El feminicidio de Gemma García empezó cuando ignoraron sus denuncias

• Realizan familia y amistades homenaje a la primera presidenta de San Mateo Piñas
• Piden al gobernador Jara Cruz que su gobierno no sea refugio de agresores

Lorena Vaniezco

SemMéxico, Oaxaca, 16 de junio, 2026.- El feminicidio político cometido en contra de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gemma García Soto es resultado del continuum de la violencia política por razón de género. Un crimen que no comenzó el día que le quitaron la vida, sino mucho antes: en cada denuncia ignorada, en cada queja pasada de largo, en cada institución que miró hacia otro lado.

Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la dirección colegiada de la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, exigió al gobernador de Oaxaca una política de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género y que su propio gabinete no sea refugio de agresores.

Durante el homenaje “Con las manos limpias y la frente en alto” que organizaron familiares y amistades de la presidenta asesinada el 15 de junio de 2025, Mosqueda Rivera sostuvo que la violencia política contra las mujeres por razón de género no es un tema individual: es un mensaje estructural que dice: este espacio no es para ti. Nosotras respondemos: este espacio es nuestro y lo vamos a defender.

Destacó el trabajo desarrollado por la que fuera la primera presidenta de San Mateo Piñas, municipio por el que luchó, gobernó, defendió y por eso la mataron, sin embargo, señaló que la presencia de las mujeres en los espacios de decisión transforma las comunidades. “Cuando las mujeres gobiernan, se amplían las agendas de salud, cuidados, agua, educación y justicia. Cuando las mujeres legislan, se construyen mejores leyes. Cuando las mujeres están en las asambleas comunitarias, la democracia es más democracia”.

Mosqueda Rivera también se refirió a los cambios que han hecho posible la participación política de las mujeres, como el hecho de que por primera vez tenemos una presidenta de la República y la paridad alcanzada en las cámaras de diputados y el Senado, pero recordó que en México se han registrado más de 525 casos de violencia política por razón de género ante el INE y solo el 24.9 por ciento de las presidencias municipales del país están encabezadas por mujeres. 

En Oaxaca, entre 22 y 25 mujeres encabezan presidencias bajo el Sistema Normativo Interno, de 417 municipios que eligen por este sistema, aunado a que esta entidad encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 188 casos vigentes de violencia política por razón de género y aun en la Sierra Sur y en la Cañada las mujeres enfrentan restricciones para votar y ser votadas. 

Se refirió a los datos de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca que revelan que durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, se registraron 78 casos de violencia política por razón de género. En los 42 meses del gobierno de Salomón Jara Cruz se registran 39. 

Destacó la gravedad de la violencia política y citó el secuestró de una munícipe en el Congreso del Estado; el feminicidio de Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam; Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepe, y de Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León. 

En su intervención exigió a nombre de Consorcio Oaxaca a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizar el ejercicio público y político de las mujeres sin violencia; la implementación del Protocolo Nacional de Violencia Política; financiamiento para los mecanismos de protección a defensoras y autoridades en riesgo, y sancionar con todo el rigor de la ley los feminicidios políticos.

Al gobernador Salomón Jara Cruz le exigió que su gabinete no sea refugio de agresores y citó el ejemplo de Donato Vargas Jiménez, coordinación general de Atención Regional y Coordinador de Paz para la región Mixe, acusado por delitos contra mujeres al ser el creador de un chat pornográfico en el que participaron al menos 65 funcionarios federales, estatales y operadores políticos. 

Funcionario denunciado por Sandra Domínguez Martínez, quien fue desaparecida el 4 de octubre de 2024 y posteriormente localizada sin vida. El caso Donato Vargas no es una excepción, “es la radiografía de un patrón: el Estado que declara cero tolerancia con una mano y con la otra protege a quienes violentan a las mujeres”, señaló Mosqueda Rivera.

Por su parte, la periodista y activista Soledad Jarquín Edgar señaló que la impunidad atraviesa los hechos de violencia contra las mujeres cuando “la política” o “los políticos” los tocan, por lo que llamó a los hijos de Lilia Gemma a no dejar de exigir justicia para su mamá.

Lamentó que la normatividad nacional que protege la vida de las mujeres sea incumplida por quienes han ocupado los gobiernos estatales y federales, de ahí que en este siglo nueve presidentas municipales hayan sido asesinados y la mayoría o ninguna tuvo justicia, cifra que se incrementa cuando hablamos de otras integrantes de los cabildos y de quienes aspiran a ocupar un cargo político en los gobiernos locales.

“Se cumple un año del asesinato de la primera presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gemma García, universitaria, socióloga, la mejor estudiante de su generación egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México donde trabajó por 30 años; maestra y capacitadora en la Universidad Obrera de México, una mujer de servicio, comprometida y lo más importante en estos días y quizá lo más escaso, una mujer honesta. Una mujer con las manos limpias y la frente en alto. Lamentablemente hoy también se cumple un año de impunidad”, dijo la periodista de SemMéxico.

Agregó que tiene años tratando de entender a quién beneficia la impunidad porque lo que sí provoca son graves daños a las familias de las víctimas y al tejido social, porque esta se construye muchas veces desde las instituciones de justicia y desde el poder político.

Jarquín Edgar apuntó que dos de las nueve presidentas municipales asesinas en México en este siglo, eran oaxaqueñas, el primer caso ocurrió en 2019 cuando Carmela Parral Santos, quien gobernaba San José Estancia Grande, en la costa fue asesinada, es la misma comunidad donde en 2004 fue asesinada la aspirante a la presidencia municipal Guadalupe Ávila por el alcalde priista; después el 15 de junio de 2025 fue asesinada Lilia Gemma, hasta hoy, ninguna de las tres ha obtenido justicia.

Citó otros casos donde “la política” o “los políticos” han sido un obstáculo para alcanzar la justicia: en 2011, Lelie W. fue asesinada por las y los hijos de una senadora priista en la capital oaxaqueña, “hasta hoy su madre sigue tocando puertas en los juzgados”.

El doble feminicidio contra María del Sol C.J. y Pamela T.P., fotógrafa y candidata a síndica en Juchitán de Zaragoza, respectivamente, en 2018 siguen en la impunidad; Ivanna M. cuyo caso no fue juzgado como feminicidio sino como un accidente de tránsito -homicidio imprudencial-, pese a que la familia demostró que las evidencias alteradas y ocultadas, entre otras anomalías.

El feminicidio en grado de tentativo en contra de María Elena R. en 2019, mediante violencia ácida y la permanente amenaza de que su agresor saldrá libre; el asesinato de la candidata a presidenta municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, donde dos autores materiales han sido sentenciados, pero nada se sabe de quienes determinaron su feminicidio político.

Así como la desaparición forzada y feminicidio de Sandra Domínguez en octubre del 2024, mismo que como en el caso de Lilia Gemma García Soto, están en total impunidad.

También llamó al gobernador Salomón Jara Cruz para que cumpla la ley y se esclarezca el feminicidio de la primera presidenta municipal de San Mateo Piñas y no se sume a esta lista de impunidad que con claridad podemos decir es un mecanismo de protección a delincuentes, una falla del Estado.

Durante el acto de memoria y homenaje también se develó un retrato y se presentó Lilia Gemma la primera presidenta, música de violín y canción.