*Los derechos humanos de las mujeres no son una graciosa concesión del Estado, por lo tanto éste tiene que garantizar que su personal tenga los requerimientos necesarios para proporcionar una tutela efectiva de estos derechos
Columna Semanal de Cladem
Sandra Quiñones*
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 10 de julio, 2021.- Mucho se escucha hablar a los entes de gobierno respecto a las capacitaciones que reciben sus funcionarios respecto a la protección de los derechos humanos con perspectiva de género y con el interés superior de la niñez, sin embargo, seguimos padeciendo en Jalisco funcionarios que sólo tienen acreditadas en papel estás capacitaciones ya que, en su práctica diaria, siguen siendo agresores de mujeres.
El acceso a la justicia para las mujeres es un tema que sigue estando en la agenda de los pendientes por parte del estado, no solo por el costo que implica poder acceder a la justicia (si, la justicia es clasista) sino por la forma y la calidad de justicia que se imparte cuando la víctima es una mujer.
Ya no podemos tolerar policías no acudan a un servicio que solicite una mujer, ni un sistema judicial sigue manteniendo y teniendo jueces sin conocimiento de los mecanismos de máxima protección de derechos, sobre todo cuando el derecho que se está buscando tutelar es el derecho a la vida.
El acceso a la justicia es una deuda que el estado aún tiene con las mujeres, la cual aún no encuentran como cubrir. Se han gastado millones de pesos en capacitar a funcionarios y jueces, sin embargo, seguimos observando horrores y omisiones al momento de proteger y tutelar a las víctimas; esto nos hace preguntarnos: ¿Son capacitaciones eficaces y eficientes las que imparten? ¿Existen mecanismos de control después de los procesos de capacitación? ¿O será momento de replantear la estrategia respecto al o los modelos de actualización a los funcionarios?
El derecho a una vida libre de violencia que las mujeres debemos de disfrutar exige en un estado con alerta de género y ante el incremento de la violencia feminicida, las agresiones sexuales y la violencia familiar, el replanteamiento de las acciones que se están llevando a cabo para por un lado protegernos y por el otro, garantizarnos el acceso pleno a la justicia y, por ende, a la reparación del daño.
En un estado machista, mocho, conservador, no basta “capacitar” a los operadores de protección de derechos de mujeres, es necesario todo un cambio de mentalidad desde las concepciones de como se ve y percibe a la mujer en lo privado y en social; ya no es posible que existan funcionarios que antepongan sus prejuicios o valores religiosos sobre la ley y sobre las mujeres. Mientras esto no sucede, seguiremos teniendo jueces que dejan en libertad a feminicidas, ministerios públicos que nos revictimizan, funcionarios que ejercitan violencia institucional a niñas y mujeres.
Los derechos humanos de las mujeres no son una graciosa concesión del Estado, por lo tanto éste tiene que garantizar que su personal tenga los requerimientos técnicos, conocimientos y las herramientas necesarias para proporcionarnos una tutela efectiva de derechos, mientras no lo haga, el acceso a la justicia seguirá siendo una deuda pendiente.
*Abogada Feminista en Puerto Vallarta
sandralourdes.quinones@gmail.com
Colaboradora de Cladem Jalisco
