Juego de Palabras
Yaneth Angélica Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro. 14 de noviembre 2020.- Uno de los principales problemas que el Estado tiene con las mujeres, es el incumplimiento con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- el derecho que estas tienen al acceso de justicia y a una vida libre de violencia.
La impunidad que prevalece contra los actos de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por razón de género, es una situación que cada vez se ve reflejada en casos de feminicidios.
Situación por la cual, muchas mujeres han decidido alzar la voz y salir a las calles a denunciar la inactividad del Estado, pero también para exigir que este reconozca su responsabilidad, actué y cumpla con su deber de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres.
Sin embargo, la exigencia a este deber estatal impone un riesgo aún más elevado para las mujeres que visibilizan las atrocidades de las que son víctimas, pero también para aquellas que ejercen la defensa y promoción a sus derechos humanos.
Tal y como ha sucedido en las marchas feministas de la CDMX, en donde han sido compelidas por la propia autoridad quien, en vez de protegerlas y escucharlas, las han agredido, las han estigmatizado y descalificado, en busca de silenciar e inhibir las acciones que ellas hacen en la búsqueda de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos.
El caso más reciente es el de Cancún-Quintana Roo, en donde el incremento de violencia y el abuso de poder ejercido por las instituciones del Estado para reprimir la voz de la sociedad, propició que un grupo de policías municipales dispersaran a balazos a dos mil manifestantes que exigían justicia para una joven de 20 años víctima de feminicidio.
Ante esto, es claro que la intervención del Estado muestra una carencia de responsabilidad para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía, en especial los de las mujeres. Ya que las amenazas, el hostigamiento, los ataques contra la vida e integridad de las mujeres constituyen crímenes gravísimos.
Pero además sus acciones tienen un alto impacto para la sociedad, debido a que inequívocamente se busca castigar y silenciar a quienes visibilizan los abusos de poder y la impunidad. Se manda el mensaje simbólico de que la violencia es tolerada por el Estado.
Las autoridades deben entender que las mujeres no quieren ser reducidas a víctimas, que antes bien ellas se organizan, crean redes de apoyo, buscan visibilizar sus problemas y alertan a la ciudadanía.
Mientras sigan los intentos por coartar la libertad de expresión y el activismo ciudadano se seguirán nutriendo las carencias de justicia y libertad, creando un círculo vicioso de vulnerabilidad, aislamiento y desprotección.
Por ello, el Estado no debe ejercer actos de violencia para silenciar la voz de su ciudadanía, antes bien debe asegurar investigaciones prontas, sistemáticas e imparciales de las denuncias, amenazas y violaciones que se ejercen contra las mujeres y demás personas.
Para concluir, es preciso que el Estado se replantee el desafío de atacar el problema de fondo, es decir, la impunidad y la falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones consagradas en tratados internacionales.
#Impunidad #EstadoPresor
