En los hechos 4.8 por ciento menos al INMUJERES/Secretaría de las Mujeres
Redes de mujeres y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria documentan que se profundizan las desigualdades
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 16 de noviembre, 2024.- El proyecto de presupuesto 2025, en una primera mirada, reduce el gasto para la política de género; deja en un mínimo el gasto en “cuidados”, así como gastos para la primera infancia y aumenta 2.5 por ciento la asistencia social.
Estas son la primeras impresiones del Cetro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP que no encontró presupuesto para la Secretaría de las Mujeres, pero si del INMUJERES donde se reducen los recursos en 4.8 por ciento.
Por su parte la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) urge a una política fiscal redistributiva, puesto que el Proyecto de Presupuesto de Egresos es contrario al avance de la igualdad sustantiva de género, contradictorio al discurso de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y mantiene la orientación de hace 6 años, vaciando los recursos para la violencia y la transversalidad.
Este proyecto de gasto muestra, dicen, nuevamente que la política feminista no es prioridad para Estado mexicano.
Tanto el CIEP como la RPFF destacan que en 2025, como sucedió 6 años atrás prioriza los programas sociales de la misma forma que los proyectos prioritarios que en esta administración la construcción de trenes, los que concentran 189 mil millones de pesos.
Pese a lo sostenido desde la presidencia sobre los derechos de las mujeres, y los cuidados, dice la Red, y documenta el CIEP los cuidados apenas se destina a estos el 0.5 por ciento del presupuesto que equivale al 0.1 del Producto Interno Bruto; aumentos para las estancias del ISSS y las guarderías del IMSS, un poco a las guarderías de bienestar.
Si la Secretaría de las Mujeres absorberá la prevención y atención de la violencia, sólo se asigna (a INMUJERES) 966. 6 millones de pesos, 4.8 menos que en 2024. Nuevamente, dice Magdalena García de MIRA, el anexo 13, por ley donde se concentra el presupuesto para la transversalidad de género es “un desastre” y nuevamente no hay una mirada de género en todo el presupuesto.
En tanto se pone en el centro el gasto del FAM AS: desayunos escolares, apoyos alimentarios y otorgamiento de asistencia social. Con recursos que atienden a la población sujeta de asistencia social vulnerable por carencias sociales, preferentemente en de zonas rurales, urbanas, indígenas, marginadas y localidades de alto y muy alto grado de marginación o rezago social que son beneficiarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario, mejoran sus determinantes sociales de la salud
Para la Red los programas sociales y proyectos prioritarios han concentrado un porcentaje significativo del presupuesto y, aunque son necesarios para atender las necesidades inmediatas de la población, no abordan las raíces de las desigualdades estructurales en el país, incluidas las de género.
El presupuesto profundiza las desigualdades
Según el CIEP el presupuesto profundiza las desigualdades en el acceso a la salud, la infraestructura y la primera infancia. El ajuste del gasto, el régimen fiscal y las instituciones del país dejan a la deriva a las y los más pobres, a las y los trabajadores, a las madres trabajadoras.
Alidadas y Colectivos advierten no importan las mujeres
Las feministas entre otras Aliadas por la Igualdad y la No Violencia; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana y Red Nacional de Refugios, A.C. afirman que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mencionado su intención de construir el segundo piso de la transformación y garantizar el bienestar de todas las personas, especialmente quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación pero ello requiere una política fiscal que coloque a las personas, el acceso a sus derechos y su bienestar al centro de las decisiones.
Agregan que un política fiscal, redistributiva, a la vez que se convierta en un mecanismo para cerrar las múltiples brechas de desigualdad existentes a través de una verdadera política de redistribución de recursos.
Esta Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) sostiene que, para llevar a cabo la transformación deseada, necesitamos una política fiscal feminista. Esto implica que: 1) se reconozcan las desigualdades estructurales a las que las mujeres y niñas hemos enfrentado históricamente, 2) se tome en consideración durante todas las etapas del ciclo presupuestario la participación del movimiento amplio de mujeres, para que sus necesidades y demandas sean incorporadas, 3) los impuestos que se recauden provengan en su mayoría de impuestos directos al ingreso y la propiedad, 4) el dinero público sea destinado a programas e infraestructura social que contribuyan a redistribuir la carga del trabajo doméstico y de cuidados, así como ampliar el acceso a derechos para todas las personas.
En contraste con lo anterior, y pese a lo que se ha sostenido desde la presidencia sobre los derechos de las mujeres, la manera en la que se ha conformado el Proyecto de Presupuesto de Egresos es contrario al avance de la igualdad sustantiva de género, mostrando que no ha sido una prioridad para el Estado mexicano.
Además, desde la RPFF afirma que la austeridad fiscal y el avance hacia la igualdad sustantiva de género son incompatibles. El sexenio anterior presenció el debilitamiento de las políticas para la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género, en parte debido al desfinanciamiento hacia los programas e instituciones que debían garantizar su implementación efectiva.
Desde su perspectiva es fundamental reconstruir aquellas políticas que cumplen con el objetivo de promover la igualdad sustantiva de género, para lo cual es imprescindible que se cuente con dinero público suficiente y que este sea presupuestado de manera adecuada.
En ese orden de ideas, el presupuesto público debería ser una herramienta fundamental de transformación social, orientada hacia la justicia social e igualdad sustantiva, a través de la reducción de las brechas de desigualdad económica, así como de las desigualdades de género.
Para ello, es esencial que se incorporen los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el enfoque interseccional e intercultural en la elaboración de los marcos que rigen la política fiscal.
Es por eso desde la RPFF buscamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tome en consideración los siguientes puntos para la implementación de la política fiscal feminista durante su sexenio:
• Reconocimiento explícito del rol transformador de la política fiscal a través de su dimensión redistributiva, tomando en consideración los efectos diferenciados que produce entre distintos grupos sociales.
• Construir colectivamente una metodología de integración para el Anexo 13 que sea clara y transparente, así como indicadores que permitan hacer un seguimiento y evaluación de los programas etiquetados bajo este instrumento.
• Asignación de recursos públicos suficientes, más allá del Anexo 13, para una verdadera transversalidad de la perspectiva de género en toda la política fiscal.
• Financiamiento suficiente y progresivo para la implementación y funcionamiento de políticas integrales de cuidados que reconozcan, redistribuyan y remuneren las labores de cuidados, sin condicionamiento por el estatus laboral.
• Creación de mecanismos que recojan datos desagregados, desde una perspectiva interseccional e intercultural, para una mejor comprensión de las desigualdades y diversas violencias, entre ellas las de género; esto incluye una mejora de los datos sobre las políticas fiscales, incluyendo las tributarias y presupuestarias.
• Fomento de un diálogo activo y colaborativo entre el gobierno, el poder legislativo, las instituciones encargadas de operar la política de igualdad de género, sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres.
La política fiscal no puede seguir siendo un instrumento que perpetúe las desigualdades y violencias. México es un país que recauda poco y gasta mal, lo que profundiza las múltiples desigualdades que afectan la vida de millones de personas, especialmente aquellas que históricamente han sido vulneradas, como las mujeres y niñas en todas sus diversidades.
Por lo tanto, es necesario que la política fiscal del Estado mexicano se convierta en una verdadera herramienta de transformación social, al incorporar la perspectiva de género, el enfoque interseccional e intercultural y una ética feminista, que sea capaz de reducir las brechas de desigualdad y garantizar que todas las personas reciban los recursos y oportunidades que les corresponden para su bienestar integral. Como red estamos abiertas a generar canales de comunicación y colaboración con el objetivo de conformar una política fiscal feminista.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Aliadas por la Igualdad y la No Violencia; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.; Colectiva Ciudad y Género; Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en México; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Intersecta Organización para la Igualdad, A.C.; MIRA-Pensadoras Urbanas; Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C.; Política Colectiva, A.C.; RAÍCES Análisis de Género para el Desarrollo; Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana; Red Nacional de Refugios, A.C.; FIRMANTES INDIVIDUALES; Aura E. Martínez Oriol y Mónica E. Orozco Corona
