el hostigamiento sexual; y las universidades no han modificado sus leyes orgánicas para armonizarlas con los derechos humanos.
Se problematiza cómo las colectivas feministas se han constituido como actrices clave de un proceso que ha sacudido las bases de la institucionalidad y que van abriendo las compuertas institucionales.
Además, se confirma el reconocimiento de que la violencia de género no es un acto esporádico que ocurre de manera aislada sino un fenómeno estructural que trastoca el diseño institucional universitario tanto en sus funciones de docencia e investigación, como en su estructura administrativa y de servicios.
Es la dominación patriarcal que prevalece en los ambientes académicos y la cual ha sido normalizada y silenciada, una problemática detectada y documentada, que se resiste a crear marcos jurídicos, protocolos e instancias para las mujeres; y es la acción colectiva emprendida, en particular, por las estudiantes feministas universitarias la que reclama, confronta y está abriendo el camino a una nueva institucionalidad.
SL: ¿Será que lo ahí sucedido, durante el tiempo, los casos, los protocolos, las omisiones y acciones de las universidades, detonaron el nacimiento de una nueva etapa del feminismo?
GG: Más que plantear una nueva étapa del feminismo en México, considero que el activismo feminista de las estudiantes es una vertiente de la fase actual del feminismo de la llamada cuarta ola, que se conforma y manifiesta en las universidades, pero que se artícula fundamentalmente a las movilizaciones en las calles y en las redes sociales que denuncian y luchan ante la violencia estructural contra las mujeres, que hoy con el crecimiento de los feminicidios muestra el retroceso de los derechos de las mujeres y la fragilidad de su seguridad. Es decir, la acción colectiva de las feminista en las universidades, no es aislada, responde a la ausencia de respuestas y negligencia por parte de las autoridades y a la falta de medidas institucionales en las espacios académicos para hacer frente a la violencia contra las mujeres; pero no se trata de una reacción solamente a las omisiones de las universidades de establecer mecanismos de atención y sanción a la violencia como lo mandanta la Constitución y las Convenciones Internacionales; las movilizaciones feministas universitarias obedecen tambien al crecimiento del feminismo global, como dice Nuria Varela: “la experiencia política del movimiento feminista en los últimos años ha fomentado un fuerte sentimiento de pertenencia a una lucha emancipatoria de carácter global”, ejemplo de ello es el impacto en las universidades del movimiento #MeToo en que muchas estudiantes hicieron públicos sus testimonios de que fueron víctimas de abuso y de acoso sexual por parte de compañeros, profesores o autoridades; y al crecimiento del ciberfeminismo en que las estudiantes feministas se articulan a las comunidades virtual feminista. Otra característica de esta vertiente de feministas universitaria que no puede dejar de señalarse es que se trata de mujeres jóvenes menores de 30 años, la mayoría ronda en menos de 25 años pues son estudiantes fundamentalmente de licenciatura. Las estudiantes de posgrados tienen menor participación.
SL: ¿De qué están hartas las universitarias?
GG: De la vulneración de sus derechos.
Las universidades son patriarcales en su cultura y en su estructura, reproducen la desigualdad entre los sexos y segregan a las mujeres. En una investigación que realicé, uno de los hallazgos es que, en seis sexenios, sólo ha habido rectoras en siete instituciones de educación superior, el dato es alarmante, es evidencia de la segregación y discriminación de qué son objeto las académicas, el poder es masculino. Cada día crece el número de mujeres estudiantes y académicas, esto no se traduce en mayor participación en los órganos e instancias de toma de decisiones.
El desinterés y la indiferencia respecto a las desigualdades de género, y, la omisión y complicidad frente las distintas formas de violencia contra las mujeres, es la cotidianidad, aún cuando existen avances con la creación de los protocolos, aún el número de denuncias no corresponde con las situaciones de acoso y hostigamiento que se presentan regularmente. La violencia contra las mujeres aún no es identificada por gran parte de las comunidades universitarias, existes estereotipos sexistas que cupabilizan a las víctimas.
SL: ¿Qué caminos de acción se vislumbran?
GG: El activismo feminista universitario está generando un proceso de polítización que logrará que se creen instancias o unidades para la promoción de políticas de igualdad y no discriminación como política institucional y también se coseguirá que todas las universidades cuenten con protocolos de prevención, atención y sanción a la violencia, incluso ya la Ley General de Educación Superior lo plantea. A inicios de 2021 de un total de 203 Universidades e Instituciones de Educación Superior afiliadas a ANUIES, sólo 45 con protocolos de actuación para la atención a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la creación de las instancias o unidades de igualdad en la estructura órganica institucional se está dando dependiendo de las rectorias lo cual restringue y obstaculiza su actuación y desempeño en la atención y acompañamiento a las víctimas; y en los protocolos el tema de la sanción de la violencia se complejiza porque la procuración de justicia recae en órganos colegiados universitarios que tienen funciones académicas y no atribuciones de tribunales de justicia, o bien en los jurídicos universitarios que son instancias de las rectorias, es decir representantes de las autoridades y su función no es de protección de los derechos humanos.
SL: ¿Desde tu punto de vista qué es lo que está fallando?
- Creer que la autonomía de las universidades implica que no les corresponde cumplir y respetar la convencionalidad y constitucionalidad de los derechos humanos; incluso, armonizar la legislación universitaria conforme a artículo primero Constitucional que establece el marco de derechos humanos.
En las universiades tenemos derechos universitarios y se han creado defensorías de derechos universitarios que actuan en el marco de la legislación universitaria y no del marco constitucional de derechos humanos. La Constitución en su artículo primero, primero y tercer párrafo respectivamente establece:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (…).
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Nuestras universitarias han hecho oidos sordos a este precepto Constitucional, impidiendo que en ordenamiento jurídico universitario (legislación universitaria) se reconozca el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la Convención Interamericana para Prevenir, Investigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará). Incluso se podría considerar que estamos en la universidad en una situación de agravio comparado pues no se aplica para las mujeres universitarias el mismo ordenamiento jurídico, pues se están creando procedimientos diferentes de acceso a la justicia en cada universidad.
- Avanzar en la paridad, en derechos políticos y participación en los órganos colegiados, comisiones dictaminadoras, estructuras de gobierno y dirección.
- Crear y consolidar políticas institucionales permanentes y de igualdad y de prevención a la violencia contra las mujeres que incidan en la cultura institucional.
- Articular de redes feministas compuestas por académicas, estudiantes y administrativas que le den seguimiento, organicen observatorios y tribunales feministas para actuar ante la vulneración a los derechos de las mujeres.
GG es socióloga y doctora en Educación; realizó estudios de Perfeccionamiento en Sociología e Investigación Social, en la Universidad de Roma, Italia; cuenta con una Maestría en Sociología y otra en Medicina Social. Ha realizado cursos y estudios sobre investigación social, problemas de trabajo y armonización legislativa, en diferentes países, como en Italia, Costa Rica y España.
Tiene una amplia experiencia en la investigación y asesoría en diversas instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Destaca su participación, como consultora del Programa de Naciones Unidas, asesora de la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, Directora General de Planeación Estratégica del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Gobierno del Distrito Federal, y un largo etcétera.