El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato brindó asesoría y fueron canalizadas tras habérseles negado participar en campaña, usar recursos públicos, o ser amenazadas para renunciar a sus candidaturas

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Redacción

Lourdes Vázquez

Periódico Correo/SemMéxico. Guanajuato. 30 de julio de 2018.- Durante el proceso electoral pasado, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato registró 18 casos de violencia política a los cuales se les brindó asesoría y fueron canalizados a las instancias correspondientes.

Así lo informó la consejera electoral, Indira Rodríguez Ramírez, integrante del observatorio, quien señaló que uno de los casos de violencia política fue contra una candidata a integrar un ayuntamiento que estaba embarazada y su partido le negó salir a campaña pero la amenazaron con que tenía que ayudar al candidato a presidente municipal para que lograra el triunfo, pero como no podía por estar embarazada le tenía que dejar su lugar a alguien más.

A decir de Indira Rodríguez, también se registraron hechos como negarles a las candidatas el uso de recursos públicos para realizar sus campañas o fueron amenazadas para renunciar a los primeros puestos en las regidurías y cambiar hasta las últimas posiciones, por mencionar algunos, e incluso amenazas a su integridad y la de su familia.

La funcionaria electoral aclaró que a fin de garantizar su seguridad, no se pueden dar a conocer mayores detalles de las mujeres que fueron violentadas ni los partidos políticos a los que pertenecen.

“La mayoría de los casos que asesoramos era el tema de los recursos para las campañas que algunas de las mujeres no tenían la posibilidad de decidir cómo es que querían llevar su campaña, les daban por ejemplo vales de gasolina y les decía por ejemplo ‘con 400 pesos puedes llevar a cabo tu campaña”, otras para que renunciara y cedieran su lugar en un intercambio de la lista de regidurías.

Explicó además que entre las atribuciones que tiene el observatorio no está el juzgar o investigar los hechos, sino que se orienta a las mujeres que se sienten violentadas en sus derechos políticos, se les da una atención integral y en determinado momento se remite al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses que sí tiene los recursos para dar el acompañamiento y en su caso que se presente la renuncia correspondiente.

“Y en su caso, remitir a la Procuraduría de Justicia aquellas que nosotros considerábamos que con base a los elementos para constituir violencia política pudieran denunciar ante la procuraduría, son 18 pero en concreto no sabemos quienes sí decidieron continuar con su demanda”.

Por lo que solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado que se proporcione un informe de aquellas casos en los que si se inició una investigación, no obstante “hasta el momento no lo han proporcionado pero es un compromiso y esperamos que en  la siguiente sesión ya nos puedan brindar esta información”.

Indira Rodríguez consideró que el delito de violencia política contra las mujeres no está suficientemente informado y por ello las denuncias son pocas, aunado a que las mujeres tienen miedo o sienten presión.

Y mencionó que el Observatorio continuará  trabajando a través de diversas actividades que tienen que ver principalmente con las posibles reformas que se den no solo en materia penal, sino en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde consideró que debe incluirse el tema de violencia política más allá de la paridad.

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