Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México. 10 de noviembre 2023.- Ante la desigualdad de oportunidades que afecta más a las mujeres sólo por ser mujeres, la protección social del Estado juega un papel determinante por lo que es urgente contar con un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que generaría beneficios al crear oportunidades y reducir los índices de violencia familiar y de género.
Si existiera el Sistema Nacional de Cuidados, en los hogares de mayor pobreza más de un 60 por ciento de las mujeres que se dedican al cuidado de familiares podrían tener mejores oportunidades.
También si se considera que el alcance de las políticas de cuidados tiene un amplio potencial considerando que el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al interior de los hogares que puede ser redistribuido, asciende en promedio a 23 por ciento del PIB.
El Centro de Estudios Económico Espinoza Iglesias propone la implementación del Sistema Nacional de Cuidados que parta de la aprobación de la reforma constitucional para garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio, detonar las adecuaciones a otras legislaciones y normatividades y un plan estratégico de implementación.
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En la encuesta realizada por el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias (CEEY) “Sistema Nacional de Cuidados: una vía para la igualdad de oportunidades y la movilidad social” enfatiza que la organización del cuidado es un asunto de género porque afecta desproporcionadamente el bienestar y posibilidades de movilidad social de las mujeres, pero el cuidado también es un tema de carácter público porque conectan los derechos de quienes los dan, y quienes los reciben, la sociedad y el entorno de manera interdependiente.
El análisis de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (esru-emovi) del Centro arroja evidencia que muestra la importancia de contar con un sistema de protección social renovado que incluya políticas, programas y acciones articuladas en un Sistema Nacional de Cuidados con programas y políticas públicas, así como contribuir a la rendición de cuentas.
Las políticas de cuidados pueden facilitar las posibilidades de elección de las mujeres y sus oportunidades, al reducir sus cargas de trabajo no remunerado y, con ello, liberar su tiempo disponible.
Si se considera que 77 de cada 100 personas excluidas del mercado laboral son mujeres. De ellas, más de la mitad (68 por ciento) está excluida por factores como el embarazo, las responsabilidades de cuidado en la familia, el matrimonio o la prohibición de trabajar por parte de un familiar, o no tiene quien cuide a sus hijos o familiares enfermos. En base al Informe de Movilidad Social en México 2019.
Lo anterior puede incrementar sus posibilidades de participar en la educación y formación, la política, el empleo, los ingresos, acceder a la seguridad social, acumular bienes y patrimonio y, al llegar a la edad de retiro, contar con acceso a pensiones.
Al favorecer la autonomía y empoderamiento de las mujeres, las políticas de cuidados pueden tener efectos sobre sus posibilidades de negociación y toma de decisiones al interior de sus hogares y en la esfera social y política.
Para impulsar la movilidad social se requiere de igualdad de oportunidades. El total de la desigualdad observada, prácticamente la mitad se debe a factores fuera del control de las personas como ser mujer, tono de piel, localidad urbana o rural, condición étnica, nivel socioeconómico de los padres, protección social.
El peso de la protección social en la desigualdad de oportunidades
El peso de la protección social en la desigualdad de oportunidades alcanza el 11 por ciento a nivel nacional mientras que en la parte más baja de la escalera social, este porcentaje alcanza el 38 por ciento.
El sur y el norte-occidente son las regiones en las que pesa más, un 16 por ciento en comparación con un 4 por ciento en la región norte.
En el caso particular de las mujeres, quienes experimentan una barrera añadida por la desigualdad de género, las diferencias resultan más marcadas. Esta condición se profundiza con quienes provienen de hogares en los que sus padres no contaban con acceso a la protección social.
Para saber:
Las mujeres bajan de la escalera social (posición 25 de 100) que tuvieron padres sin acceso a esquemas de protección social a lo largo de la vida, escalaron menos posiciones (llegaron a la posición 26) que aquellas con padres que sí tuvieron acceso (llegaron a la posición 38).
Mujeres logran mayor movilidad social cuando cuentan con servicios de cuidado infantil al observar que entre las mujeres cuyo origen se encuentra en la parte más baja de la escalera social, solo 32 por ciento supera su condición socioeconómica cuando su localidad no cuenta con servicios de cuidado. En cambio, en los lugares en donde sí los hay, un 63 por ciento de las mujeres en la misma condición lo logra.
En cuanto a participación laboral las mujeres con origen en la parte más bajan de la escalera social (posición 25 de 100) que no participan, o no han participado en el mercado laboral, en promedio, alcanzan una posición más baja que las que sí han participado (posición 32 frente a 37).
Además, cabe resaltar la diferencia observada en la región sur del país, donde las mujeres que no han participado en el mercado laboral experimentan un retroceso con relación a su posición de origen. Las que sí lo han hecho, logran un avance significativamente mayor al nacional (posición 24 frente a 43).
La ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados incrementa la desigualdad de oportunidades con mayor costo para las mujeres, limita la movilidad social en cuanto al limitar el mínimo uso del tiempo y la inserción plena en el sector educativo y laboral sin seguridad social y posibilidad de acumular bienes y patrimonio. Al momento del retiro no cuenta con pensión ni mecanismos de protección.
Propone el CEEY un plan de acción que comienza con el marco legal, se tiene que aprobar la reforma constitucional para garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio, detonar las adecuaciones a otras legislaciones y normatividades y un plan estratégico de implementación.
Las otras acciones consisten en ampliar las ofertas de servicios de cuidados como centros de atención infantil, escuelas de horarios ampliados, atención a personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores, con base en necesidades de infraestructura y de formación de recursos humanos.
Facilitar los servicios domiciliarios para el cuidado directo e indirecto para las personas remuneradas del cuidado que incluye a las trabajadoras remuneradas del hogar, para mejorar las condiciones de aseguramiento y remuneración de las y los trabajadores del cuidado.
Propiciar la corresponsabilidad del cuidado entre mujeres y hombres, las familias, la sociedad, el mercado de servicios que forman parte de la Economía del Cuidado y el mercado laboral y, en especial, las instituciones del Estado. Estas últimas deben generar las condiciones y los sistemas de información para la planeación y monitoreo de acciones hacia la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.
Gasto social y gasto fiscal Incentivar la ampliación de la oferta de cuidados y el acceso de todas las personas sin importar su posición socioeconómica.
Consulta, socialización y divulgación Involucrar a todas y todos los actores del diamante del cuidado, compartir información clave y recopilar retroalimentación para construir y mejorar un SNC basado en necesidades de cuidados.
Los beneficios serian efectos en la movilidad social pues crearía oportunidades de desarrollo y bienestar infantil. Bienestar para otras personas que requieren cuidados.
Reducen la exposición a la violencia familiar y de género, y pueden frenar sus consecuencias sobre las niñas. Facilitar las oportunidades de elección para las mujeres cuidadoras –en los espacios educativo, laboral, social y político–, al reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado. Promover la autonomía, el empoderamiento y las posibilidades de las mujeres de vivir libres de violencia.
Propiciaría mejores oportunidades para las personas –en su mayoría mujeres– que laboran de forma remunerada dentro de la Economía del Cuidado.
Propone el CEEY un plan de acción que comienza con el marco legal, se tiene que aprobar la reforma constitucional para garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio, detonar las adecuaciones a otras legislaciones y normatividades y un plan estratégico de implementación.
Las otras acciones consisten en ampliar las ofertas de servicios de cuidados como centros de atención infantil, escuelas de horarios ampliados, atención a personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores, con base en necesidades de infraestructura y de formación de recursos humanos.
Facilitar los servicios domiciliarios para el cuidado directo e indirecto para las personas remuneradas del cuidado que incluye a las trabajadoras remuneradas del hogar, para mejorar las condiciones de aseguramiento y remuneración de las y los trabajadores del cuidado.
Propiciar la corresponsabilidad del cuidado entre mujeres y hombres, las familias, la sociedad, el mercado de servicios que forman parte de la Economía del Cuidado y el mercado laboral y, en especial, las instituciones del Estado. Estas últimas deben generar las condiciones y los sistemas de información para la planeación y monitoreo de acciones hacia la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.
Gasto social y gasto fiscal Incentivar la ampliación de la oferta de cuidados y el acceso de todas las personas sin importar su posición socioeconómica
