- A 25 años de la legislación, nada ha pasado, las víctimas esperan justicia
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 22 de septiembre 2021.- La trata de personas que involucra a mujeres, niñas y niños es un tema prioritario para la victimología que involucra a toda la sociedad no solo a las autoridades que requiere generar acciones integrales no solo penales ante la necesidad de justicia y prevención expreso la doctora en Derecho María Teresa Ambrosio Morales.
La maestra en criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y miembro de la Federación de Mujeres Universitarias (FEMU) precisa que lo principal es la víctima y aun cuando se han expedido leyes sobre la atención a la víctima y reparación del daño las políticas públicas que hagan eficaz esa atención resultan insuficientes, sobre todo en lo relativo a las mujeres.
En la conferencia “Explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños: un tema prioritario de la victimología» organizado por el Museo de la Mujer, la doctora Ambrosio se refirió a la campaña Corazón Azul de Naciones Unidas que concientiza que este crimen le puede pasar a cualquier tipo de persona y edades, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, inmigrantes, indígenas, etcétera.
Destaco el hecho que en nuestro país con más de 126 millones de habitantes más de la mitad son mujeres, es decir 64 millones 540 mil 634, y de acuerdo a los datos del INEGI del 2000 al 2020 la media de edad ha pasado de 22 a 29 años lo que no ha detenido a la delincuencia organizada, ya que es una fuente de explotación que genera cuantiosas ganancias.
La Constitución Política desde 1993 da protección a las víctimas con reformas el 21 de septiembre del 2000, el 18 de junio del 2008 que se instauró al sistema acusatorio.
La reforma de Derechos Humanos del 2011 fortaleció en forma importante a las víctimas, y el 14 de julio del 2011 abordo el resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Artículo 20 señala que, en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.
La Ley General de Victimas también se refiere a los diversos tipos de víctimas; directas como familiares; indirectas o potenciales que son las que prestan ayuda, comunitarias o de organizaciones y que todas ellas requieren protección.
También se refirió a las diversas situaciones de vulnerabilidad que son las que aprovecha la delincuencia organizada como la pobreza.
El Estado debe generar las condiciones necesarias para hacer eficaces los derechos de las victimas para lo que se requiere presupuesto y personal capacitado con vocación de servicio, compromiso, empatía y sensibilidad, para mejorar sus condiciones de vida y el ejercicio de sus derechos.
Actualmente, las víctimas y su lucha por la justicia cobran fuerza y vigencia como titulares de derechos humanos y, por ende, obligan al Estado a generar, a través de la legislación, políticas públicas con un marco normativo específico para contar con la infraestructura y el personal profesional necesarios para su atención articulando con ello la atención a sus necesidades, más allá de los códigos penales o un Código Nacional de Procedimientos Penales, con leyes, reglamentos y protocolos de atención.
La doctora Ambrosio insistió en que la educación puede ser un elemento eficaz para la prevención de la trata de personas que hay que recordar que los espacios vacíos donde no hay comunicación los van a ocupar la delincuencia.
También consideró necesario avanzar en la denuncia, pero hay que proteger a las personas que denuncian que no tengan esa vulnerabilidad y aquí lo prioritario es erradicar la corrupción.
Finalmente señalo que en la criminología del siglo XXI destaca la prevención de la violencia y la delincuencia en un marco de derechos humanos con perspectiva de género, así como establecer agendas transversales con instrumentos internacionales como son la Agenda 2030 de Derechos Humanos.
