Por Andrea de LucasMadrid |
El Grupo Socialista del Congreso se reunió con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), para tener en cuenta sus reivindicaciones y peticiones
SemMéxico. Madrid, 20 may. 21. AmecoPress.- El pasado 12 de mayo, el PSOE registró una Proposición de Ley Orgánica del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Las penas propuestas estarían en penas de cárcel de entre tres meses y un año, o con trabajos en beneficio a la comunidad de 31 a 80 días.
Esta iniciativa ha sido acordada tras las reuniones que han tenido los socialistas con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), quienes exigen esta protección de derechos de la mujer. Además, la asociación eleva en más de 100 los casos de acoso que sufren las más de 800 mujeres que acuden a estas clínicas.
Desde ACAI han aclarado que estos abusos tienen efectos graves en las mujeres, porque cualquier persona que se va a someter a una intervención sanitaria, incluida una interrupción voluntaria del embarazo, “necesita realizarla en unas condiciones óptimas, tanto físicas como psíquicas”, y en el caso de las mujeres que son “hostigadas, acosadas e interpeladas dentro de su espacio personal”, muchas veces no entran a la clínica en las condiciones adecuadas.
“Nos hemos encontrado con mujeres que han entrado con sus constantes vitales alteradas, muy nerviosas, y aunque en general se consigue tranquilizarlas, no siempre es así”, nos explican. Además, en ocasiones han tenido “que posponer la intervención porque no se encontraban en un estado emocional físico adecuado para una intervención médica”.
“Todos los pasos que se ven encaminados a proteger a las mujeres, siempre serán un avance”
En cuanto a esta modificación del Código Penal, la Asociación cree “que es un primer paso” para paliar estos abusos. Además, añaden que esperan que “durante el trámite parlamentario se pueda mejorar la redacción del texto, y precisar más aún para que las mujeres no sufran este tipo de acoso en las inmediaciones de los centros”.
Asimismo, ACAI opina que lo óptimo “sería una ley integral como la de Francia, que regula el acoso en diversos planos, no solo el presencial en los centros, sino también en las redes sociales, el acoso judicial permanente, etc”, explican.
Pero, sin duda, apoyan esta modificación porque, dicen que “todos los pasos que se ven encaminados a proteger a las mujeres, siempre serán un avance”.
Todos estos abusos «tienen intereses disuasorios»
Por su parte, el director de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Guillermo González Antón, nos ha explicado que ellos también ven que el abuso a estas mujeres “tiene intereses disuasorios”. Tomar una decisión así no es fácil para las mujeres, y estos abusos le añaden a esa dificultad “toda esa influencia que tiene llevarlas a una ambulancia, hacerles ecografías para que escuchen el latido, incluso intentar que desayunen” para que no puedan someterse a la intervención.
Pero, en cuanto a esta modificación en concreto, González Antón opina que “ayudaría”, pero que “cuando penalizamos determinadas cuestiones con el Código Penal, lo que se hace es victimizar a la gente” ya que muchas veces van a acudir a su derecho de “libertad de expresión y de manifestación”.
“Como opinión, se debería buscar una forma de proteger a estas mujeres, crear unos cordones de protección como han hecho otros países como Francia o Alemania, para que no puedan ser increpadas a la entrada de las clínicas” afirma, pero añade que “puede que el Código Penal no sea una herramienta eficaz, porque todo lo que se penaliza da armas a las personas que están en contra de esta interrupción voluntaria del embarazo, para estigmatizarse y hacerse las víctimas” ellas mismas.
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